Comparación con Ginebra, Hong Kong y Jersey

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Ginebra: trusts sin Derecho de trusts

Tanto Ginebra como Singapur administran trusts para familias internacionales, aunque su situación jurídica difiere de manera fundamental. Suiza aplica el Convenio de La Haya sobre trusts desde el 1 de julio de 2007 y reconoce con arreglo a él los trusts extranjeros, pero no tiene un trust propio. Los trustees profesionales en Suiza necesitan una autorización de la Autoridad Federal de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA) conforme a la Ley de instituciones financieras (FINIG/LEFin). Según una cifra citada en el volumen sobre Ginebra, en 2022 solo se había autorizado a once, y ese mismo volumen describe el tratamiento fiscal suizo de los trusts como basado en una circular administrativa de 2007.¹

Singapur ofrece, por tanto, lo que le falta a Ginebra: un Derecho de trusts propio, un único regulador para trustees y bancos y un trust que puede regirse, administrarse y litigarse en la misma jurisdicción. Ginebra ofrece lo que le falta a Singapur: la condición de parte en el Convenio de La Haya, la proximidad a una clientela europea y una larga tradición de fundaciones y sociedades holding. Para las familias suizas con intereses en Asia, ambos centros son complementarios. Un trust regido por el Derecho de Singapur con un trustee singapurense se reconoce en Suiza conforme al Convenio, aunque Singapur no sea parte en él.

La sociedad holding muestra un reparto similar de fortalezas. Ginebra grava a las sociedades a un tipo efectivo de alrededor del 14 por ciento, inferior al tipo nominal del 17 por ciento de Singapur. Suiza, sin embargo, aplica una retención en origen del 35 por ciento sobre los dividendos, que los accionistas extranjeros solo pueden recuperar en virtud de un convenio.² Singapur no aplica ninguna. Para una sociedad holding que distribuye sus beneficios a accionistas extranjeros, la ausencia de retención en origen pesa a menudo más que la diferencia entre los tipos nominales.

Hong Kong: el competidor más cercano

Hong Kong reformó su Derecho de trusts más recientemente que Singapur y fue más lejos en cuanto a la duración. Los trusts de Hong Kong pueden existir indefinidamente, mientras que Singapur mantiene su límite de 100 años. Ambas jurisdicciones limitan las facultades reservadas a la inversión y la gestión de activos, y ninguna permite los non-charitable purpose trusts. Hong Kong ha dado efecto al Convenio de La Haya mediante su Recognition of Trusts Ordinance, pero carece de un marco específico para las PTC.³ La supervisión singapurense de las PTC a través de sociedades fiduciarias con licencia es la solución más estructurada, algo que los bancos internacionales suelen apreciar cuando incorporan como cliente una estructura familiar.

En materia de fondos, Hong Kong introdujo su propio vehículo de fondos con forma societaria, la open-ended fund company, y más tarde un régimen de fondos en forma de limited partnership. Las comparaciones con la Variable Capital Company (VCC) son difíciles, porque ambos regímenes cuentan los fondos y subfondos de forma distinta y atienden a bases de inversores en parte diferentes.⁴

Jersey: la referencia offshore

Jersey sigue siendo la referencia en legislación sobre trusts. Sus trusts pueden existir indefinidamente, su Derecho permite los non-charitable purpose trusts con un enforcer y una amplia lista de facultades reservadas, y su cortafuegos se extiende al no reconocimiento de sentencias extranjeras. Jersey también ha consagrado en la ley el principio Hastings-Bass sobre los errores de los trustees.⁵ Singapur no puede igualar esta flexibilidad sin reformar su ley. Compite, en cambio, con lo que Jersey no puede ofrecer: proximidad a los clientes asiáticos, un mercado bancario profundo y un regulador que supervisa toda la cadena de valor. Por ello, las estructuras examinadas en este capítulo combinan a menudo ambos, con un purpose trust de Jersey en la cúspide y trustees, gestores y sociedades de Singapur por debajo.

Notas

1. Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, tabla de estado del Convenio sobre trusts, citada más arriba: entrada en vigor para Suiza el 1 de julio de 2007. Ressos, Genève, place financière internationale, parte E, capítulo IV, apartado “Les trustees et les structures patrimoniales”, y capítulo V, apartado “Trusts et fondations : la fiscalité d’instruments étrangers”: trustees sujetos a autorización conforme a la Ley de instituciones financieras; once autorizados por la FINMA en 2022 según LExpert Invest; circular n.º 30 de la Conferencia Fiscal Suiza, de 22 de agosto de 2007, sobre la tributación de los trusts. ↩
2. Ressos, Genève, place financière internationale, parte E, capítulo V, apartados “La fiscalité des entreprises depuis 2020” y “L’impôt anticipé et les conventions de double imposition”: tipo efectivo del 13,99 por ciento en la ciudad de Ginebra desde 2020, que asciende a alrededor del 14,7 por ciento tras la supresión del impuesto municipal sobre actividades empresariales; retención en origen del 35 por ciento sobre los dividendos; más de 100 convenios suizos para evitar la doble imposición. ↩
3. Bedell Cristin, “Jurisdictional Comparison” (agosto de 2020), citado más arriba, introducción y puntos (4), (6)–(8), (15) y (17). ↩
4. Régimen de la open-ended fund company de Hong Kong (en funcionamiento desde 2018) y régimen de fondos en forma de limited partnership (desde 2020). ↩
5. Bedell Cristin, “Jurisdictional Comparison” (agosto de 2020), citado más arriba, introducción y puntos (6)–(8), (10), (11) y (15): artículo 47 de la Trusts (Jersey) Law sobre Hastings-Bass. ↩
6. MAS, “Written Reply to Parliamentary Question on Single Family Offices”, sesión de 5 de agosto de 2026, mas.gov.sg, consultado en noviembre de 2026: «more than 2,000 Single Family Offices (SFOs) receive tax incentives» a finales de diciembre de 2025; récord de activos totales bajo gestión de 6,7 billones de S$. ↩

Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.