La clave privada en la insolvencia: el único hecho que importa
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Ejemplo
Una plataforma de intercambio singapurense con una filial suiza quiebra en 2026. La filial suiza prestaba servicios de custodia a clientes europeos con un modelo ómnibus; las claves de los monederos fríos estaban repartidas en fragmentos MPC, dos de ellos en manos de dos administradores suizos y un tercero en manos del equipo de seguridad de la matriz singapurense. El judicial manager de la matriz singapurense sostiene que todos los criptoactivos del grupo pertenecen a la masa singapurense. La administración concursal suiza sostiene que los clientes de la filial suiza tienen derecho a la entrega de sus activos conforme al art. 242a de la Ley federal sobre ejecución y quiebra (SchKG/LP). Quién tiene razón depende, en primer lugar, de si los registros suizos permiten una atribución fácil y, en segundo lugar, de si la filial suiza «mantenía» los activos, lo que a su vez depende de si los dos fragmentos de los administradores suizos podían firmar sin el fragmento singapurense. Si podían, la entidad suiza mantenía los activos y se aplica el art. 242a. Si se necesitaba el fragmento singapurense, los activos pueden considerarse mantenidos conjuntamente, y los dos administradores concursales deberán acordar un protocolo de entrega o litigar la cuestión ante ambos tribunales con arreglo a las normas de insolvencia transfronteriza descritas en la Parte H, capítulo VII, y en la Parte N, capítulo IV.
El ejemplo muestra por qué este libro vuelve una y otra vez a la configuración de las claves. Cualquier cuestión sustantiva sobre custodia, licencias e insolvencia puede reducirse a preguntar qué combinación de personas puede firmar, qué combinación puede modificar la configuración y qué dice el contrato escrito sobre ambas cosas. Un abogado capaz de responder a esas tres preguntas respecto de cualquier esquema de custodia puede asesorar sobre él en cualquiera de los dos centros.
Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.