Schemes of arrangement para plataformas
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Un scheme of arrangement (convenio con los acreedores) conforme a la s 210 de la Companies Act 1967, modificada por la parte 5 de la Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018 (IRDA), vincula a todos los acreedores de una clase si lo aprueba una mayoría en número de los votantes que represente tres cuartas partes del valor y el tribunal lo homologa. Los casos de criptoactivos plantearon tres cuestiones sobre el scheme. La clasificación: los acreedores a los que se deben tokens distintos tienen intereses económicos diferentes, por lo que los profesionales de Zipmex y Vauld clasificaron por producto y trataron los créditos denominados en tokens como convertidos a una moneda de referencia en una fecha de registro a efectos del voto. La valoración: un crédito de 10 ETH debe valorarse en una cantidad de moneda fiduciaria a efectos del voto y del reparto pari passu. La elección de la fecha de valoración, normalmente la de la moratoria, redistribuye valor entre los acreedores cuando los precios varían. El reparto en especie: los schemes han previsto la distribución de tokens in specie, a prorrata por activo, lo que evita el descuento de la realización, pero obliga a la sociedad del scheme a mantener una infraestructura de custodia durante todo el periodo de reparto.
El scheme preacordado de la s 71, que permite la aprobación judicial sin junta de acreedores cuando el tribunal está convencido de que se habrían alcanzado las mayorías necesarias, era la vía que Zipmex pretendía utilizar con su administrative convenience class. El tribunal se negó a aprobar de antemano la clase, pero indicó que la ponderación de intereses y las salvaguardias serían relevantes en la fase de la s 71. Por ello, una plataforma que contemple un scheme preacordado debe integrar la estructura de clases en su solicitud desde el principio.1
Notas
- Re Zipmex Co Ltd [2022] SGHC 306 en [7]–[9]. ↩
Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.