El Estado de Derecho como infraestructura económica: resumen

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Los tribunales de Singapur son la continuación, en la república independiente, del Tribunal Supremo colonial, nacionalizado por la Supreme Court of Judicature Act 1969, liberado del Privy Council en 1994 y reestructurado en 2021, con jueces cuya permanencia en el cargo hasta los 65 años y cuya remuneración están protegidas por el artículo 98 de la Constitución. La Corrupt Practices Investigation Bureau, fundada en 1952 después de que se descubriera a agentes de policía entre los ladrones de un cargamento de opio, aplica la Prevention of Corruption Act 1960 tanto en el sector público como en el privado y ha procesado a ministros, desde Wee Toon Boon en 1975 hasta S. Iswaran, condenado en 2024 a doce meses de prisión. La seguridad jurídica en Singapur se basa en un cuerpo legislativo accesible, un common law en inglés que se ha vuelto autónomo sin perder su familiaridad, un cumplimiento de contratos rápido y económico y un supervisor que anuncia y explica sus normas. Los rankings internacionales sitúan a Singapur en la cima mundial en ausencia de corrupción, aplicación de la normativa y justicia civil, y en la franja media-alta en límites a los poderes del Gobierno, gobierno abierto y derechos fundamentales, una dispersión que refleja un Estado de Derecho formal (thin) de altísima calidad dentro de un Estado fuerte. Ese modelo ha servido bien al centro financiero porque la dirección política ha tratado la integridad de la administración y la fiabilidad de los tribunales como condiciones de supervivencia nacional, aunque su durabilidad depende de que ese compromiso continúe.

Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.