El Estado de Derecho en un Estado fuerte

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Concepciones formal y sustantiva del Estado de Derecho

La teoría jurídica distingue entre una concepción formal (thin) y una concepción sustantiva (thick) del Estado de Derecho. La concepción formal exige que el Estado actúe mediante leyes generales, públicas, prospectivas y estables, aplicadas por tribunales independientes, y que los propios funcionarios estén sometidos a la ley. La concepción sustantiva añade requisitos materiales, como la democracia, la protección de los derechos fundamentales y una prensa libre. Singapur cumple la concepción formal en un grado muy elevado. Su relación con la concepción sustantiva es objeto de debate.

Los propios juristas de Singapur han abordado abiertamente esta distinción. El ex presidente del Tribunal Supremo (Chief Justice) Chan Sek Keong ha sostenido que los tribunales hacen efectivo el Estado de Derecho dentro del marco constitucional que crea el Parlamento.¹ Críticos como Jothie Rajah han descrito el modelo singapurense como un «Estado de Derecho autoritario» (authoritarian rule of law), en el que el Derecho sirve tanto para legitimar el poder estatal como para limitarlo.² Para un centro financiero, el debate tiene importancia práctica, porque los inversores deben decidir si las cualidades que mide la concepción formal se mantendrán estables en un sistema que no cumple plenamente la sustantiva.

El control judicial y los límites de la discrecionalidad del ejecutivo

Los tribunales de Singapur han afirmado su facultad de controlar la legalidad de la actuación del ejecutivo. La historia de esa afirmación es instructiva. En Chng Suan Tze v Minister for Home Affairs, resuelto el 8 de diciembre de 1988, la Court of Appeal declaró que la facultad discrecional del presidente y del ministro para detener a personas en virtud de la Internal Security Act (ley de seguridad interior) estaba sujeta a un criterio objetivo y, por tanto, era revisable por los tribunales. Afirmó que la noción de una discrecionalidad subjetiva o ilimitada es contraria al Estado de Derecho. El Parlamento reaccionó en cuestión de semanas. Un nuevo artículo 149(3) de la Constitución, en vigor desde el 27 de enero de 1989, y las modificaciones de la Internal Security Act, en vigor desde el 30 de enero de 1989, restablecieron la situación anterior y limitaron el control judicial de las detenciones a cuestiones de procedimiento.³

El episodio muestra las dos caras del sistema. Los tribunales enunciaron un principio de legalidad en términos que cualquier tribunal del common law reconocería. El poder legislativo, controlado por el partido gobernante, restringió después su aplicación en el ámbito de la seguridad interior. Fuera de ese ámbito, el principio ha sobrevivido. Resoluciones posteriores de la Court of Appeal se han apoyado en él para revisar el ejercicio de facultades legales de detención y de administración. Para los operadores comerciales, lo importante es que el control de la discrecionalidad administrativa sigue disponible en los ámbitos que les afectan, como las licencias, la fiscalidad y la contratación pública, aunque rara vez se ejerza frente al supervisor financiero.

Difamación, desacato y falsedades en línea

Los límites del modelo singapurense se aprecian con mayor claridad en el régimen jurídico de la expresión pública. Dirigentes políticos han interpuesto demandas por difamación contra políticos de la oposición y críticos. Los observadores citan la frecuencia de estas demandas como uno de los factores del predominio del partido gobernante.⁴ La Administration of Justice (Protection) Act 2016 codificó el régimen del desacato al tribunal (contempt of court), incluido el delito de desprestigiar a la judicatura (scandalising the judiciary).⁵ La Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act, aprobada el 8 de mayo de 2019 por 72 votos contra 9 y en vigor desde el 2 de octubre de 2019, permite a los ministros ordenar la corrección o la retirada de declaraciones en línea que consideren falsas. Los afectados deben pedir primero al ministro que modifique o revoque la orden y pueden después recurrir ante la High Court.⁶

Estas leyes no afectan al cumplimiento de los contratos mercantiles. Configuran el entorno en el que la prensa, el mundo académico y la sociedad civil debaten sobre el Estado, incluida la actuación del Gobierno en materia económica. Un centro financiero depende tanto de la información como de los tribunales. La calidad del debate público sobre escándalos bancarios, fallos de supervisión y empresas vinculadas al Estado es uno de los canales por los que se detectan y corrigen los errores. Esa función es más reducida en Singapur que en Ginebra o Londres. La respuesta oficial al caso de blanqueo de capitales de 2023 llegó principalmente a través de declaraciones del Gobierno, respuestas parlamentarias y procedimientos judiciales.

Por qué un partido dominante se somete al Derecho

El enigma central persiste. El People’s Action Party gobierna desde 1959. En las elecciones generales del 3 de mayo de 2025 obtuvo 87 de los 97 escaños electivos con el 65,57 % de los votos.⁷ Un Gobierno con esa mayoría puede modificar la mayoría de las disposiciones de la Constitución con sus propios votos. Aun así, ha mantenido un poder judicial que resuelve con independencia los asuntos mercantiles y administrativos y una agencia anticorrupción que ha procesado a sus propios ministros.

La explicación reside en gran medida en la estrategia económica del Estado. Un país pequeño sin recursos naturales depende del capital, las empresas y el talento extranjeros. Esos actores necesitan un Derecho previsible y funcionarios honrados, y pueden marcharse si no los encuentran. La generación fundadora de dirigentes extrajo expresamente esta conclusión y basó la legitimidad del Estado en el rendimiento, del que forman parte una administración íntegra y un Derecho fiable. Lee Kuan Yew describió en sus memorias la lucha contra la corrupción como una condición de supervivencia.⁸ A la misma lógica pertenece la política de pagar a ministros y altos funcionarios salarios referenciados al sector privado, que el Gobierno justificó como defensa frente a la corrupción. Los ministros de Singapur figuran entre los políticos mejor pagados del mundo.⁹

Una segunda explicación reside en el interés propio de un partido dominante con un horizonte largo. La corrupción dentro del partido gobernante amenazaría su base electoral y su pretensión de gobernar mejor que cualquier alternativa. El procesamiento de ministros, doloroso a corto plazo, protege el activo central del partido, que es su reputación de integridad. La misma lógica explica por qué se deja a los tribunales libertad para resolver los asuntos mercantiles. Su credibilidad sirve a la estrategia del Estado, mientras que los límites al control judicial en ámbitos sensibles se fijan abiertamente por ley, de la que el Parlamento debe rendir cuentas.

El modelo tiene un punto vulnerable. Su Estado de Derecho depende en gran medida del compromiso continuado de la dirección política, ya que los límites formales a esa dirección son más débiles que en una democracia federal con votaciones populares directas. Hasta ahora, los inversores no han tenido motivos para dudar de ese compromiso, puesto que los traspasos de poder de Lee Kuan Yew a Goh Chok Tong, Lee Hsien Loong y Lawrence Wong lo han preservado. El capítulo K.VI examina hasta qué punto cabe esperar que el modelo se mantenga hasta 2035.

La integridad bajo presión

Los años transcurridos desde 2023 han puesto a prueba el sistema en varios frentes a la vez. El procesamiento de un ministro, el caso de blanqueo de capitales con activos de unos tres mil millones de dólares de Singapur y las sanciones que la Monetary Authority of Singapore (MAS, la autoridad monetaria y supervisora financiera) impuso a nueve entidades financieras en julio de 2025 pusieron de manifiesto debilidades.¹⁰ También mostraron instituciones que reaccionaron mediante la investigación, la acusación y los tribunales. Los diez acusados del caso de blanqueo fueron condenados y entregaron activos por unos 944 millones de dólares de Singapur.¹¹ El capítulo E.VI examina el caso, sus consecuencias para los bancos y las sanciones de julio de 2025.

No todos los casos se han resuelto de un modo que satisficiera a los observadores. En el asunto Keppel, derivado de sobornos pagados en Brasil por una filial de un grupo singapurense vinculado al Estado, la agencia anticorrupción cerró su investigación en 2023 por falta de pruebas suficientes y, en lugar de acusar, dirigió advertencias a seis antiguos empleados.¹² La decisión fue criticada en el Parlamento y en la prensa, porque el grupo había reconocido los sobornos en procedimientos en el extranjero. El capítulo H.V analiza el caso junto con los acuerdos de suspensión del procesamiento (deferred prosecution agreements) y la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Singapur. Para el presente argumento, el caso marca el límite exterior del régimen anticorrupción. Su fortaleza reside en la corrupción interna, mientras que el soborno en el extranjero cometido por sociedades singapurenses a través de intermediarios extranjeros es más difícil de perseguir en el propio país.

Notas

1. Chan Sek Keong, «The Courts and the ‘Rule of Law’ in Singapore», Singapore Journal of Legal Studies [2012] 209–231. ↩
2. Jothie Rajah, Authoritarian Rule of Law: Legislation, Discourse and Legitimacy in Singapore, Cambridge, Cambridge University Press, 2012. ↩
3. Wikipedia, «Chng Suan Tze v Minister for Home Affairs» (consultado en noviembre de 2026): [1988] SGCA 16, [1988] 2 SLR(R) 525, sentencia de 8 de diciembre de 1988; el tribunal aplicó un criterio objetivo y afirmó que «the notion of a subjective or unfettered discretion is contrary to the rule of law». Wikipedia, «Chng Suan Tze v Minister for Home Affairs» (consultado en noviembre de 2026): el Parlamento aprobó modificaciones en enero de 1989 para revertir la resolución; un nuevo artículo 149(3) de la Constitución entró en vigor el 27 de enero de 1989 y las modificaciones de la Internal Security Act el 30 de enero de 1989, lo que devolvió el control judicial a la situación de 1971 establecida en Lee Mau Seng. ↩
4. Wikipedia, «Politics of Singapore» (consultado en noviembre de 2026): las «defamation lawsuits against high-profile political opponents» se citan como factor clave del predominio del People’s Action Party. ↩
5. Administration of Justice (Protection) Act 2016 (Act 19 of 2016), aprobada el 15 de agosto de 2016 y en vigor desde el 1 de octubre de 2017; codifica el desacato al tribunal, incluido el desprestigio del tribunal (scandalising the court). ↩
6. Wikipedia, «Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act 2019» (consultado en noviembre de 2026): proyecto aprobado el 8 de mayo de 2019 por 72 votos contra 9; en vigor desde el 2 de octubre de 2019; «Government ministers will issue instructions to correct falsehoods through an appointed Competent Authority»; la solicitud de modificación o revocación de una orden se dirige primero al ministro, y los recursos «must be made within 14 days to the High Court». ↩
7. Wikipedia, «2025 Singaporean general election» (consultado en noviembre de 2026): elecciones celebradas el 3 de mayo de 2025; el PAP obtuvo 87 de 97 escaños con el 65,57 % de los votos; el Workers’ Party conservó sus diez escaños. Wikipedia, «Politics of Singapore» (consultado en noviembre de 2026): Singapur ha sido «governed by the People’s Action Party (PAP) since 1959». ↩
8. Lee Kuan Yew, From Third World to First: The Singapore Story 1965–2000, Singapur, Times Editions, 2000, capítulo «Keeping the Government Clean». ↩
9. Wikipedia, «Politics of Singapore» (consultado en noviembre de 2026): «Ministers in Singapore are the highest paid politicians in the world, receiving a 60% salary raise in 2007»; en 2011 se nombró un comité para revisar la remuneración de los políticos. ↩
10. Wikipedia, «2023 Singapore money laundering case» (consultado en noviembre de 2026): activos «worth 3 billion SGD»; la Monetary Authority of Singapore «imposes S$27.45 million in penalties on nine financial institutions» por infracciones de la normativa contra el blanqueo de capitales vinculadas al caso (julio de 2025). ↩
11. Wikipedia, «2023 Singapore money laundering case» (consultado en noviembre de 2026): los diez acusados fueron condenados; penas de entre unos 13 y 17 meses; un total de 944 millones de S$ entregados por los diez condenados. ↩
12. Wikipedia, «Corruption in Singapore» (consultado en noviembre de 2026): en el caso Keppel, el CPIB cerró su investigación en 2023 por falta de pruebas y seis antiguos empleados recibieron advertencias en lugar de ser acusados. ↩

Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.