El instrumental de la IRDA

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Moratoria del scheme conforme a la sección 64

Una sociedad que propone o tiene intención de proponer un acuerdo o convenio con sus acreedores puede solicitar, conforme a la s 64 de la Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018 (IRDA, ley de insolvencia, reestructuración y disolución), órdenes que impidan acuerdos de disolución, el nombramiento de administradores concursales (receivers), procedimientos, ejecuciones y la ejecución de garantías. La presentación de la solicitud activa una moratoria automática de treinta días o hasta que el tribunal resuelva. La orden del tribunal puede extenderse a actos sometidos a su jurisdicción dondequiera que se produzcan. La orden dura el tiempo que el tribunal considere oportuno y puede prorrogarse conforme a la s 64(7) mediante solicitud presentada antes de su vencimiento. La sociedad debe comprometerse a solicitar una junta de acreedores o la aprobación de un scheme preacordado (pre-packaged) conforme a la s 71, debe notificarlo a los acreedores y debe presentar la documentación justificativa, incluida una lista de acreedores.¹ La sección 65 extiende la protección a las sociedades vinculadas, la s 66 restringe los actos de disposición durante la moratoria y la s 67 permite una financiación de rescate con superprioridad.

La moratoria de la s 64 es el instrumento al que recurrieron primero las plataformas de criptoactivos. Es rápida, el deudor conserva la gestión (debtor-in-possession) y detiene la estampida de retiradas de la plataforma mientras los administradores buscan un comprador o un inversor. Su punto débil se puso de manifiesto en esos mismos casos: solo existe para facilitar un scheme, y cuando ningún scheme es ya posible, el tribunal no la prorroga.

Judicial management

La judicial management (administración judicial) de la parte 7 de la IRDA somete a la sociedad al control de un judicial manager nombrado por el tribunal. Sus fines son la supervivencia de la sociedad como empresa en funcionamiento, la aprobación de un scheme o una realización de los activos más ventajosa que en una liquidación. El tribunal puede nombrar judicial managers provisionales hasta la vista de la solicitud. Durante la judicial management rige una moratoria sobre procedimientos y ejecuciones. Desde 2020, una sociedad puede también entrar en judicial management sin intervención judicial, por acuerdo social con el consentimiento de los acreedores.² La judicial management desplaza a los administradores. Por eso los fundadores de plataformas la evitan y los acreedores que desconfían de ellos la prefieren. Hodlnaut es el ejemplo.

Liquidación y Ley Modelo

La liquidación forzosa por incapacidad de la sociedad para pagar sus deudas se tramita conforme a la s 125(1)(e) IRDA. El liquidador asume el control de los activos, resuelve sobre los créditos insinuados y reparte pari passu. Los bienes que la sociedad tiene en trust por cuenta de otros no forman parte de la masa, y es aquí donde la cuestión de los activos de los clientes se vuelve decisiva. La Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza está incorporada en el tercer anexo (Third Schedule) de la IRDA y cobra efecto a través de la s 252. Permite a un representante extranjero obtener el reconocimiento de un procedimiento extranjero principal o no principal y las medidas correspondientes, incluidas la suspensión de procedimientos y la entrega de los activos situados en Singapur al representante extranjero.³ Three Arrows es el ejemplo.

Notas

1. Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018, s 64(1)–(2), (5), (7)–(9) y (13)–(14), Singapore Statutes Online (consultado en junio de 2026). ↩
2. Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018, parte 7, ss 89–92 y 94–96, Singapore Statutes Online. ↩
3. Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018, s 125(1)(e), s 252 y Third Schedule (UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency), Singapore Statutes Online. ↩

Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.