La Securities and Futures Act y los servicios de mercados de capitales

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La consolidación de 2001 y 2002

Antes de 2002, los mercados de capitales de Singapur se regían por varias leyes, entre ellas la Securities Industry Act y la Futures Trading Act. En octubre de 2001, el Parlamento aprobó la Securities and Futures Act (SFA, la ley de valores y futuros) y la Financial Advisers Act (FAA, la ley de asesores financieros). La SFA entró en vigor por fases, con etapas en enero y mayo de 2002 y una fase final el 1 de octubre de 2002, fecha en que se derogaron las leyes anteriores.¹ La Monetary Authority of Singapore (MAS, la autoridad monetaria y supervisora financiera) describió la nueva ley como un marco moderno para los mercados, las entidades de compensación, las licencias, la conducta empresarial, la comunicación de participaciones y la conducta en el mercado.

La innovación más visible fue una licencia única y modular para los intermediarios. Una sola Capital Markets Services Licence (licencia CMS) podía abarcar una o varias actividades reguladas, lo que, en palabras de la MAS, reduciría los costes de capital y de cumplimiento normativo.² Los representantes debían superar exámenes vinculados a sus actividades. El 1 de diciembre de 2002 entró en vigor una nueva estructura de exámenes de nueve módulos. La arquitectura de 2002 se mantiene en lo esencial. Una empresa sigue obteniendo una sola licencia y añade o suprime actividades a medida que cambia su negocio.

La licencia CMS

La sección 82 de la SFA dispone que nadie puede ejercer una actividad regulada, ni presentarse como si lo hiciera, salvo que sea titular de una licencia CMS para esa actividad. La infracción se castiga con una multa de hasta 150 000 dólares, prisión de hasta tres años o ambas penas, con una multa diaria adicional si la infracción continúa.³ La licencia solo se concede a personas jurídicas. Las personas físicas que realizan una actividad regulada por cuenta del titular de la licencia deben ser representantes designados, provisionales o temporales, cuyos nombres figuran en un registro público.

Las actividades reguladas se enumeran en el anexo segundo (Second Schedule) de la SFA. Son siete: negociación de productos de mercados de capitales, asesoramiento en finanzas corporativas, gestión de fondos, gestión de fondos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT), financiación de productos, prestación de servicios de custodia y prestación de servicios de calificación crediticia.⁴ La gestión de fondos es la actividad más relevante para la gestión patrimonial. El capítulo E.V describe en detalle su régimen de licencias y de conducta. Los servicios de custodia importan a cualquiera que mantenga valores a través de un intermediario de Singapur, ya que las normas de custodia determinan si los activos de los clientes permanecen separados en caso de insolvencia.

La amplitud de la actividad de negociación se aprecia en la definición de productos de mercados de capitales, que abarca valores, participaciones en instituciones de inversión colectiva, contratos de derivados y contratos de divisas al contado para la negociación apalancada de divisas, así como otros productos que la MAS pueda determinar.⁵ Una empresa que desee gestionar carteras discrecionales necesita la actividad independiente de gestión de fondos, aunque ya tenga licencia para la negociación. La MAS considera la gestión discrecional como gestión de fondos porque traslada las decisiones de inversión a la empresa.

Las reformas de 2017

La SFA fue revisada en profundidad por la Securities and Futures (Amendment) Act 2017, que el Parlamento aprobó el 9 de enero de 2017. La mayoría de sus disposiciones empezaron a aplicarse el 1 y el 8 de octubre de 2018. Las reformas completaron la regulación de los derivados extrabursátiles (OTC) tras la crisis financiera mundial, transfirieron a la MAS la supervisión de los derivados sobre materias primas, que hasta entonces correspondía a Enterprise Singapore en virtud de la Commodity Trading Act, e introdujeron nuevos regímenes para los índices de referencia financieros y las ventas en corto.⁶ Además, sustituyeron las actividades separadas de negociación de valores, negociación de contratos de futuros y negociación apalancada de divisas por la actividad única de negociación de productos de mercados de capitales, que ahora incluye la negociación de derivados OTC.

Para el sector de la gestión patrimonial, el cambio de mayor alcance afectó a las categorías de inversores. Las reformas precisaron las definiciones de inversor acreditado e inversor institucional e introdujeron un régimen de aceptación expresa (opt-in). Según este régimen, una persona física que cumple los criterios financieros solo se trata como inversor acreditado si consiente en ello. El cambio invirtió la carga de la elección. Antes de la reforma, un cliente adinerado podía ser tratado como inversor sofisticado sin que se le hubiera preguntado. Después, el cliente tenía que dar su consentimiento antes de perder las protecciones reservadas a los inversores minoristas.

Inversores minoristas, acreditados e institucionales

La definición de inversor acreditado de la sección 4A de la SFA es la puerta de acceso a la mayor parte de la banca privada en Singapur. Una persona física reúne los requisitos si su patrimonio personal neto supera los dos millones de dólares, si sus activos financieros, deducidos los pasivos correspondientes, superan el millón de dólares o si sus ingresos de los doce meses anteriores alcanzan al menos 300 000 dólares. Según la sección 4A(1A), el valor de la vivienda habitual, deducido cualquier préstamo garantizado, puede aportar como máximo un millón de dólares al umbral del patrimonio personal neto. La MAS ha aclarado que la vivienda habitual es aquella en la que el inversor vive la mayor parte del tiempo, con independencia de dónde se encuentre.⁷

El régimen de aceptación expresa, introducido por las Securities and Futures (Classes of Investors) Regulations 2018, comenzó a aplicarse el 8 de enero de 2019.⁸ Inicialmente, las entidades disponían de tres meses para ofrecer a los clientes existentes la posibilidad de renunciar a esa condición. A petición del sector, la MAS prorrogó la transición hasta el 7 de abril de 2019.⁹ La MAS ya había expuesto sus posiciones en 2015. El calendario refleja su forma típica de reformar: consulta con varios años de antelación, publicación de la política, aprobación de la norma y, por último, una breve transición final. Las empresas que ignoraron las primeras señales apenas tuvieron tiempo al final.

La condición de inversor acreditado tiene consecuencias prácticas en todo el sistema regulatorio. Las ofertas de valores y participaciones de fondos dirigidas a inversores acreditados están exentas de los requisitos de folleto. Los gestores de fondos que solo atienden a inversores acreditados e institucionales están sujetos a requisitos más ligeros, y muchas normas de conducta sobre recomendaciones de productos se aplican de forma modificada. Esta condición determina también el acceso a muchas de las estructuras tratadas en los capítulos E.III y E.IV. Para el cliente, la decisión de aceptar la condición tiene, por tanto, un peso real, porque cambia protección por acceso.

Conducta en el mercado y sanciones civiles

La parte XII de la SFA prohíbe el abuso de mercado, incluidas las operaciones ficticias, la manipulación de cotizaciones, las declaraciones falsas o engañosas y el uso de información privilegiada. Su rasgo distintivo es un régimen de sanciones civiles que coexiste con la persecución penal. La MAS puede, con el consentimiento del Public Prosecutor (fiscal general), iniciar un procedimiento civil en virtud de la sección 232. En ese procedimiento, el tribunal puede imponer una sanción de hasta tres veces el beneficio obtenido o la pérdida evitada, o de hasta dos millones de dólares si esta cantidad es mayor. El mínimo legal es de 50 000 dólares para una persona física y de 100 000 dólares para una persona jurídica.¹⁰

Aunque la ley permite acuerdos sin reconocimiento de responsabilidad, la MAS sigue la política constante de cerrar los casos de sanciones civiles solo sobre la base de dicho reconocimiento. Considera que las consecuencias reputacionales del reconocimiento forman parte del efecto disuasorio. Desde el 17 de marzo de 2015, los funcionarios de la MAS ejercen además facultades de investigación penal en investigaciones conjuntas con el Commercial Affairs Department (departamento de delitos económicos) de la policía sobre delitos de abuso de mercado. El 17 de marzo de 2018, este sistema se amplió a todos los delitos previstos en la SFA y la FAA.¹¹ El modelo conjunto da a los investigadores de la MAS las herramientas de la policía y mantiene en la investigación la experiencia del supervisor.

Notas

1. Monetary Authority of Singapore, «Media Release for the Implementation of the SFA and FAA», 11 de septiembre de 2002: el Parlamento aprobó la SFA y la FAA en octubre de 2001; la SFA se aplicó por fases en enero de 2002, mayo de 2002 y el 1 de octubre de 2002; quedan derogadas la Securities Industry Act y la Futures Trading Act. ↩
2. Monetary Authority of Singapore, «Media Release for the Implementation of the SFA and FAA», 11 de septiembre de 2002, sobre «a single, modular licensing framework» para los intermediarios de los mercados de capitales. ↩
3. Securities and Futures Act 2001, s. 82(1) y (3), según la reproducción de LawPlayer (lawplayer.com/sg/act/SFA2001/82, consultado en noviembre de 2026). ↩
4. Monetary Authority of Singapore, FAQs on Licensing and Business Conduct (Other than for Fund Management Companies), nueva edición de 11 de diciembre de 2025, preguntas 1–2: las siete actividades reguladas del Second Schedule; la licencia CMS solo se concede a personas jurídicas. ↩
5. Monetary Authority of Singapore, FAQs on Licensing and Business Conduct (Other than for Fund Management Companies), nueva edición de 11 de diciembre de 2025, n. 1 (definición de «capital markets products»). ↩
6. Clifford Chance, «Major Changes to Singapore Capital Markets Regulatory Framework Implemented», octubre de 2018, pp. 1–2. ↩
7. Securities and Futures Act 2001, s. 4A(1)(a)(i)(A)–(C) y s. 4A(1A), según la reproducción de LawPlayer (lawplayer.com/sg/act/SFA2001/4A, consultado en noviembre de 2026): patrimonio personal neto superior a 2 millones de S$, activos financieros netos de pasivos correspondientes superiores a 1 millón de S$ o ingresos de los 12 meses anteriores no inferiores a 300 000 S$; la vivienda habitual computa por el menor de su valor neto y 1 millón de S$. Monetary Authority of Singapore, FAQs on the Definition of Accredited Investor and Opt-In Process (última actualización: 8 de octubre de 2024), pregunta 5, que cita el apdo. 6.44 de la respuesta de la MAS a las observaciones recibidas, de 22 de septiembre de 2015: la vivienda habitual es aquella en la que el inversor vive la mayor parte del tiempo, en Singapur o en el extranjero. ↩
8. Clifford Chance, «Major Changes to Singapore Capital Markets Regulatory Framework Implemented», octubre de 2018, p. 4: el régimen de «opt-in» previsto en las Securities and Futures (Classes of Investors) Regulations 2018 «will commence on 8 January 2019». ↩
9. Monetary Authority of Singapore, FAQs on the Definition of Accredited Investor and Opt-In Process, versión de 4 de febrero de 2019, pregunta 4; la versión vigente (8 de octubre de 2024) ya no contiene la respuesta transitoria. ↩
10. Securities and Futures Act 2001, s. 232(2)–(3), según la reproducción de LawPlayer (lawplayer.com/sg/act/SFA2001/232, consultado en noviembre de 2026): una sanción civil «not exceeding the greater of» tres veces el beneficio obtenido o la pérdida evitada y 2 millones de S$, y no inferior a 100 000 S$ para una persona jurídica y a 50 000 S$ en los demás casos. Monetary Authority of Singapore, Enforcement Monograph, versión 1.2, 1 de julio de 2025, apdos. 3.6 y 6.10–6.11. ↩
11. Monetary Authority of Singapore, Enforcement Monograph, julio de 2025, apdo. 6.12 y n. 14, con remisión a las ss. 232(4)–(5) de la SFA. Monetary Authority of Singapore, Enforcement Monograph, julio de 2025, apdos. 3.4 y 5.8. ↩

Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.