Common law, equity y la recepción del Derecho inglés

Leer la edición en PDF (3 páginas)

Para el jurista continental, lo más difícil de asimilar es la idea de que una gran parte del Derecho aplicable nunca ha sido promulgada. La Application of English Law Act 1993 zanja la cuestión en dos frases. La sección 3(1) dispone que el common law de Inglaterra, incluidos los principios y normas de la equity, en la medida en que formaba parte del Derecho de Singapur inmediatamente antes del 12 de noviembre de 1993, sigue formando parte del Derecho de Singapur. La sección 3(2) añade que el common law sigue en vigor en la medida en que sea aplicable a las circunstancias de Singapur y de sus habitantes, y con las modificaciones que esas circunstancias requieran.¹ La sección 4 y el First Schedule enumeran a continuación las leyes inglesas que siguen aplicándose con modificaciones. Entre ellas figuran la Misrepresentation Act 1967 y la Unfair Contract Terms Act 1977, ambas relevantes cuando un tribunal de Singapur interpreta las condiciones de servicio de una plataforma de intercambio de criptoactivos.²

De ello se derivan tres consecuencias para los activos digitales. Primera: la cuestión de si un criptoactivo es un bien nunca iba a resolverla una ley. La resolvieron los jueces aplicando el concepto de common law de «thing in action» y el concepto de equity del trust. La línea jurisprudencial va desde Quoine Pte Ltd v B2C2 Ltd [2020] SGCA(I) 02, pasando por CLM v CLN [2022] SGHC 46 y Janesh s/o Rajkumar v Unknown Person [2022] SGHC 264, hasta ByBit Fintech Ltd v Ho Kai Xin [2023] SGHC 199, que la Parte J analiza en profundidad.³ Segunda: los remedios que hacen atractivo a Singapur para la recuperación de activos, es decir, la proprietary injunction, la worldwide freezing order (orden de bloqueo de alcance mundial), las órdenes de exhibición Bankers Trust y Norwich Pharmacal y el constructive trust, son todos ellos creaciones de la equity y del common law. Existen porque se recibió el Derecho inglés. Se desarrollan porque los jueces de Singapur siguen leyendo las resoluciones inglesas, australianas y de Hong Kong como autoridad persuasiva. Tercera: el concepto suizo de Sache (cosa) del art. 641 y ss. del Código Civil suizo (ZGB/CC) no tiene equivalente. No existe un numerus clausus de derechos reales en el sentido del Derecho continental, de modo que los tribunales se han sentido libres para extender la protección propia de los derechos de propiedad a una clase de activos que el legislador nunca mencionó.

La recepción no es estática. La expresión «en la medida en que sea aplicable a las circunstancias de Singapur» se ha utilizado para apartarse de la autoridad inglesa cuando el Court of Appeal consideraba inadecuada la regla inglesa. En Derecho contractual, Singapur ha mantenido una doctrina del error unilateral en equity que los tribunales ingleses abandonaron. Esa diferencia decidió el caso Quoine, y toda plataforma de negociación algorítmica que opere en Singapur debe incorporarla a su modelo de riesgos.⁴ Por ello, un abogado suizo debe tratar los manuales ingleses como un mapa del Derecho de Singapur y nunca como el territorio mismo.

Notas

1. Application of English Law Act 1993 (2020 Rev Ed), sección 3(1) y (2), texto publicado en Singapore Statutes Online. ↩
2. Application of English Law Act 1993, sección 4(1)(a) y First Schedule (leyes inglesas aplicables en Singapur en la medida indicada en la cuarta columna). ↩
3. Quoine Pte Ltd v B2C2 Ltd, Court of Appeal, 24 de febrero de 2020, cita neutral 2020 SGCA(I) 02; CLM v CLN, General Division, 4 de marzo de 2022, 2022 SGHC 46; Janesh s/o Rajkumar v Unknown Person («CHEFPIERRE»), 21 de octubre de 2022, 2022 SGHC 264; ByBit Fintech Ltd v Ho Kai Xin, 25 de julio de 2023, 2023 SGHC 199. ↩
4. Quoine Pte Ltd v B2C2 Ltd, 2020 SGCA(I) 02, apdos. 78–131, sobre el error unilateral en common law y en equity, con aplicación de Chwee Kin Keong v Digilandmall.com Pte Ltd, 2005 1 SLR(R) 502. ↩

Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.