La dimensión cripto
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El caso no fue un caso cripto, en el sentido de que los activos visibles eran sobre todo inmuebles y saldos bancarios. Aun así, sus lecciones para el sector de los activos digitales son directas.
En primer lugar, los delitos subyacentes estaban muy próximos al mundo cripto. Las redes de juego en línea y de estafa del Sudeste Asiático cobran a las víctimas en criptoactivos, liquidan entre sí en criptoactivos y convierten a moneda fiduciaria a través de mesas extrabursátiles (OTC) y plataformas de intercambio de la región antes de que el dinero llegue a un banco privado. Un licenciatario de DPT de Singapur que presta servicios de pagos, remesas o «gestión de tesorería» a clientes corporativos de la región se encuentra en el punto de la cadena donde se produce esa conversión. El caso le indicó a la MAS (Monetary Authority of Singapore, la autoridad monetaria y supervisora financiera) dónde mirar.
En segundo lugar, las autoridades tuvieron que incautar y realizar criptoactivos a gran escala por primera vez. Los procedimientos desarrollados, entre ellos la transferencia de los tokens incautados a monederos controlados por la policía y su realización a través de plataformas de intercambio autorizadas bajo supervisión judicial, son hoy el modelo que se utiliza en todas las incautaciones de criptoactivos en Singapur. La parte N, capítulo III los describe.
En tercer lugar, la reacción de los bancos golpeó al sector. En los dieciocho meses posteriores a las detenciones, los bancos de Singapur revisaron sus carteras de patrimonios extranjeros, prescindieron de clientes con documentación débil sobre el origen del patrimonio y elevaron el listón para las nuevas cuentas. Los clientes cuyo patrimonio procedía de activos digitales figuraron entre los más afectados, porque el patrimonio cripto es el más difícil de corroborar con documentos convencionales. Varios licenciatarios de DPT señalaron dificultades para mantener o abrir cuentas operativas, y family offices con tenencias de criptoactivos comprobaron que los bancos se negaban a actuar como la entidad regulada por la MAS que exige el marco de los SFO. La MAS respondió públicamente que no esperaba una reducción indiscriminada del riesgo (de-risking) en ningún sector y que los bancos debían evaluar a los clientes de forma individual, pero el comportamiento del mercado tardó más en cambiar que las declaraciones del regulador.1
Pregunta de un cliente
«El patrimonio de nuestra familia procede de una plataforma de intercambio que vendimos en 2021. Queremos un single family office en Singapur con una asignación a criptoactivos. ¿Qué banco nos aceptará y qué nos pedirá?» Son pocos los bancos dispuestos a aceptar a una familia cuyo patrimonio procede de criptoactivos. El proceso lleva meses. El expediente debe tener una calidad que habría superado el caso de 2023. El banco pedirá los documentos de la venta y la prueba de la recepción del precio, junto con el historial de licencias de la plataforma y sus cuentas auditadas de los años anteriores a la venta. Querrá pruebas del cumplimiento fiscal en el país de residencia de la familia durante esos años. Si parte del precio se cobró en tokens, querrá un informe de analítica blockchain sobre los monederos que contenían la tesorería de la empresa. Pedirá una explicación de cada pasaporte que tengan los titulares. Preguntará también a través de qué se mantendrá la asignación a criptoactivos, y esperará un custodio con licencia de la MAS. Una familia que prepara este expediente antes de acudir al banco, con asesores que saben lo que los bancos aceptan, tiene perspectivas razonables. Una que se presenta con un relato de una página sobre su patrimonio, no.
Notas
- MAS, declaraciones sobre el de-risking en respuesta a preguntas parlamentarias y en el Enforcement Report, 2024–2025; MAS Guidelines to Notice 626, apartado sobre el enfoque basado en el riesgo, que desaconseja la salida generalizada de categorías de clientes. ↩
Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.