Apropiación indebida con abuso de confianza y apropiación deshonesta
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Confianza y dominio
La apropiación indebida con abuso de confianza (criminal breach of trust) de la s 405 exige que se haya confiado a una persona un bien o el dominio sobre él. Esa persona debe después haberse apropiado deshonestamente del bien o haberlo destinado a su propio uso, o haberlo utilizado o dispuesto de él en contra de un mandato legal o de un contrato válido. La modalidad agravada de la s 409 se aplica a quien recibe el bien en el ejercicio de su actividad como banquero, comerciante, comisionista, corredor, apoderado o agente, en calidad profesional, o como administrador (director) de una sociedad, directivo de una asociación sin personalidad jurídica, socio, alto directivo (key executive) o fiduciario. Se castiga con prisión de hasta veinte años y multa.1
La reforma de 2019 añadió a la s 409 las figuras de «key executive» y «fiduciary» después de que la Court of Appeal declarara, en un asunto ajeno a los criptoactivos, que un administrador no era un «agente» conforme a la redacción anterior. El efecto para los negocios de activos digitales es considerable. Un consejero delegado o un director de tecnología que custodia las claves del monedero ómnibus de un custodio tiene confiado el «dominio» sobre los tokens de los clientes en el sentido más literal. Si ese directivo traslada tokens de clientes a una cuenta de negociación propia o los pignora como garantía de un préstamo a una entidad vinculada, se cumplen los elementos de la s 409, permitiera o no el contrato con el cliente la reutilización de garantías (rehypothecation). El contrato solo importa en la medida en que define el «mandato legal o contrato válido» que la disposición infringió.
Los tokens como objeto de la confianza
La apropiación indebida con abuso de confianza requiere un «bien» (property). Confiar a alguien una clave privada es confiarle el dominio sobre los tokens que esa clave controla. Los asuntos civiles singapurenses sobre trusts constructivos sobre USDT sustraídos respaldan que se trate a los propios tokens como el bien objeto de la apropiación.2 Los casos difíciles son los acuerdos de custodia en los que la titularidad de los tokens pasaba contractualmente a la plataforma, dejando al cliente un derecho a la restitución. En esa estructura, el titular de la plataforma que gasta los tokens puede no haber vulnerado ningún trust, porque los tokens eran suyos. Si las condiciones de una plataforma de rendimientos transmitían la titularidad fue la cuestión civil central en Hodlnaut y Vauld (véase el capítulo IV), y es igual de central en el análisis penal. Ante una plataforma con transmisión de titularidad, el fiscal suele recurrir a la estafa o al fraude, que no exigen que el acusado manejara bienes ajenos.
La apropiación deshonesta de bienes de la s 403 se aplica cuando no hubo una relación de confianza previa: a quien encuentra una frase semilla, a la contraparte que recibe una transferencia errónea y se la queda, a quien explota una vulnerabilidad y vacía un contrato. La pena máxima es de dos años de prisión y aumenta con las circunstancias agravantes. El delito resulta útil a los fiscales precisamente porque los tribunales civiles de Singapur han declarado que quien recibe una transferencia errónea de tokens los mantiene en trust constructivo desde el momento de la recepción.
Nota práctica
Si usted dirige un custodio o un exchange en Singapur, su contrato con los clientes cumple dos funciones a la vez. En el ámbito civil, decide si los clientes son beneficiarios o acreedores ordinarios en caso de insolvencia. En el ámbito penal, decide si un directivo que traslada tokens de clientes comete apropiación indebida con abuso de confianza o un mero incumplimiento contractual. Una cláusula que establezca que los digital payment tokens de los clientes se mantienen en trust y segregados, como exige ahora la Payment Services Act a los titulares de licencia (véase parte K, capítulo II), expone a todos los custodios de claves de su organización a la s 409 si la segregación falla. Eso es intencionado. Los consejos de administración deben tratar la política de gestión de claves como parte de su propia gestión del riesgo penal y documentar a quién se confía qué.
Notas
- Penal Code 1871, s 409(1), Singapore Statutes Online (consultado en junio de 2026): las condiciones enumeradas y la pena máxima de 20 años de prisión y multa. ↩
- ByBit Fintech Ltd v Ho Kai Xin and others [2023] SGHC 199 en [33]–[36], que aplica a USDT los criterios de National Provincial Bank v Ainsworth. ↩
Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.