Sanciones y controles de exportación: medidas de la ONU, Rusia y sanciones secundarias
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Un centro comercial vive de la libertad de circulación de mercancías, buques y pagos. Las sanciones existen para detener parte de ellos. Para Singapur, cuyo puerto gestiona carga de todas las grandes economías y cuyos bancos y operadores tratan a diario con contrapartes en Rusia, China, los países vecinos de Irán, el Golfo y Occidente, el Derecho de las sanciones es, por tanto, algo más que una materia de cumplimiento normativo. Define dónde se sitúa la ciudad cuando las grandes potencias discrepan. Durante la mayor parte de su historia como Estado independiente, Singapur respondió a esa pregunta con una sola regla: aplica las sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ninguna otra. La invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 dio lugar a la primera excepción significativa en más de cuatro décadas.
Este capítulo examina el panorama de las sanciones en un centro situado entre Oriente y Occidente. Comienza con el mecanismo jurídico mediante el cual Singapur da efecto a las sanciones de las Naciones Unidas y con la jurisprudencia que define sus límites. A continuación analiza las medidas adoptadas contra Rusia en 2022 y su evolución posterior. Una tercera sección se ocupa de los regímenes estadounidense y europeo, que Singapur no aplica y que, sin embargo, vinculan a sus bancos, operadores y navieros a través del dólar, de la banca corresponsal y de sus contratos. El capítulo examina después la dimensión marítima, desde los transbordos de buque a buque en las aguas que rodean Singapur hasta las flotas en la sombra que transportan petróleo sancionado, y concluye con el control de los bienes estratégicos.
La comparación con el volumen sobre Ginebra recorre todo el capítulo. Su capítulo sobre sanciones se abría con la decisión del Consejo Federal suizo, de 28 de febrero de 2022, de adoptar las sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Se cerraba con el paralelismo de las ordenanzas de Luis XI, que en 1462 cortaron por decreto real el acceso a las ferias de Ginebra. Singapur anunció sus propias medidas el mismo día, pero actuó en solitario, con instrumentos propios y con un alcance más limitado. La diferencia refleja dos respuestas a un mismo problema. Una plaza comercial que vive de flujos decididos en otros lugares debe elegir hasta qué punto se alinea con las potencias que pueden interrumpirlos.
Lo esencial
Singapur aplica las sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a través de la United Nations Act 2001, de reglamentos de la Monetary Authority of Singapore (MAS, la autoridad monetaria y supervisora financiera) para las entidades financieras y de controles comerciales administrados por Singapore Customs (las aduanas). Por principio, no aplica las sanciones unilaterales adoptadas por otros Estados. Las medidas contra Rusia anunciadas el 28 de febrero y el 5 de marzo de 2022 fueron una excepción poco habitual: prohíben la exportación a Rusia de material militar y de determinados artículos electrónicos, informáticos y de telecomunicaciones, e impiden a las entidades financieras operar con cuatro bancos rusos y financiar nueva deuda pública rusa. Las sanciones estadounidenses, europeas y británicas alcanzan a Singapur de forma indirecta a través del dólar, los bancos corresponsales, las aseguradoras y las contrapartes contractuales, lo que les confiere fuerza comercial en la ciudad. Los transbordos de buque a buque en las aguas que rodean Singapur y el crecimiento de las flotas en la sombra que transportan petróleo ruso e iraní han convertido el riesgo marítimo en una materia central del cumplimiento normativo. La Strategic Goods (Control) Act, en vigor desde el 1 de enero de 2003, controla la exportación, el transbordo, el tránsito, la intermediación y la transferencia intangible de bienes militares y de doble uso.
Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.