La seguridad jurídica como factor de competitividad

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Qué entienden los inversores por seguridad jurídica

La seguridad jurídica es una idea más amplia que la ausencia de corrupción. Un inversor quiere saber de antemano qué normas se aplicarán a una operación, cómo se interpretarán y con qué rapidez las hará cumplir un tribunal. Quiere saber también que las normas no se modificarán con efecto retroactivo, que las nuevas se anunciarán con antelación suficiente y que la administración las aplicará de forma coherente. Una jurisdicción puede ser honrada y, aun así, incierta, si sus leyes son oscuras, sus tribunales lentos o sus reguladores imprevisibles.

La seguridad jurídica de Singapur descansa en cuatro elementos. Su legislación es accesible y se consolida con regularidad. Su Derecho privado es common law de base inglesa, redactado y debatido en inglés y familiar para los abogados de los grandes centros financieros. Sus tribunales resuelven los litigios mercantiles con rapidez y a un coste moderado. Sus reguladores consultan antes de legislar y explican cómo ejercerán su discrecionalidad. Cada uno de estos elementos se encuentra en otros lugares. Su combinación en una sola jurisdicción de Asia es menos habitual.

Una legislación accesible

Todas las leyes del Parlamento en vigor se publican gratuitamente en Singapore Statutes Online, con su historia legislativa y sus versiones anteriores. En 2021 se completó una revisión general de la legislación. Las ediciones revisadas incorporan todas las modificaciones hasta el 1 de diciembre de 2021 y entraron en vigor el 31 de diciembre de 2021.¹ La consecuencia práctica es que un abogado extranjero puede leer en inglés, sin suscripción, el texto vigente de cualquier ley singapurense, junto con una cronología de sus versiones. Pocas jurisdicciones de Derecho civil ofrecen al lector extranjero la misma facilidad de acceso. La compilación federal suiza, el equivalente europeo más próximo, solo es auténtica en alemán, francés e italiano. Sus versiones inglesas de determinadas leyes carecen de fuerza jurídica.

El common law en inglés

Los Singapore Law Reports los publica la Singapore Academy of Law desde 1992, con una licencia exclusiva del Supreme Court.² Junto con los fundamentos escritos de las resoluciones que publican los tribunales, ofrecen a los profesionales un cuerpo de jurisprudencia motivada en inglés. Los jueces de Singapur citan precedentes ingleses, australianos, canadienses y de otros países de la Commonwealth, y sus propias resoluciones se citan cada vez más en el extranjero. Para un banco de Londres o Nueva York, la distancia doctrinal entre un contrato sometido al Derecho de Singapur y uno sometido al Derecho inglés es pequeña. El capítulo J.III describe con más detalle el papel del common law y de la lengua inglesa en el mercado de servicios jurídicos.

Las reformas de 1993 y 1994 descritas más arriba no provocaron una divergencia marcada respecto del Derecho inglés en materia mercantil. La Court of Appeal ha desarrollado un enfoque propio de Singapur en algunos ámbitos, por ejemplo en la interpretación de los contratos y en las cláusulas penales, sin renunciar a la previsibilidad comercial que esperan las partes. La combinación de autonomía y continuidad es en sí misma una fuente de seguridad. Las partes saben que los tribunales de Singapur aplicarán principios conocidos y que no importarán automáticamente cada giro de la doctrina inglesa.

Rapidez y coste de la ejecución

La medición más citada del cumplimiento de los contratos era el informe Doing Business del Banco Mundial, que evaluaba la regulación empresarial en 190 economías. En su última edición, Doing Business 2020, Singapur ocupó el segundo puesto en la clasificación general y el primero del mundo en cumplimiento de contratos. El informe estimaba que un litigio mercantil duraba 164 días desde la presentación de la demanda hasta el pago y costaba el 25,8 % del valor de la reclamación. Otorgaba a Singapur 15,5 de 18 puntos en su índice de calidad de los procesos judiciales, que mide la estructura de los tribunales, la gestión de los asuntos, la automatización y los medios alternativos de resolución de conflictos. Hong Kong ocupaba el puesto 31 en cumplimiento de contratos.³

El mismo informe recogía las reformas con las que Singapur había mejorado su posición. Entre ellas figuraban un nuevo sistema de litigación electrónica, una ley consolidada sobre la mediación voluntaria y un scheme of arrangement (convenio con los acreedores) para la reestructuración empresarial, con rasgos del modelo de deudor en posesión (debtor-in-possession) y disposiciones para reestructuraciones preacordadas (prepackaged).⁴ Las reformas en materia de reestructuración fueron deliberadas. Se concibieron para atraer a Singapur la reestructuración de empresas asiáticas cuyas deudas se reorganizaban antes en Nueva York o Londres. Las disposiciones correspondientes figuran hoy en la Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018.⁵

Una regulación previsible

En un centro financiero, la seguridad jurídica depende también del regulador. La Monetary Authority of Singapore (MAS, la autoridad monetaria y supervisora financiera) publica documentos de consulta antes de dictar la mayoría de las nuevas normas, responde a los comentarios recibidos y publica directrices que explican cómo aplicará sus facultades. El capítulo E.I describe la arquitectura de las leyes y los instrumentos mediante los que actúa la autoridad. Lo que importa aquí es la pauta de comportamiento que crea este proceso. Las entidades reguladas saben que los cambios se anunciarán, se debatirán y se introducirán de forma gradual, y que la autoridad explicará por escrito sus expectativas.

La fuerte posición del regulador tiene una segunda cara. La MAS dispone de una amplia discrecionalidad en la concesión de licencias, la supervisión y la aplicación de la normativa, y el control judicial de sus decisiones es poco frecuente. Los inversores confían, por tanto, más en la reputación de coherencia del regulador que en la posibilidad de impugnar sus decisiones ante los tribunales. La trayectoria de la autoridad ha justificado esa confianza. Difiere, no obstante, del modelo suizo, en el que las decisiones de la Autoridad Federal de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA) pueden recurrirse ante el Tribunal Administrativo Federal y el Tribunal Federal Supremo y en el que una mayor parte de las normas se recoge en leyes detalladas.⁶

Consecuencias prácticas para los inversores y sus asesores

La infraestructura jurídica descrita en este capítulo se traduce en decisiones concretas para quienes estructuran negocios a través de Singapur. La elección de la ley aplicable, la elección del foro y la forma de relacionarse con los funcionarios deben examinarse al inicio de cualquier operación, porque son difíciles de cambiar una vez surgido un litigio.

• Elija expresamente el Derecho de Singapur para los contratos que se ejecuten en el Sudeste Asiático cuando la contraparte lo acepte, y compruebe si el contrato necesita además una cláusula de sumisión a los tribunales de Singapur, al SICC o a un arbitraje con sede en Singapur (capítulos F.II y F.III).
• Verifique en Singapore Statutes Online el texto vigente de cada ley en la que se base, y utilice su cronología de versiones para identificar el texto en vigor en la fecha de la operación de que se trate.
• Trate los regalos, las atenciones y los viajes ofrecidos a funcionarios públicos como posibles delitos conforme a la sección 165 del Penal Code y a la Prevention of Corruption Act, aunque no se busque ningún favor concreto.
• Tenga presente que la Prevention of Corruption Act abarca el soborno en el sector privado y que los ciudadanos singapurenses siguen siendo responsables de los actos de corrupción cometidos en el extranjero.
• Incluya declaraciones anticorrupción, derechos de auditoría y derechos de resolución en los contratos de agencia, distribución e intermediación, en particular cuando los intermediarios traten con entidades estatales de la región.
• En materia regulatoria, siga de cerca las consultas y directrices de la MAS, porque las expectativas publicadas por la autoridad configuran su práctica supervisora más que los litigios formales.
• En las reestructuraciones, examine los schemes of arrangement y las moratorias disponibles en Singapur antes de elegir un foro extranjero.

Notas

1. Prevention of Corruption Act 1960, 2020 Revised Edition, Singapore Statutes Online (sso.agc.gov.sg, consultado en noviembre de 2026): «This revised edition incorporates all amendments up to and including 1 December 2021 and comes into operation on 31 December 2021»; la página muestra las versiones de la ley a partir de la 1985 Revised Edition. ↩
2. Wikipedia, “Law of Singapore” (consultado en noviembre de 2026): los Singapore Law Reports fueron «first published by the Singapore Academy of Law in 1992», «under an exclusive licence from the Supreme Court of Singapore». ↩
3. World Bank, Doing Business 2020: Economy Profile of Singapore (archive.doingbusiness.org, abierto en noviembre de 2026), pp. 3–4 y 51–53: 190 economías evaluadas; puesto 2 en facilidad para hacer negocios (puntuación 86,2); puesto 1 en cumplimiento de contratos (puntuación 84,5); plazo de 164 días; coste del 25,8 % del valor de la reclamación; índice de calidad de los procesos judiciales 15,5 (0–18). World Bank, Doing Business 2020: Economy Profile of Singapore, p. 52, gráfico “Enforcing Contracts in Singapore and comparator economies”: «84.5: Singapore (Rank: 1)», «84.1: Korea, Rep. (Rank: 2)», «69.1: Hong Kong SAR, China (Rank: 31)», «68.2: Malaysia (Rank: 35)». ↩
4. World Bank, Doing Business 2020: Economy Profile of Singapore, reformas empresariales: Singapur facilitó el cumplimiento de contratos «by introducing a consolidated law on voluntary mediation» (DB2018) y «by introducing a new electronic litigation system» (DB2014); facilitó la resolución de la insolvencia «by establishing a new scheme of arrangement procedure with features of the debtor-in-possession reorganization regime and introducing provisions applicable to prepackaged restructurings». ↩
5. Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018 (Act 40 of 2018), en vigor desde el 30 de julio de 2020. ↩
6. Sobre los recursos contra las resoluciones de la FINMA ante el Tribunal Administrativo Federal y el Tribunal Federal Supremo, véase Ressos, Genève, place financière internationale, partie E, chapitre IV (le cadre réglementaire de la gestion de fortune); Federal Act on the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMASA) de 22 de junio de 2007. ↩

Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.