El caso de blanqueo de capitales de 2023
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La investigación y los registros del 15 de agosto de 2023
El caso de 2023 tuvo unos largos antecedentes. Entidades financieras y otras empresas habían presentado comunicaciones sobre actividades sospechosas, entre ellas el uso de documentos presuntamente falsificados para acreditar el origen de los fondos depositados en cuentas bancarias. A principios de 2022, la policía inició una investigación de inteligencia encubierta que destapó una red de personas vinculadas entre sí con activos considerables en Singapur. Cuando hubo reunido pruebas suficientes, la policía detuvo el 15 de agosto de 2023 a diez sospechosos en una serie de registros simultáneos en toda la isla.1
Los diez sospechosos eran personas nacidas en China que poseían pasaportes de otros Estados, entre ellos Camboya y Dominica. Entre las actividades delictivas que presuntamente habían generado su patrimonio figuraban el préstamo de dinero sin licencia en China, las estafas y el juego en línea a distancia operado desde Filipinas.2 Ninguna de estas actividades tenía como objetivo Singapur o a sus residentes. Se trataba, por tanto, de productos del delito extranjeros en busca de un lugar seguro, precisamente el escenario que las normas contra el blanqueo de capitales de un centro financiero internacional pretenden impedir.
Los activos y el método
Los sospechosos siguieron un método reconocible. Registraron sociedades, extranjeras y locales, a su propio nombre. Utilizaron estas sociedades para obtener permisos de trabajo (Work Passes), que legitimaban su estancia en Singapur, y para abrir cuentas bancarias a través de las cuales canalizaban sus fondos. Después emplearon el dinero en la compra de inmuebles y productos preciosos, entre ellos lingotes de oro, relojes de lujo y joyas.3
El volumen de los activos creció a medida que avanzaba la investigación. En los primeros días se incautaron, congelaron o sometieron a órdenes de prohibición de disposición activos por valor de unos mil millones de dólares. En los meses siguientes, la cifra superó los tres mil millones.4 El Comité Interministerial dejó constancia más tarde de que se habían incautado o sometido a prohibición de disposición más de tres mil millones de dólares en activos financieros y físicos presuntamente ilícitos, incluidos efectivo, criptomonedas y artículos de lujo. Calificó la operación como una de las mayores realizadas en todo el mundo.5
El método muestra qué hacía atractivo Singapur para el grupo. Cada uno de sus elementos utilizaba un cauce ordinario de una economía abierta: el registro de sociedades a través de proveedores de servicios societarios, los permisos de trabajo para empleados de esas sociedades, las cuentas bancarias de las sociedades y de sus propietarios y un mercado inmobiliario abierto a compradores extranjeros con medios para pagar. Ningún guardián del sistema (gatekeeper) veía el cuadro completo. El banco veía a un titular de cuenta con una sociedad y un permiso de trabajo. El agente inmobiliario veía a un comprador con una cuenta bancaria, mientras que el proveedor de servicios societarios veía a un cliente que quería una sociedad. Esa fragmentación es la lección central del caso.
Condenas, decomisos y sospechosos fugados
Los diez acusados se declararon culpables. El primero, Su Wenqiang, fue condenado el 2 de abril de 2024 a trece meses de prisión. El último, Su Jianfeng, recibió diecisiete meses en junio de 2024, la pena más larga de los diez.6 En julio de 2024, los diez habían sido condenados por blanqueo de capitales y otros delitos a penas de entre trece y diecisiete meses. Más del 90 % de los bienes que se les habían incautado, por valor de más de 940 millones de dólares, se decomisó a favor del Estado. Los diez fueron expulsados tras cumplir sus penas y se les prohibió volver a entrar en Singapur.7
Las penas fueron criticadas por indulgentes. Reflejaban los cargos que podían probarse en Singapur, relativos a la posesión y el uso de productos del delito, la falsedad y las declaraciones falsas, así como el hecho de que cada acusado aceptó el decomiso de la mayor parte de sus activos. El decomiso fue el resultado más significativo. Un blanqueador que pasa un año en prisión y pierde la mayor parte de su fortuna no ha ganado nada llevando su dinero a Singapur.
Los diez acusados eran solo una parte de la red. El Comité Interministerial informó de que seguían abiertas investigaciones contra diecisiete personas que se encontraban fuera de Singapur, vinculadas con unos dos mil millones de dólares en activos incautados.8 En noviembre de 2024, quince de ellas aceptaron entregar activos por valor de unos 1,85 mil millones de dólares. Sumados a los decomisos de los diez condenados, se habían entregado al Estado unos 2,8 mil millones de dólares.9 En agosto de 2024, dos antiguos empleados de banca y un antiguo chófer singapurense de uno de los hombres buscados fueron acusados ante un tribunal, lo que llevó la investigación al círculo de quienes habían servido a la red.10 En octubre de 2025, dos antiguos gestores de relaciones con clientes fueron condenados por delitos relacionados con el caso. Wang Qiming recibió veinticuatro meses de prisión por falsedad, blanqueo de capitales y obstrucción a la justicia, y Liu Kai, cuatro meses por utilizar un documento falsificado para estafar a Bank Julius Baer. En marzo de 2026, la MAS (Monetary Authority of Singapore, la autoridad monetaria y supervisora financiera) les inhabilitó para el sector financiero durante dieciséis y siete años, respectivamente.11
El Comité Interministerial
En noviembre de 2023, el Gobierno creó un Comité Interministerial (Inter-Ministerial Committee) para revisar el marco contra el blanqueo de capitales a la luz del caso. Lo presidía Indranee Rajah, ministra en la Oficina del Primer Ministro y segunda ministra de Finanzas y de Desarrollo Nacional.12 La revisión abarcó cinco ámbitos: el uso indebido de estructuras societarias, los controles de las entidades financieras y su cooperación mutua, el papel de otros guardianes del sistema, como los proveedores de servicios societarios, los agentes inmobiliarios y los comerciantes de piedras y metales preciosos, las capacidades de seguimiento de los organismos públicos y los instrumentos de aplicación de la ley. Su informe se publicó el 4 de octubre de 2024.13
El informe agrupó sus recomendaciones en tres epígrafes: prevención proactiva, detección oportuna y aplicación eficaz de la ley.14 Su tono fue notablemente equilibrado. La presidenta escribió que el Comité había calibrado sus recomendaciones para no imponer una carga indebida a la gran mayoría de las empresas, que son legítimas. Singapur, añadió, seguiría acogiendo a los inversores legítimos «sin dejar de estar vigilante ni caer en la tentación del dinero sucio, para no empañar nuestra reputación, ganada con esfuerzo, como centro empresarial de confianza».15
La respuesta legislativa
El Parlamento ya había actuado en varios frentes antes de la publicación del informe. En febrero de 2024 se modificó la ley sobre comerciantes de piedras y metales preciosos para que los productos con un precio superior a 20 000 dólares entren en su ámbito de aplicación, con independencia del valor de sus componentes preciosos. En agosto de 2024, el umbral de diligencia debida respecto del cliente en los casinos se rebajó de 10 000 dólares para operaciones individuales en efectivo y 5000 dólares para depósitos a 4000 dólares en ambos casos.16
La Corporate Service Providers Act 2024 obligó a toda entidad que preste servicios societarios en Singapur a registrarse en la ACRA (Accounting and Corporate Regulatory Authority, el registro mercantil y autoridad de supervisión contable) e introdujo multas de hasta 100 000 dólares para los proveedores y su alta dirección que incumplan sus obligaciones. Una reforma complementaria obligó a las sociedades a conservar información sobre sus titulares reales desde la fecha de constitución y a verificarla anualmente.17
El cambio más importante afectó al Derecho penal. La Anti-Money Laundering and Other Matters Act, aprobada en agosto de 2024, modificó la Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act y el Criminal Procedure Code. Antes, la acusación debía probar que el dinero blanqueado en Singapur procedía de una conducta delictiva, lo que a menudo exigía pruebas de víctimas y autoridades extranjeras. Tras la reforma, basta con probar que el blanqueador sabía o tenía motivos razonables para creer que los bienes eran producto del delito.18 Una segunda reforma se ocupó de los sospechosos fugados. Una persona que ha huido y sobre la que existen sospechas razonables de un delito relacionado con bienes incautados ya no puede reclamar esos bienes salvo que comparezca ante un agente de las fuerzas del orden para colaborar con la investigación, bajo control judicial.19 Ambos cambios responden directamente al caso de 2023. El primero facilita la prueba de los delitos subyacentes cometidos en el extranjero, el segundo la recuperación de los activos que dejaron atrás los diecisiete que escaparon.
La reforma designó además los delitos medioambientales graves cometidos en el extranjero como delitos subyacentes en un nuevo anexo tercero de la ley, lo que permite investigar el dinero situado en Singapur que procede de tales delitos.20 El capítulo H.III examina en detalle estas leyes y las notices (instrucciones vinculantes) de la MAS.
El ajuste de cuentas supervisor de julio de 2025
La MAS examinó las entidades financieras relacionadas con el caso entre principios de 2023 y principios de 2025. El 4 de julio de 2025 anunció sanciones transaccionales por un total de 27,45 millones de dólares a nueve entidades. La sucursal de Credit Suisse en Singapur pagó 5,8 millones de dólares y United Overseas Bank, 5,6 millones. UBS pagó 3 millones de dólares y UOB Kay Hian, 2,85 millones. Las dos entidades de Citibank pagaron conjuntamente 2,6 millones, mientras que Julius Baer y Blue Ocean Invest pagaron 2,4 millones cada una. Trident Trust Company (Singapore) pagó 1,8 millones de dólares y LGT Bank (Singapore), 1 millón.21
Las conclusiones resultaron más reveladoras que los importes. Las nueve entidades habían pasado por alto señales de alarma sobre el origen del patrimonio de sus clientes o no las habían investigado. Algunos aspectos de ese patrimonio no se habían corroborado nunca. Cinco entidades habían calificado el riesgo de determinados clientes por debajo de lo debido. Ocho no habían revisado adecuadamente operaciones que sus propios sistemas de seguimiento habían señalado como sospechosas. UOB y UOB Kay Hian no habían adoptado a tiempo medidas de mitigación del riesgo respecto de clientes sobre los que ya habían presentado comunicaciones de operaciones sospechosas (STR).22 La MAS señaló que la mayoría de las entidades tenían políticas contra el blanqueo de capitales. Las infracciones se debieron a una aplicación deficiente o incoherente de esas políticas.23
Las medidas contra personas físicas siguieron la lógica de rendición de cuentas examinada en el capítulo E.I. La MAS dictó órdenes de inhabilitación (prohibition orders) contra el consejero delegado y el director de operaciones de Blue Ocean Invest por seis y cinco años, y contra dos gestores de relaciones con clientes de la entidad por tres años. Amonestó a altos directivos de Trident Trust y a antiguos jefes de equipo de UOB.24 La subdirectora gerente de supervisión financiera, Ho Hern Shin, declaró que la MAS «no dudará en adoptar medidas firmes» cuando las entidades y sus empleados incurran en fallos graves.25
Un error frecuente
El caso de 2023 se presenta a veces como prueba de que las defensas de Singapur fallaron. La realidad tiene más matices. El caso se detectó en Singapur, en parte gracias a comunicaciones de operaciones sospechosas presentadas por entidades singapurenses, y se enjuició en Singapur, que logró condenas y el decomiso o la entrega de miles de millones de dólares. Lo que falló fue la coherencia de los controles en el punto de entrada, donde las entidades aceptaron patrimonios cuyo origen no habían determinado. La detección funcionó tarde y la prevención funcionó mal.
Notas
- Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, Report, octubre de 2024, “Key Facts of August 2023 Money Laundering Case” (mas.gov.sg/-/media/mas-media-library/news/media-releases/2024/imc-report.pdf, consultado en noviembre de 2026): comunicaciones sobre el uso de documentos presuntamente falsificados para acreditar el origen de los fondos; investigación de inteligencia encubierta desde principios de 2022; detención de diez sospechosos en registros simultáneos el 15 de agosto de 2023. ↩
- Wikipedia, “2023 Singapore money laundering case” (consultado en noviembre de 2026): los diez acusados eran ciudadanos chinos de la región de Minnan con diversos pasaportes no chinos, entre ellos camboyanos (Wang Baosen, Su Wenqiang) y dominiqueses (Lin Baoying); los fondos estaban vinculados al préstamo de dinero sin licencia en China, a estafas y al juego en línea a distancia en Filipinas. ↩
- Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, Report, octubre de 2024, “Key Facts of August 2023 Money Laundering Case”: los investigados registraron sociedades extranjeras y locales, las utilizaron para obtener permisos de trabajo y abrir cuentas bancarias para «funnel their illicit funds», y emplearon los fondos en la compra de inmuebles y productos preciosos como lingotes de oro, relojes de lujo y joyas. ↩
- Wikipedia, “2023 Singapore money laundering case” (consultado en noviembre de 2026): alrededor de 1000 millones de S$ incautados, congelados o sujetos inicialmente a órdenes de prohibición de disposición, cifra que ascendió después a unos 3000 millones de S$. ↩
- Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, Report, octubre de 2024, “Key Facts”: «More than $3 billion of suspected illicit financial and physical assets, including cash, cryptocurrencies and luxury goods were seized or prohibited from disposal in this AML operation, one of the largest undertaken globally.» ↩
- Wikipedia, “2023 Singapore money laundering case” (consultado en noviembre de 2026): Su Wenqiang, condenado el 2 de abril de 2024 a trece meses, con decomiso de más de 5,9 millones de S$; Su Jianfeng, condenado en junio de 2024 a diecisiete meses, con decomiso de más de 178,9 millones de S$. ↩
- Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, Report, octubre de 2024, “Key Facts”: los diez investigados, condenados en julio de 2024 a penas de prisión «of between 13 and 17 months»; más del 90 % de sus bienes incautados, «totalling approximately more than $940 million», decomisados a favor del Estado; todos expulsados y con prohibición de volver a entrar en Singapur. ↩
- Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, Report, octubre de 2024, “Key Facts”: «investigations are ongoing against 17 persons who are not in Singapore, involving approximately $2 billion of seized assets». ↩
- Wikipedia, “2023 Singapore money laundering case” (consultado en noviembre de 2026): el 18 de noviembre de 2024, 15 de las 17 personas aún buscadas aceptaron entregar unos 1,85 mil millones de S$ en activos, con lo que el total entregado, junto con los 944 millones de S$ de los condenados, ascendió a unos 2,8 mil millones de S$. ↩
- Wikipedia, “2023 Singapore money laundering case” (consultado en noviembre de 2026): el 15 de agosto de 2024, dos antiguos empleados de banca y un antiguo chófer de Su Binghai, un singapurense de 41 años, fueron acusados ante un tribunal. ↩
- Monetary Authority of Singapore, comunicado de actuaciones sancionadoras de 17 de marzo de 2026 sobre las órdenes de inhabilitación contra dos antiguos gestores de relaciones con clientes condenados por cargos relacionados con el caso de blanqueo de capitales de agosto de 2023, reproducido por Mondo Visione (mondovisione.com, consultado en noviembre de 2026): Wang Qiming, condenado el 23 de octubre de 2025 por cuatro cargos de falsedad, blanqueo de capitales y obstrucción a la justicia a 24 meses; Liu Kai, condenado el 24 de octubre de 2025 por utilizar como auténtico un documento falsificado para estafar a Bank Julius Baer & Co. Ltd. a cuatro meses; órdenes de inhabilitación de 16 y 7 años con efecto desde el 17 de marzo de 2026. ↩
- Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, Report, octubre de 2024, resumen ejecutivo: el IMC se creó en noviembre de 2023 y lo preside Indranee Rajah, ministra en la Oficina del Primer Ministro y segunda ministra de Finanzas y de Desarrollo Nacional. ↩
- Monetary Authority of Singapore, National Anti-Money Laundering Strategy, 30 de octubre de 2024, apdo. 2.5 y nota 2: los cinco ámbitos de la revisión del IMC; «The IMC’s findings and recommendations were published on 4 Oct 2024». ↩
- Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, Report, octubre de 2024, resumen ejecutivo: recomendaciones agrupadas en «Proactive Prevention», «Timely Detection» y «Effective Enforcement». ↩
- Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, Report, octubre de 2024, prólogo de la presidenta del IMC: recomendaciones calibradas «so that we do not place undue burden on the large majority of businesses, which are legitimate»; «We continue to welcome legitimate investors and businesses, while remaining watchful and not falling prey to the allure of dirty money, to avoid tarnishing our hard-earned reputation as a trusted business hub.» ↩
- Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, Report, octubre de 2024, “Proactive Prevention”: modificación de la PSPM Act en febrero de 2024 para incluir los productos con un precio superior a 20 000 dólares con independencia del valor de los componentes preciosos; modificación de la Casino Control Act en agosto de 2024 que rebaja el umbral de diligencia debida respecto del cliente de 10 000 dólares (efectivo) y 5000 dólares (depósitos) a 4000 dólares en ambos casos. ↩
- Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, Report, octubre de 2024, “Proactive Prevention”: la Corporate Service Providers Act 2024, presentada en julio de 2024, que exige el registro de todas las entidades que prestan servicios societarios e introduce multas de hasta 100 000 dólares; la Companies and Limited Liability Partnerships (Miscellaneous Amendments) Act 2024, que exige información sobre la titularidad real desde la constitución y su verificación anual, y eleva la multa máxima por infracciones relativas al registro de 5000 dólares a 25 000 dólares. ↩
- Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, Report, octubre de 2024, “Effective Enforcement”: aprobación de la Anti-Money Laundering and Other Matters Act en agosto de 2024, que modifica la CDSA y el CPC; «it will suffice for the Prosecution to prove that the money launderer knew, or had reasonable grounds to believe that the property he was dealing with were the gains from criminal conduct». ↩
- Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, Report, octubre de 2024, “Effective Enforcement”: conforme a la AMLOM Act, una persona fugada sobre la que existan sospechas razonables de un delito relevante en relación con bienes incautados «cannot claim to be entitled to the property, unless the person personally presents himself or herself before a law enforcement officer», bajo control judicial. ↩
- Monetary Authority of Singapore, National Anti-Money Laundering Strategy, 30 de octubre de 2024, tabla 1, sobre las reformas de 2024 de la CDSA: supresión de la necesidad de probar que los bienes blanqueados son beneficio de una conducta delictiva, acceso de los supervisores en materia de PBC/FT a las comunicaciones de operaciones sospechosas y un anexo tercero que designa los delitos medioambientales graves cometidos en el extranjero como delitos subyacentes. ↩
- Monetary Authority of Singapore, “MAS Takes Regulatory Actions against 9 Financial Institutions for AML-Related Breaches”, 4 de julio de 2025 (mas.gov.sg, consultado en noviembre de 2026): sanciones transaccionales por un total de 27,45 millones de S$ a Credit Suisse Singapore Branch (5,8 millones de S$), UOB (5,6 millones de S$), UBS AG Singapore Branch (3 millones de S$), UOB Kay Hian (2,85 millones de S$), Citibank N.A. Singapore Branch y Citibank Singapore Limited (2,6 millones de S$), Bank Julius Baer & Co. Singapore Branch (2,4 millones de S$), Blue Ocean Invest (2,4 millones de S$), Trident Trust Company (Singapore) (1,8 millones de S$) y LGT Bank (Singapore) (1 millón de S$); inspecciones supervisoras desde principios de 2023 hasta principios de 2025. ↩
- Monetary Authority of Singapore, “MAS Takes Regulatory Actions against 9 Financial Institutions for AML-Related Breaches”, 4 de julio de 2025: las nueve entidades pasaron por alto o no investigaron señales de alarma sobre el origen del patrimonio de los clientes; cinco calificaron erróneamente el riesgo de clientes; ocho no revisaron adecuadamente operaciones señaladas por sus propios sistemas; UOB y UOB Kay Hian no adoptaron a tiempo medidas de mitigación del riesgo respecto de clientes sobre los que habían presentado STR. ↩
- Monetary Authority of Singapore, “MAS Takes Regulatory Actions against 9 Financial Institutions for AML-Related Breaches”, 4 de julio de 2025: «The breaches arose out of poor or inconsistent implementation of these policies and controls.» ↩
- Monetary Authority of Singapore, “MAS Takes Regulatory Actions against 9 Financial Institutions for AML-Related Breaches”, 4 de julio de 2025: órdenes de inhabilitación contra el consejero delegado (seis años) y el director de operaciones (cinco años) de Blue Ocean Invest, con efecto desde el 1 de agosto de 2025, y contra dos gestores de relaciones con clientes (tres años cada uno); amonestaciones a tres directivos de Trident Trust Company (Singapore) y a dos antiguos jefes de equipo de UOB; amonestaciones privadas a nueve gestores de relaciones con clientes y supervisores. ↩
- Monetary Authority of Singapore, “MAS Takes Regulatory Actions against 9 Financial Institutions for AML-Related Breaches”, 4 de julio de 2025, con cita de Ho Hern Shin, Deputy Managing Director (Financial Supervision): «Where there are serious failings by FIs and their employees, MAS will not hesitate to take firm action.» ↩
Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.