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El fin del secreto bancario a efectos fiscales extranjeros: consecuencias prácticas

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Para bancos, trust companies y gestores de activos

El efecto acumulado de estas reglas es que una entidad financiera de Singapur debe poder demostrar, respecto de cada cliente, que conoce su residencia fiscal y que no tiene motivos para sospechar que los activos son producto de la evasión fiscal. La obligación se aplica por igual a los bancos, a las trust companies con licencia y a los gestores de fondos. Los regímenes aplicables a los family offices y a los gestores de patrimonio externos, examinados en los capítulos III y V de esta parte, añaden sus propios requisitos. La evaluación de riesgos de 2024 señala que intermediarios profesionales como las trust companies y los gestores de activos pueden ser utilizados indebidamente para blanquear el producto de delitos fiscales extranjeros.1

Para los clientes y sus asesores

Para los clientes, la regla práctica es sencilla. Debe partirse de que cualquier cuenta mantenida en Singapur es conocida por la autoridad tributaria del país de residencia del cliente, salvo que ese país quede fuera de la red de intercambio de Singapur, como ocurre actualmente con los Emiratos Árabes Unidos. Las cuentas de personas estadounidenses (US persons) se comunican al IRS en el marco de FATCA. Las estructuras no cambian este resultado, ya que en las entidades pasivas y los trusts se atiende a las personas que ejercen el control. Los mecanismos concebidos para eludir la comunicación pueden no tenerse en cuenta conforme a la sección 105MA de la Income Tax Act. Los asesores que ayudan a un cliente a ocultar activos procedentes de la evasión fiscal se exponen a responsabilidad penal en Singapur en virtud de las disposiciones contra el blanqueo de capitales de la Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act (CDSA, la ley de decomiso del producto de delitos graves).

Lista de comprobación

  • Determinar la residencia fiscal de cada titular de cuenta, persona que ejerza el control, fundador (settlor), beneficiario y protector, y documentarla mediante autocertificación y pruebas justificativas.
  • Comprobar si la jurisdicción de residencia figura en la lista vigente de la IRAS de jurisdicciones sujetas a comunicación y si la cuenta está comprendida en FATCA.
  • Para cada nuevo cliente, evaluar la legitimidad fiscal de los activos y la verosimilitud de los motivos para contabilizarlos en Singapur, utilizando los indicadores del apéndice B de las directrices relativas a la MAS Notice 626.
  • Tratar la participación en una amnistía fiscal extranjera como un hecho que obliga a comunicar, presentar la comunicación de operación sospechosa exigida y decidir, en función del riesgo, si se revisa la cuenta.
  • Cuando el impuesto extranjero eludido no tenga equivalente en Singapur, aplicar igualmente los controles de riesgo y ponderar la falta de protección legal antes de presentar una comunicación voluntaria.
  • Evitar los mecanismos cuyo propósito principal sea mantener una cuenta fuera de la comunicación del CRS o de FATCA, ya que el Comptroller (el director de la administración tributaria) puede no tenerlos en cuenta.
  • Revisar servicios heredados del pasado, como la retención de correspondencia (hold-mail) y las cuentas inactivas, y garantizar que estén sometidos a controles independientes.
  • Prepararse para el CRS modificado a partir del 1 de enero de 2027 y para el Marco de comunicación de información sobre criptoactivos (CARF), cuyos primeros intercambios están previstos para 2028.

Notas

  1. Money Laundering National Risk Assessment 2024, apdo. 6.2.18: «Professional intermediaries such as trust companies and asset managers may also be misused»; personas y estructuras jurídicas utilizadas para mantener fondos a través de estructuras complejas de propiedad y control. ↩

Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.

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