La definición de digital payment token
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Todo el pilar cripto de la ley depende de la definición legal de digital payment token (DPT), el «token de pago digital». La sección 2(1) de la Payment Services Act (PSA) lo define como toda representación digital de valor, distinta de una representación digital de valor excluida, que cumpla cinco condiciones. Debe expresarse como una unidad, y no debe estar denominada en ninguna moneda ni vinculada por su emisor a ninguna moneda. Debe ser, o estar destinada a ser, un medio de cambio aceptado por el público o por un sector del público como pago de bienes o servicios o para la extinción de una deuda. Debe poder transferirse, almacenarse o negociarse electrónicamente, y debe reunir las demás características que prescriba la Monetary Authority of Singapore (MAS, la autoridad monetaria y supervisora financiera).1
Cada elemento tiene una consecuencia jurídica. La primera es la exclusión de los tokens denominados en una moneda o vinculados a ella, que es la bisagra entre el régimen DPT y el régimen del dinero electrónico. Una stablecoin en dólares de Singapur cuyo emisor promete una paridad uno a uno es dinero electrónico conforme a la ley si además representa un derecho frente al emisor y se pagó por adelantado, mientras que un token sin paridad, como bitcoin o ether, es un DPT. El elemento del «medio de cambio» es donde se discuten la mayoría de los tokens dudosos. Un token que solo puede utilizarse dentro de una aplicación cerrada puede ser un «limited purpose digital payment token» excluido conforme a la Part 2 de la First Schedule. Esa exclusión abarca los tokens utilizados en un programa de fidelización, dentro de un juego o para un fin no financiero, siempre que el token no pueda devolverse al emisor a cambio de dinero.2 La expresión «sector del público» significa que basta la aceptación por un grupo reducido pero abierto. Un token de gobernanza que cotiza en un mercado secundario y que algunos comercios aceptan ha cruzado la línea aunque el emisor nunca lo concibiera como dinero.
El lector que procede de Suiza observará que la taxonomía de la FINMA de tokens de pago, tokens de utilidad y tokens de inversión no tiene un equivalente directo en Singapur (véanse la Parte B, capítulo III, y la Parte E, capítulo I). La Payment Services Act utiliza un único criterio funcional, de modo que un token que no lo cumple queda sencillamente fuera de esta ley. El resultado práctico es un perímetro de pagos más amplio que en Suiza, donde el emisor de un token de utilidad a menudo queda totalmente fuera del régimen de licencias. Al mismo tiempo, el perímetro del dinero electrónico es más estrecho, ya que el Derecho suizo trata las stablecoins vinculadas a una moneda como depósitos o inversiones colectivas (véase la Parte E, capítulo VII).
Ejemplo
Una sociedad singapurense emite un token que otorga a sus titulares un descuento en las comisiones de su propio protocolo de exchange descentralizado, y el token cotiza en tres exchanges extranjeros. La sociedad afirma que el token es un token de utilidad, pero conforme a la Payment Services Act la etiqueta es irrelevante. El token se expresa como una unidad, no está vinculado a ninguna moneda y puede transferirse electrónicamente. Si es un medio de cambio «aceptado por un sector del público» es una cuestión de hecho que responden el mercado secundario y cualquier aceptación por comercios. Si el token se acepta como pago en algún lugar, es un DPT. En ese caso, la propia mesa de recompra de la sociedad o las ventas de tesorería al público pueden constituir un servicio DPT. La sociedad debe documentar su análisis antes del lanzamiento y, si el token es un DPT, decidir si va a operar con él desde Singapur.
Notas
- PSA, sección 2(1), definición de «digital payment token», apartados (a) a (e), según el texto consolidado en Singapore Statutes Online (consultado en junio de 2026). ↩
- PSA, First Schedule, Part 2, exclusión del «limited purpose digital payment token»; Payment Services Regulations 2019, definiciones de las categorías excluidas. ↩
Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.