Persecución penal: responsabilidad penal de las empresas, acuerdos de suspensión del procesamiento y cooperación transfronteriza
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El 24 de abril de 2026, la General Division del High Court de Singapur declaró que un acuerdo de suspensión del procesamiento (deferred prosecution agreement) entre el Public Prosecutor (el Ministerio Fiscal) y Seatrium Limited, la antigua Sembcorp Marine, respondía al interés de la justicia y que sus condiciones eran justas, razonables y proporcionadas.1 La declaración culminó un procedimiento que el Parlamento había creado ocho años antes y que nunca se había utilizado. También cerró, para la sociedad aunque no para todas las personas implicadas, uno de los capítulos más largos de las investigaciones brasileñas Lava Jato que llegaron a Singapur. El caso reúne en un solo expediente los tres elementos de este capítulo: una sociedad que responde por los delitos cometidos por sus personas, una solución negociada bajo supervisión judicial y una resolución que tuvo que encajar con procedimientos en otro país.
Este capítulo examina cómo Singapur aplica el Derecho penal a las empresas y cómo coopera con las autoridades extranjeras cuando la conducta, las pruebas o el dinero se encuentran en el extranjero. Comienza con los principios de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y pasa después a los acuerdos de suspensión del procesamiento y, a continuación, a la asistencia judicial mutua y la extradición. Prosigue con el decomiso y la restitución del producto del delito y concluye con los problemas de los procedimientos paralelos en varias jurisdicciones. El marco contra el blanqueo de capitales se trata en el capítulo III de esta parte. Los escándalos de integridad de 1MDB y el caso de blanqueo de capitales de 2023 se describen en el capítulo VI de la parte E. El presente capítulo recurre a esos casos solo cuando ilustran los instrumentos de la persecución penal.
El volumen sobre Ginebra dedica su capítulo correspondiente a la responsabilidad penal de las empresas conforme al artículo 102 del Código Penal suizo (StGB/CP) y a las condenas de Gunvor, Glencore y Trafigura.2 Ambos centros financieros afrontan la misma cuestión estructural. Los dos albergan casas de comercio, bancos y gestores de activos cuya actividad se desarrolla mayoritariamente en el extranjero, de modo que gran parte de las conductas ilícitas de las que se ocupan sus fiscales tiene lugar en otros países. Las respuestas difieren de manera instructiva. Suiza se basa en una forma legal específica de responsabilidad de la empresa, sanciona a las sociedades mediante órdenes penales y hasta ahora ha renunciado a introducir la suspensión del procesamiento. Singapur trata a la sociedad como una persona en su Derecho penal general, le imputa los actos de las personas físicas mediante reglas del common law y ha adoptado un régimen de suspensión del procesamiento inspirado en el inglés.
Lo esencial
El Derecho singapurense trata a las sociedades como «personas» que pueden cometer casi cualquier delito y les imputa los actos y conocimientos de personas físicas conforme a las reglas de imputación del common law y a disposiciones legales específicas, como la sección 73 de la Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act. Las multas máximas aplicables en caso de condena de una sociedad son a menudo modestas, por ejemplo 100 000 S$ por cada cargo de corrupción, y por eso las soluciones negociadas comprenden sumas mucho mayores. La Criminal Justice Reform Act 2018 introdujo acuerdos de suspensión del procesamiento para sociedades y otras organizaciones, que requieren la aprobación del High Court y se publican en la Government Gazette. El primero de estos acuerdos, con Seatrium en 2025, impuso una sanción de 110 millones de dólares estadounidenses, de los cuales 53 millones podían compensarse con pagos a Brasil. La cooperación internacional se basa en la Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000, la Extradition Act 1968 y las disposiciones sobre decomiso de la ley de 1992. La actuación de autoridades extranjeras en el caso Keppel de 2017 mostró cómo se reparten las resoluciones entre los Estados Unidos, Brasil y Singapur.
Notas
- Republic of Singapore Government Gazette, Notice No. 2439 de 30 de abril de 2026, «Criminal Procedure Code 2010: Declaration relating to Deferred Prosecution Agreement», apdo. 1: declaración de la General Division del High Court de 24 de abril de 2026 conforme a la sección 149F del Criminal Procedure Code 2010 en relación con el DPA de 30 de julio de 2025 entre el Public Prosecutor y Seatrium Limited (antes Sembcorp Marine Ltd). ↩
- Ressos, Genève, place financière internationale, partie H, chapitre V, « La responsabilité pénale des entreprises : Gunvor, Glencore, Trafigura ». ↩
Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.