Las cinco decisiones
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Cinco decisiones se repiten en casi todos los mandatos, sea cual sea la etiqueta del cliente. La primera es dónde constituir la sociedad. El derecho de sociedades suizo ofrece la AG, la GmbH, la fundación y la asociación, cada una con un papel consolidado en la estructuración de protocolos. Singapur ofrece la Private Limited Company (Pte. Ltd.), sociedad de responsabilidad limitada singapurense, la company limited by guarantee, la Variable Capital Company (VCC) y la limited liability partnership. La parte P, capítulos II y III, analiza estos vehículos en detalle. Aquí basta con decir que la elección depende menos del derecho de sociedades que de la licencia que necesitará el negocio, de la situación fiscal de sus fundadores y de la disposición de los bancos a abrir una cuenta.
La segunda decisión es dónde obtener la licencia. Suiza regula por actividad mediante una cascada de leyes federales, con FINMA y los organismos de autorregulación compartiendo el perímetro. Singapur concede licencias para esas mismas actividades con arreglo a la Payment Services Act 2019 (PSA), la Securities and Futures Act 2001 (SFA) y, desde el 30 de junio de 2025, el régimen de proveedores de servicios de tokens digitales de la parte 9 de la Financial Services and Markets Act 2022.1 Un negocio que atiende a clientes en ambos lugares puede necesitar dos licencias. Un negocio que, desde una sociedad singapurense, no atiende a clientes en ninguno de los dos lugares puede necesitar aun así una licencia de Singapur, mientras que un negocio que simplemente tiene una AG suiza en el grupo puede convertirse en intermediario financiero suizo por la puerta trasera de la normativa contra el blanqueo de capitales. Las partes E, F, K y L tratan estas cuestiones.
La tercera decisión es dónde custodiar los activos. En una insolvencia, la clave privada es el único hecho que cuenta, como explica la parte B, capítulo II. Los dos órdenes jurídicos protegen de forma distinta al cliente de un custodio en quiebra. Suiza dispone de una regla legal de segregación para los criptoactivos en los arts. 242a y 242b de la Ley federal sobre ejecución y quiebra (SchKG/LP), introducidos por la Ley TRD (DLT) en 2021.2 Singapur se apoya en el derecho de trusts y en los requisitos de segregación que la Monetary Authority of Singapore (MAS, la autoridad monetaria y supervisora financiera) impone a sus licenciatarios. Desde ByBit Fintech Ltd v Ho Kai Xin [2023] SGHC 199, la High Court trata además el saldo en una stablecoin como un thing in action (derecho de crédito incorporal) susceptible de mantenerse en trust.3 Cuál de los dos protege mejor a un cliente concreto depende del modelo de custodia, como muestran las partes D, J y O.
La cuarta decisión es dónde vivir. Un fundador cuyos tokens se han revalorizado se enfrenta en algún lugar a un hecho imponible, y los dos centros dan respuestas muy diferentes. Suiza exime del impuesto sobre la renta las plusvalías privadas, pero grava los tokens con un impuesto anual sobre el patrimonio, y el cantón de Zug ofrece a los extranjeros que reúnen los requisitos la tributación según el gasto. Singapur no tiene impuesto sobre las plusvalías, tributa con criterio territorial con una regla de remesa y ha endurecido desde 2023 sus incentivos para family offices. La parte G, la parte M y la parte P, capítulo I ofrecen los cálculos. La decisión rara vez es puramente fiscal. La escolarización, los permisos, la carrera del cónyuge y la propia tolerancia del fundador a los inviernos alpinos o a la humedad ecuatorial pesan tanto como el tipo impositivo.
La quinta decisión es dónde litigar o, con más frecuencia, dónde recuperar. Cuando se roban tokens o una contraparte se hunde, la víctima necesita un tribunal que congele, ordene la exhibición de información y rastree con rapidez. Los tribunales de Singapur han dictado medidas cautelares de carácter real (proprietary injunctions) y órdenes de exhibición contra plataformas de intercambio en una serie de casos desde CLM v CLN [2022] SGHC 46, y han admitido la notificación mediante un token no fungible.4 Suiza ofrece el embargo civil conforme a los arts. 271 y ss. SchKG/LP, el secuestro penal conforme al Código Procesal Penal y un fiscal en Zug que ya ha visto algún caso cripto. Las partes H y N explican ambos conjuntos de herramientas y cómo se engranan en un fraude transfronterizo.
Pregunta del cliente
"Somos un equipo de protocolo de nueve personas en cuatro países. Nuestros inversores quieren una fundación suiza, nuestro socio de intercambio quiere una sociedad en Singapur y nuestro asesor fiscal dice que decidamos dónde vivirán los fundadores antes de hacer nada más. ¿Quién tiene razón?"
Los tres tienen razón, y por eso importa el orden de las decisiones. Conviene fijar primero la residencia fiscal de los fundadores, porque un hecho imponible relacionado con tokens que se produce mientras un fundador reside en un Estado de alta tributación tributa allí, haga lo que haga la fundación. Después se puede diseñar la cadena de entidades en torno a la licencia que realmente se necesitará, que depende de lo que el negocio haga con los activos de los clientes, y solo entonces elegir el vehículo de tesorería. Una fundación de Zug titular de la tesorería del protocolo, una GmbH de Zug que emplea a los desarrolladores y una Private Limited Company de Singapur que gestiona las relaciones con plataformas de intercambio asiáticas es un esquema habitual, aunque no el único. La parte P, capítulo IV expone los modelos operativos.
Notas
- Payment Services Act 2019 (No. 2 of 2019), Singapore Statutes Online; Securities and Futures Act 2001 (2020 Rev. Ed.); Financial Services and Markets Act 2022 (No. 18 of 2022), Part 9, aplicable a los proveedores de servicios de tokens digitales desde el 30 de junio de 2025. ↩
- Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy of 11 April 1889 (SR 281.1), arts. 242a y 242b, introducidos por la Federal Act of 25 September 2020 on the Adaptation of Federal Law to Developments in Distributed Ledger Technology (AS 2021 33), en vigor desde el 1 de agosto de 2021. ↩
- ByBit Fintech Ltd v Ho Kai Xin and others, General Division of the High Court, Philip Jeyaretnam J, sentencia de 25 de julio de 2023, párrs. 4 y 36; cita neutral en el texto. ↩
- CLM v CLN and others, General Division of the High Court, 2022, SGHC 46; Janesh s/o Rajkumar v Unknown Person ("CHEFPIERRE"), General Division of the High Court, 2022, SGHC 264. ↩
Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.