Cómo se desarrolla en la práctica una investigación sobre criptoactivos
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Los primeros treinta días
Una investigación típica del CAD (Commercial Affairs Department, la unidad policial de delitos económicos) sobre una plataforma quebrada comienza con una denuncia, a menudo de un acreedor, seguida de un requerimiento de documentos a la sociedad y a sus directivos. Los directivos son interrogados conforme a la s 22 del Criminal Procedure Code, que les obliga a responder con veracidad y solo les ampara frente a declaraciones que les expondrían a una acusación penal. Se incautan los dispositivos y se realizan copias forenses. Se notifican a los exchanges órdenes de entrega de los registros de cuentas. Se encargan informes de análisis de blockchain a los proveedores con los que trabaja la policía. Si el sospechoso es extranjero, algo que ocurre con los fundadores de la mayoría de las plataformas singapurenses, puede retenérsele el pasaporte conforme a la s 112 del Code.1
Relación con los procedimientos civiles
La investigación penal y la recuperación civil discurren a menudo en paralelo. El tribunal civil no suspenderá una demanda civil por el mero hecho de que exista una investigación penal en curso, y la policía tampoco compartirá su expediente con los demandantes civiles. La orden de congelación obtenida por el demandante civil y la orden de restricción policial pueden recaer sobre los mismos activos. En ese caso prevalece la orden policial durante el proceso penal, y el acreedor civil debe esperar a la vista sobre el destino de los bienes para hacer valer su pretensión. Por ello, los abogados que representan a las víctimas deberían formular una pretensión real (proprietary claim) en el procedimiento civil. Quien ejercita una pretensión real ocupa una posición más sólida en la vista de disposición de la s 370 que un simple acreedor con sentencia.
Perspectiva transfronteriza
En un fraude con una plataforma singapurense y una fundación de Zug, la incautación del fiscal suizo conforme al art. 263 del Código Procesal Penal suizo (StPO/CPP) y la orden de restricción singapurense conforme a la s 16 de la CDSA recaerán sobre los mismos tokens. Ninguno de los dos Estados reconoce automáticamente la orden penal del otro. La solución práctica consiste en acordar, a través de las autoridades centrales, qué Estado dirige el decomiso y cuál presta asistencia, repartiéndose el producto conforme a las disposiciones de reparto de activos que cada Estado ha adoptado. Una víctima que espere al final de esa negociación puede esperar años. La vía civil de la pretensión real en ambos países (capítulo III de esta parte y Parte H, capítulo V) suele producir antes una sentencia ejecutable.
Notas
- Criminal Procedure Code 2010, ss 22 y 112, Singapore Statutes Online. ↩
Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.