La Financial Services and Markets Act 2022
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Una ley ómnibus
A comienzos de la década de 2020, las facultades de la Monetary Authority of Singapore (MAS, la autoridad monetaria y supervisora financiera) estaban dispersas en muchas leyes. Las órdenes de inhabilitación (prohibition orders), por ejemplo, existían en la Securities and Futures Act (SFA), la Financial Advisers Act (FAA) y la Insurance Act, cada una con sus propios motivos y alcance, mientras que la banca se regulaba de otro modo. La Financial Services and Markets Act 2022 (FSMA, la ley de servicios y mercados financieros) se concibió como una ley para todo el sector. La MAS la describe como «an omnibus Act for the sector-wide regulation of financial services and markets». El Parlamento la aprobó el 5 de abril de 2022, el día siguiente al discurso de segunda lectura.1
La FSMA no sustituye a las leyes sectoriales. La Banking Act, la SFA, la FAA, la Insurance Act y la Payment Services Act siguen rigiendo las licencias y la conducta en sus respectivos sectores. La FSMA reúne las facultades que se aplican a todos ellos y asume disposiciones que antes figuraban en la MAS Act. También crea una nueva categoría de entidad regulada. En este sentido se parece a la parte general de un código civil, que aporta normas comunes para muchos contratos especiales.
Entrada en vigor por fases
La ley entró en vigor en cuatro etapas. La fase 1, el 28 de abril de 2023, puso en vigor facultades generales sobre las entidades financieras, incluidas las facultades de inspección, los delitos y disposiciones diversas, así como las partes relativas a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y a los sistemas de resolución de conflictos financieros. La fase 2A, el 10 de mayo de 2024, introdujo nuevas disposiciones sobre la gestión del riesgo tecnológico y trasladó desde la MAS Act el control y la resolución de las entidades financieras. La fase 2B, el 31 de julio de 2024, incorporó la facultad armonizada de dictar órdenes de inhabilitación de la parte 3. La fase 3, el 30 de junio de 2025, puso en vigor el marco para los proveedores de servicios de tokens digitales de la parte 9.2
El traslado de las facultades contra el blanqueo de capitales tuvo efectos prácticos inmediatos. Cuando la MAS impuso en julio de 2025 sanciones transaccionales a nueve entidades relacionadas con el caso de blanqueo de capitales de 2023, se basó en la sección 176(1A) de la MAS Act y en la sección 177(1) de la FSMA, según el momento en que se hubieran producido las infracciones.3 La transición entre ambas leyes se hizo así visible en una sola decisión sancionadora. Las infracciones anteriores y posteriores a la fase 1 se sancionaron con arreglo a disposiciones distintas de idéntico contenido.
Gestión del riesgo tecnológico
La fase 2A otorgó a la MAS una facultad unificada para imponer requisitos de gestión del riesgo tecnológico a cualquier entidad financiera o categoría de entidades. Los requisitos se refieren a la gestión adecuada de los riesgos tecnológicos y de ciberseguridad y al uso seguro de la tecnología para prestar servicios y proteger los datos. La sanción máxima por cada infracción es de un millón de dólares, de modo que varias infracciones pueden dar lugar a sanciones muy superiores a esa cantidad. La MAS puede exigir además capital regulatorio adicional hasta que se subsanen las deficiencias.4
Desde entonces, el riesgo tecnológico se ha convertido en una preocupación central de la supervisión. En julio de 2026, el director general de la MAS informó de una consulta sobre modificaciones de los avisos relativos a la gestión del riesgo tecnológico. Informó también de la obligación, introducida el 1 de julio de 2026, de que las principales entidades financieras realicen ejercicios de red teaming asistidos por IA, como respuesta a las ciberamenazas que posibilitan los modelos de inteligencia artificial de frontera.5 El capítulo K.IV analiza con más detalle la inteligencia artificial y el centro financiero. Para la arquitectura regulatoria, lo relevante es que un fallo tecnológico puede constituir ahora una infracción regulatoria con sanciones propias.
Proveedores de servicios de tokens digitales
La parte 9 de la FSMA cerró una laguna que se había convertido en un riesgo reputacional. Antes de 2025 podían constituirse empresas en Singapur para prestar servicios relacionados con criptoactivos exclusivamente a clientes en el extranjero sin necesidad de una licencia de Singapur. La sección 137 exige ahora una licencia a la persona física o sociedad de personas (partnership) que ejerza la actividad de prestar servicios de tokens digitales fuera de Singapur desde un establecimiento en Singapur. También la exige a una sociedad singapurense que preste dichos servicios fuera de Singapur, tanto si opera desde Singapur como desde otro lugar. Las infracciones se castigan con las mismas sanciones máximas que la actividad bancaria sin licencia, es decir, 125 000 dólares o tres años de prisión para las personas físicas y 250 000 dólares para los demás.6
La MAS dejó claro que concedería la licencia con moderación. En su respuesta a la consulta de 30 de mayo de 2025 declaró que había fijado un listón alto para las licencias y que, por regla general, no concedería ninguna. Tampoco previó un régimen transitorio, de modo que los proveedores existentes que solo atendían a clientes en el extranjero tuvieron que cesar esas actividades al entrar en vigor el régimen el 30 de junio de 2025.7 El régimen de los criptoactivos en su conjunto, desde la Payment Services Act hasta Project Guardian, corresponde al capítulo K.I. Aquí ilustra la función de la FSMA como la ley con la que la MAS cierra las lagunas que dejan abiertas las leyes sectoriales.
Notas
- Monetary Authority of Singapore, «Financial Services and Markets Act 2022» (mas.gov.sg/regulation/acts, consultado en noviembre de 2026); Allen & Gledhill, «Financial Services and Markets Bill passed to enhance MAS’ regulatory and enforcement framework across the financial sector», 18 de abril de 2022, sobre la segunda lectura el 4 de abril y la aprobación el 5 de abril de 2022. ↩
- Monetary Authority of Singapore, «Financial Services and Markets Act 2022» (consultado en noviembre de 2026): fase 1 (partes 2, 4, 6, 10, 11 y 12) el 28 de abril de 2023; fase 2A (partes 5, 7 y 8 y partes de la s. 183) el 10 de mayo de 2024. Monetary Authority of Singapore, «Financial Services and Markets Act 2022» (consultado en noviembre de 2026): fase 2B (parte 3) el 31 de julio de 2024; fase 3 (parte 9 y partes de la s. 183) el 30 de junio de 2025. ↩
- Monetary Authority of Singapore, «MAS Takes Regulatory Actions against 9 Financial Institutions for AML-Related Breaches», 4 de julio de 2025. ↩
- Allen & Gledhill, «Implementation of Financial Services and Markets Act 2022 in phases with new provisions on technology risk management in force», mayo de 2024. Allen & Gledhill, «Financial Services and Markets Bill passed to enhance MAS’ regulatory and enforcement framework across the financial sector», 18 de abril de 2022. ↩
- Chia Der Jiun, director general de la MAS, intervención en la rueda de prensa del MAS Annual Report 2025/2026, 28 de julio de 2026 (mas.gov.sg), apdos. 40b, 50 y 52. ↩
- Financial Services and Markets Act 2022, s. 137(1)–(5), según la reproducción de LawPlayer (lawplayer.com/sg/act/FSMA2022/137, consultado en noviembre de 2026), con excepciones para las personas con licencia o exentas en virtud de la SFA, la FAA o la Payment Services Act 2019. Financial Services and Markets Act 2022, s. 137(6), según la reproducción de LawPlayer (consultado en noviembre de 2026). ↩
- Allen & Gledhill, «Regulatory framework for digital token service providers under Financial Services and Markets Act 2022 in operation on 30 June 2025», junio de 2025: la MAS «has set the bar high for licensing and will generally not issue a licence» y «will not be providing a transitional arrangement». ↩
Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.