La Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act

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De los productos del narcotráfico a los delitos graves

La CDSA lleva el año 1992 en su título abreviado. Sus orígenes se encuentran en la campaña internacional contra el narcotráfico de finales de los años ochenta, que dio lugar a la Convención de Viena de 1988 y a la creación del GAFI por el G7 en 1989. La ley se dirigía en un principio contra los productos del tráfico de drogas y se extendió después a los beneficios de otros delitos graves, lo que explica su farragoso nombre. La arquitectura de la ley sigue reflejando esta historia. La mayoría de sus disposiciones van en pares: una relativa a los «benefits of drug dealing» (beneficios del tráfico de drogas) y otra a los «benefits from criminal conduct» (beneficios de la conducta delictiva).¹²

La segunda categoría es la que importa a un centro financiero. Por «criminal conduct» (conducta delictiva) se entiende realizar cualquier acto constitutivo de un delito grave o de un delito grave extranjero, o participar en él, ya sea en Singapur o en otro lugar. Los delitos graves son los enumerados en el Second Schedule (anexo segundo). Un delito grave extranjero es un delito conforme al Derecho extranjero cuya conducta subyacente habría constituido un delito grave si se hubiera producido en Singapur.³ Este principio de doble incriminación permite a Singapur perseguir el blanqueo de productos del fraude, la corrupción o los delitos fiscales cometidos en el extranjero, que es de donde procede la mayor parte del dinero blanqueado en un centro financiero.

La lista de delitos graves ha crecido con el estándar internacional. La ampliación más importante para la banca privada llegó el 1 de julio de 2013, cuando una amplia gama de delitos fiscales graves pasó a ser delito subyacente del blanqueo de capitales. El capítulo E.II examina ese paso y sus consecuencias para los patrimonios no declarados. Desde noviembre de 2024, un Third Schedule (anexo tercero) ha añadido delitos que cuentan por sí mismos como delitos graves extranjeros. Se introdujo para designar los delitos medioambientales graves cometidos en el extranjero, de modo que la policía pueda investigar el dinero que se encuentra en Singapur procedente de la tala ilegal o del tráfico de especies silvestres en otros lugares.⁴

Los delitos de blanqueo

Los delitos centrales se encuentran en las secciones 50 a 54. Las secciones 50 y 51 castigan a quien concierta un acuerdo o participa en él sabiendo o teniendo motivos razonables para creer que ayuda a otra persona a conservar o controlar sus beneficios delictivos. Abarcan también los acuerdos que utilizan esos beneficios para procurar fondos a esa persona o adquirir bienes para ella. Las secciones 53 y 54 castigan a quien oculta, disimula, convierte o transfiere sus propios beneficios delictivos o los saca de la jurisdicción. Las mismas secciones castigan a quien hace lo mismo con los beneficios de otra persona, o los adquiere, posee o utiliza, sabiendo o teniendo motivos razonables para creer que son productos del delito. Ocultar o disimular bienes incluye ocultar su naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o titularidad.⁵

Dos rasgos de estas disposiciones merecen destacarse. El primero es el elemento subjetivo. Puesto que la fórmula «knowing or having reasonable grounds to believe» («sabiendo o teniendo motivos razonables para creer») va más allá del conocimiento efectivo, un banquero o un secretario de sociedad no puede eludir la responsabilidad cerrando los ojos ante señales de alerta evidentes. El segundo es la inclusión del autoblanqueo en las secciones 53(1) y 54(1). Un estafador que mueve sus propios productos a través de cuentas en Singapur comete un delito de blanqueo distinto del propio fraude. Esto es relevante para los delincuentes extranjeros, cuyo delito subyacente puede quedar fuera del alcance de los tribunales de Singapur, mientras que su manejo del dinero no.

Las penas son considerables. Una persona física condenada conforme a las secciones 51(1) o 54(1) a (3) se expone a una multa de hasta 500 000 dólares, a prisión de hasta diez años o a ambas. Una persona distinta de una persona física se expone a una multa de hasta un millón de dólares o del doble del valor de los beneficios implicados, si esta cantidad es mayor. Desde el 30 de diciembre de 2025, a la persona física condenada por blanquear los productos de un delito grave de estafa (scam) puede imponérsele además una pena de hasta doce golpes de vara. Quien maneja los productos de otro solo puede evitar la pena de vara si prueba que adoptó medidas razonables para asegurarse de que los bienes no representaban tales productos. La disposición muestra hasta qué punto la lucha contra las estafas, el delito financiero más visible para los residentes de a pie, configura hoy el Derecho.

Otro delito, introducido en 2018, se dirige contra los bienes de origen inexplicado. La sección 55 castiga a quien posee o utiliza bienes de los que razonablemente pueda sospecharse que representan beneficios delictivos si no puede explicar satisfactoriamente cómo los obtuvo. La misma reforma permitió a los tribunales resolver casos relativos a delitos cometidos en el extranjero a partir de las pruebas presentadas por la acusación, sin tener que depender de Gobiernos o peritos extranjeros, y elevó las multas máximas para las personas jurídicas.⁶

Temeridad, negligencia y la mula de dinero

La oleada de estafas en línea posterior a 2020 puso de manifiesto una laguna en la ley. Muchas de las cuentas bancarias por las que pasaban los productos de las estafas pertenecían a residentes locales que habían vendido o prestado sus cuentas a organizaciones en el extranjero. Con frecuencia, la acusación no podía probar que estas mulas de dinero (money mules) sabían o tenían motivos para creer que el dinero era delictivo. Por ello, una ley de reforma de 2023, en vigor desde el 8 de febrero de 2024, añadió delitos con grados de culpabilidad inferiores.⁷

Las secciones 51(1A) y 54(3A) castigan ahora a quien facilita o maneja los beneficios delictivos de otro de forma temeraria o negligente. El blanqueo temerario se castiga con hasta cinco años de prisión y el negligente con hasta tres años. La nueva sección 55A va más allá. Tipifica como delito concertar un acuerdo que implique beneficios delictivos en cuatro supuestos definidos, entre ellos cuando el valor implicado es desproporcionado respecto de los ingresos conocidos de la persona o cuando esta permite que otro opere su cuenta de pago sin adoptar medidas razonables para averiguar por qué. El acusado dispone de una causa de exoneración si prueba que no tenía motivos para creer que los bienes representaban beneficios delictivos. Una persona física se expone a hasta tres años de prisión; una persona jurídica, a una multa de hasta un millón de dólares o del doble de los beneficios.

Los evaluadores del GAFI de 2026 se refirieron a la sección 55A(1) como el «Money Mule Offence» (delito de mula de dinero). Lo consideraron demasiado reciente para evaluar su eficacia.⁸ Para las entidades financieras, la disposición tiene una importancia indirecta. Aumenta el riesgo jurídico de las personas que prestan sus cuentas. Descansa además en la misma idea que las normas de diligencia debida: quien maneja dinero por cuenta de otros debe preguntarse de dónde procede.

Delitos subyacentes extranjeros y carga de la prueba

El caso de 2023, examinado en el capítulo E.VI, reveló una segunda dificultad. Los sospechosos habían introducido en Singapur dinero que había pasado por cuentas en varios otros países. Para condenarlos por blanqueo, la acusación tenía que probar que los bienes eran efectivamente beneficio de una conducta delictiva, lo que a menudo exigía pruebas de víctimas y autoridades extranjeras. La ley ya disponía que la acusación no tenía que probar los pormenores del delito subyacente. También bastaba con demostrar que el acusado sabía o tenía motivos para creer que los bienes procedían de algún delito, sin identificar cuál.⁹

La Anti-Money Laundering and Other Matters Act, aprobada en agosto de 2024, dio un paso más. Nuevos apartados de la sección 56 disponen que la acusación no tiene que probar, como elemento objetivo del delito, que los bienes son efectivamente beneficios delictivos. Basta con probar más allá de toda duda razonable que el acusado sabía o tenía motivos razonables para creer que estaba manejando productos del delito.¹⁰ La reforma desplaza el centro de gravedad de una acusación por blanqueo desde el origen del dinero al estado mental de la persona que lo maneja. Para el centro financiero, el cambio reduce la dependencia de los tribunales de Singapur respecto de la cooperación de Estados extranjeros, que a menudo es lenta y a veces inexistente.

Decomiso, movimientos de efectivo y revelación (tipping-off)

El decomiso era el propósito original de la ley, como muestra su título. Un tribunal que condena a una persona por un delito de tráfico de drogas o por un delito grave puede ordenarle que pague una cantidad correspondiente a los beneficios que obtuvo del delito. La CDSA contiene también un régimen de declaración del efectivo y de los instrumentos negociables al portador que se introducen en Singapur o se sacan del país. Quien traslada a través de la frontera efectivo por encima del importe prescrito sin declararlo comete un delito. En caso de condena, el exceso puede ser decomisado. El importe prescrito es de 20 000 dólares o su equivalente en moneda extranjera. Los evaluadores del GAFI consideraron sólido el marco jurídico de este régimen, pero débil su aplicación. De 439 casos de declaración falsa o falta de declaración, las autoridades solo habían vinculado a un infractor con una actividad delictiva más amplia.¹¹

El último elemento del marco penal es la prohibición de revelación (tipping-off). Quien sabe o tiene motivos para sospechar que hay una investigación en curso, o que se ha presentado una comunicación de operación sospechosa (STR), comete un delito si revela información que pueda perjudicar la investigación. La pena es una multa de hasta 250 000 dólares, prisión de hasta tres años o ambas. Están exentos los abogados que asesoran a sus clientes y los juristas de empresa que asesoran a sus empleadores, salvo que la revelación persiga un fin ilícito. Para un gestor de relaciones con clientes de un banco privado, la norma significa que no puede decirse a un cliente cuya cuenta ha sido comunicada por qué se retrasan sus instrucciones.¹²

Notas

1. Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992, s 1 (texto de la edición revisada vigente reproducido de Singapore Statutes Online por LawPlayer SG, consultado en noviembre de 2026): «This Act is the Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992.». ↩
2. Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, Viena, 20 de diciembre de 1988; creación del GAFI en la cumbre del G7 de París en julio de 1989; sobre la promulgación de la Drug Trafficking (Confiscation of Benefits) Act en 1992 y su extensión a otros delitos graves y cambio de denominación en 1999, véase la historia legislativa en Singapore Statutes Online. ↩
3. CDSA, s 2(1), definiciones de «criminal conduct», «foreign serious offence» y «serious offence» (reproducción del texto vigente por LawPlayer SG, consultado en noviembre de 2026). ↩
4. Monetary Authority of Singapore, Response to Feedback Received – Consultation Paper to Designate Tax Crimes as Money Laundering Predicate Offences in Singapore (2013), apdo. 1.1: el documento de consulta de 9 de octubre de 2012 establecía «the scope of tax crimes that Singapore will be designating as money laundering (‘ML’) predicate offences with effect from 1 July 2013»; CDSA, s 2(1), definición de «foreign serious offence», letra (b): «includes any offence specified in the Third Schedule» [Act 24 of 2024 wef 14/11/2024] (reproducción de LawPlayer SG, consultado en noviembre de 2026); Monetary Authority of Singapore, National Anti-Money Laundering Strategy, 30 de octubre de 2024, tabla 1: «Introduction of a Third Schedule to the CDSA, designating foreign serious environmental crimes as ML predicate offences.». ↩
5. CDSA, ss 50(1) y 51(1) (reproducción de LawPlayer SG, consultado en noviembre de 2026): acuerdos por los que se facilita la conservación o el control de los beneficios de otra persona «is facilitated (whether by concealment, removal from jurisdiction, transfer to nominees or otherwise)» o por los que esos beneficios se utilizan para procurar fondos o adquirir bienes para esa persona; CDSA, ss 53(1)–(3) y 54(1)–(3) (reproducción de LawPlayer SG, consultado en noviembre de 2026); CDSA, s 54(4) (reproducción de LawPlayer SG, consultado en noviembre de 2026). ↩
6. CDSA, s 51(5) y (7) y s 54(5) y (7) (reproducción de LawPlayer SG, consultado en noviembre de 2026); CDSA, s 51(8)–(10) y s 54(8)–(9), insertados por la Act 21 of 2025 con efectos desde el 30 de diciembre de 2025 (reproducción de LawPlayer SG, consultado en noviembre de 2026); CDSA, s 55(1) y (2) (reproducción de LawPlayer SG, consultado en noviembre de 2026): multa de hasta 150 000 dólares o prisión de hasta tres años para las personas físicas, multa de hasta 300 000 dólares para las demás; Monetary Authority of Singapore, National Anti-Money Laundering Strategy, 30 de octubre de 2024, tabla 1 (reforma de 2018 que introdujo este delito); Monetary Authority of Singapore, National Anti-Money Laundering Strategy, 30 de octubre de 2024, tabla 1, entrada «CDSA 2018». ↩
7. Monetary Authority of Singapore, National Anti-Money Laundering Strategy, 30 de octubre de 2024, tabla 1, entrada «CDSA 2023»: reformas «especially in relation to cyber-enabled fraud» que abarcan «new ML offences including rash and negligent money laundering», que «would enable LEAs to prosecute persons for a ML offence at lower levels of culpability». ↩
8. CDSA, s 54(3A) y (6), insertados por la Act 15 of 2023 con efectos desde el 8 de febrero de 2024 (reproducción de LawPlayer SG, consultado en noviembre de 2026): multa de hasta 250 000 dólares o prisión de hasta cinco años por conducta temeraria, multa de hasta 150 000 dólares o prisión de hasta tres años por conducta negligente; CDSA, s 55A(1) y (2), insertados por la Act 15 of 2023 con efectos desde el 8 de febrero de 2024 (reproducción de LawPlayer SG, consultado en noviembre de 2026); CDSA, s 55A(3)–(6) (reproducción de LawPlayer SG, consultado en noviembre de 2026); GAFI y APG, Mutual Evaluation Report of Singapore, mayo de 2026, Executive Summary, apdo. 32: algunas medidas alternativas «(like CDSA S55A(1), the ‘Money Mule Offence’) were recently introduced and it is premature to assess effectiveness». ↩
9. CDSA, s 56(1) y (2) (reproducción de LawPlayer SG, consultado en noviembre de 2026). ↩
10. CDSA, s 56(5)–(10), insertados por la Act 24 of 2024 con efectos desde el 14 de noviembre de 2024 (reproducción de LawPlayer SG, consultado en noviembre de 2026); Monetary Authority of Singapore, National Anti-Money Laundering Strategy, 30 de octubre de 2024, tabla 1, entrada «CDSA 2024»: «It will be sufficient for the Prosecution to prove beyond a reasonable doubt that the money launderer knew or had reasonable grounds to believe that he was dealing with criminal proceeds.»; Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, Report, octubre de 2024: «the passage of the Anti-Money Laundering and Other Matters Act (AMLOM Act) in August 2024». ↩
11. CDSA, ss 58, 60(1) y 64 (reproducción de LawPlayer SG, consultado en noviembre de 2026); GAFI y APG, Mutual Evaluation Report of Singapore, mayo de 2026, Executive Summary, apdo. 37; GAFI y APG, Mutual Evaluation Report of Singapore, mayo de 2026, apdo. 528: toda persona que introduzca o saque efectivo del país «in excess of SGD 20 000» debe presentar una declaración en línea. ↩
12. CDSA, s 57(1) y (2) (reproducción de LawPlayer SG, consultado en noviembre de 2026); CDSA, s 57(3)–(5) (reproducción de LawPlayer SG, consultado en noviembre de 2026). ↩

Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.