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Soft law que se convierte en hard law

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Ninguno de los cinco organismos analizados en este capítulo puede vincular a Suiza o a Singapur. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS), la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) emiten recomendaciones, estándares y marcos. Ninguno de estos textos tiene fuerza jurídica hasta que un legislador o un supervisor nacional lo adopta. Sin embargo, en la regulación de los activos digitales, estos textos han configurado ambas jurisdicciones más que cualquier iniciativa política interna. La razón es estructural. Suiza y Singapur son centros financieros pequeños y abiertos, cuyos bancos e intermediarios dependen del acceso al dólar, al euro y a la red de banca corresponsal. Cada organismo dispone de un mecanismo, desde la evaluación mutua hasta la revisión por pares o la presión del mercado, que convierte sus recomendaciones en una condición de ese acceso. Quien lee el texto del GAFI en junio puede predecir la circular de la FINMA de diciembre.1

Este capítulo examina cada organismo por separado y se pregunta qué ha dicho sobre los criptoactivos, cuándo lo dijo y dónde ha aterrizado el texto en el Derecho suizo y en el singapurense. Después reúne el mapa de aplicación en una sola tabla. El propósito es permitir al lector rastrear una norma interna hasta su fuente y anticipar la siguiente. La Parte F, la Parte L y las partes fiscales tratan en detalle las normas internas.

Notas

  1. Sobre la posición de Suiza y Singapur en los organismos internacionales de normalización, véanse la Parte A, capítulo VI, y la Parte C, capítulo VI. Ambos son miembros del GAFI. Suiza forma parte del FSB a través del BNS y de la Secretaría de Estado para Asuntos Financieros Internacionales (SIF), y Singapur a través de la MAS. Ambos son miembros del BCBS y de la IOSCO. ↩

Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.

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