Los dieciocho meses que crearon el Derecho
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Entre julio de 2022 y finales de 2023, la General Division del High Court, casi siempre a través del juez Aedit Abdullah, tramitó cinco insolvencias de empresas de activos digitales. Afectaron a una plataforma de préstamo de criptoactivos (Vauld, a través de su entidad singapurense Defi Payments Pte Ltd), a un grupo de exchanges de criptoactivos (Zipmex), a una plataforma de rendimientos (Hodlnaut), a un hedge fund (Three Arrows Capital) y a un grupo de préstamo y gestión de criptoactivos (Babel Finance). Los casos tuvieron una causa común: el colapso del ecosistema Terra en mayo de 2022 y las quiebras en cadena que le siguieron. En conjunto, pusieron a prueba todos los instrumentos de la Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018 (IRDA, ley de insolvencia, reestructuración y disolución): la moratoria del scheme conforme a la s 64, la judicial management, la liquidación, el reconocimiento de procedimientos extranjeros conforme a la Ley Modelo de la CNUDMI y el propio scheme of arrangement (convenio con los acreedores). Este capítulo analiza los casos en su conjunto y se pregunta qué significan para el cliente de una plataforma singapurense, para los administradores de la plataforma y para el acreedor suizo o la sociedad suiza del grupo atrapados en los procedimientos.
La comparación con Suiza recorre todo el capítulo. Suiza resolvió por ley en 2021 la cuestión de los activos de los clientes. El art. 242a de la Ley federal suiza sobre ejecución de deudas y quiebras (SchKG/LP) concede al cliente un derecho de separación de los criptoactivos que el custodio en quiebra mantenía por cuenta suya, siempre que estuvieran asignados individualmente o se mantuvieran de forma colectiva y fueran fácilmente atribuibles (véase la Parte D, capítulo IV, y la Parte H, capítulo VII). Singapur no tiene una disposición semejante. La posición del cliente depende de las condiciones de servicio, del Derecho general de trusts y, desde 2023, de los deberes de segregación que la MAS (Monetary Authority of Singapore, la autoridad monetaria y supervisora financiera) impone a los proveedores autorizados de servicios de digital payment tokens (DPT, «tokens de pago digital») (véase la Parte K, capítulo II). Por ello, los casos singapurenses giraron en torno a la interpretación contractual de un modo que no se da en los casos suizos.
Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.