Qué significa «thing in action» para la custodia, los trusts y la insolvencia
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La clasificación es una conclusión jurídica
El profesional no debería leer ByBit como una nota técnica a pie de página, porque la clasificación tiene consecuencias. Una thing in action es el objeto por excelencia de un express trust (trust expreso). Ya no cabe duda, por tanto, de que un custodio singapurense puede declarar un trust sobre los tokens de un cliente ni de que un tribunal puede imponer un constructive trust cuando se roban tokens. Una thing in action no puede ser objeto del ilícito de conversion, que protege la posesión de cosas tangibles. La víctima cuyas monedas son objeto de apropiación indebida demanda, por tanto, en equity por incumplimiento de trust (breach of trust) o recepción consciente (knowing receipt), y en common law por enriquecimiento injusto y, en su caso, por dolo (deceit). Janesh dejó abierta la cuestión de la conversion y ninguna decisión posterior ha vuelto sobre ella.1 Una thing in action tampoco tiene localización física, de modo que su situs a efectos de Derecho internacional privado debe fijarse mediante una regla de atribución. La High Court de Singapur la ha proporcionado atendiendo a la residencia de la persona que controla la clave privada (capítulo VIII).
El control como hecho determinante
En las cuatro decisiones, los tribunales han tratado el control de la clave privada como el hecho que identifica al titular. Lee Seiu Kin J describió al titular de un NFT como quien controle la cartera vinculada. Chua Lee Ming J, en el litigio de Three Arrows, situó el activo allí donde reside quien tiene la clave.2 Esto tiene doble filo: el control es prueba de la titularidad, lo que ayuda al demandante que tiene la clave, pero el control es también lo que adquiere el ladrón. Que el Derecho reconozca que el ladrón «tiene» ahora el activo es precisamente la razón por la que la víctima necesita un remedio real para desplazar la posición del ladrón. El Derecho singapurense, como el inglés, nunca ha sugerido que el ladrón adquiera la titularidad. El constructive trust de ByBit nació en el momento del fraude y mantuvo en todo momento a la plataforma como «titular legal y beneficiaria».3 Esto refuerza la lección de la Parte B, capítulo II. Para un abogado, la clave privada es el único hecho que importa. Todo acuerdo de custodia debe analizarse preguntando quién la tiene.
Nota práctica
Un cliente que mantiene criptoactivos a través de una plataforma singapurense puede obtener hoy de los tribunales toda la gama de remedios reales, pero solo si los hechos respaldan una pretensión real. Tres pasos protegen esa posición antes de que surja cualquier controversia. - Leer las condiciones de la plataforma para ver si declaran un trust, reconocen que el cliente sigue siendo el titular beneficiario o establecen que la plataforma es propietaria de las monedas y solo tiene la obligación contractual de devolver un valor equivalente. - Llevar un registro fechado de los depósitos y de las direcciones de las carteras de la plataforma, porque el rastreo empieza con las pruebas del propio demandante. - Cuando las sumas sean elevadas, preferir un custodio con licencia sujeto a los requisitos de separación y trust de la MAS (Monetary Authority of Singapore, la autoridad monetaria y supervisora financiera) descritos en la Parte K, capítulo II. Esas normas convierten la cuestión de Derecho privado en una obligación regulatoria que el custodio debe documentar y que un auditor debe verificar.
Notas
- Janesh [2022] SGHC 264, en [77]–[78] (pretensiones por conversion y contractuales como fundamento de una proprietary injunction, sin decidir). La posición inglesa de que la conversion no procede respecto de bienes intangibles es OBG Ltd v Allan [2007] UKHL 21. ↩
- Janesh [2022] SGHC 264, en [70]. Cheong Jun Yoong v Three Arrows Capital Ltd and others [2024] SGHC 21, en [59]–[63] (Chua Lee Ming J, 26 de enero de 2024). ↩
- ByBit [2023] SGHC 199, en [44]. ↩
Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.