Criptoactivos: de la Payment Services Act a Project Guardian
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Pocos temas han puesto a prueba la reputación de la Monetary Authority of Singapore (MAS, la autoridad monetaria y supervisora financiera) con tanta severidad como los criptoactivos. En los años posteriores a 2017, la ciudad atrajo a plataformas de intercambio, empresas de trading, emisores de tokens y fondos de inversión de todo el mundo, seducidos por un regulador que había prometido un marco claro y por un centro financiero que parecía acoger la innovación. Cuando en 2022 quebraron varias de las más destacadas de estas empresas, algunas con sede en Singapur, las autoridades se vieron acusadas a la vez de haber sido demasiado acogedoras y de ser demasiado lentas. La historia regulatoria desde entonces es la de una corrección. Se estrechó la frontera de la actividad permitida para los inversores minoristas y para las empresas que solo atienden a clientes extranjeros, mientras el Estado invertía con fuerza en el uso institucional de la misma tecnología.
Este capítulo recorre esa historia en cinco etapas. Comienza con la Payment Services Act 2019, la ley que sometió por primera vez a licencia la negociación y el intercambio de criptomonedas, y con sus modificaciones posteriores. Examina después las quiebras de 2022 y las medidas que las siguieron, antes de pasar al régimen de los proveedores de servicios de tokens digitales previsto en la Financial Services and Markets Act 2022, que cerró la puerta a las empresas que utilizaban Singapur como base para negocios realizados íntegramente en el extranjero. La cuarta sección trata de las stablecoins, desde el marco anunciado en 2023 hasta la consulta legislativa de septiembre de 2026. La quinta describe Project Guardian y el programa más amplio de tokenización, en el que la Monetary Authority colabora con bancos, gestoras de activos y reguladores extranjeros para trasladar activos convencionales a registros distribuidos. Una sección sobre las consecuencias prácticas y una comparación con Ginebra y Zúrich cierran el capítulo.
El volumen paralelo sobre Ginebra dedica al mismo tema el primer capítulo de su parte K. Suiza optó por adaptar su Derecho civil, mercantil y concursal ordinario a la tecnología de registro distribuido mediante una única ley, la Ley TRD (DLT) de 2021, y trató los tokens según su función económica.1 Singapur siguió un camino distinto. Abordó el ámbito a través de la regulación financiera, sometiendo a licencia las actividades una por una, y dejó las cuestiones de propiedad e insolvencia a sus tribunales de common law. Ambos enfoques generaron seguridad jurídica, aunque de distinto tipo, y la comparación al final de este capítulo se pregunta cuál de ellos sirve mejor a un centro de gestión patrimonial.
Lo esencial
La Payment Services Act 2019, en vigor desde el 28 de enero de 2020, sometió a licencia los servicios de digital payment tokens junto con seis servicios de pago convencionales, con el control del blanqueo de capitales como primer objetivo. Las quiebras de 2022, entre ellas las de Terra y Luna, el hedge fund con sede en Singapur Three Arrows Capital y la plataforma de intercambio FTX, en la que Temasek perdió su inversión, llevaron a la Monetary Authority a restringir el acceso minorista y a exigir la segregación de los activos de los clientes en trust. Por su parte, una ampliación de la ley a la custodia y a la facilitación de transferencias, aprobada en 2021, surtió efecto en abril de 2024. Desde el 30 de junio de 2025, la parte 9 de la Financial Services and Markets Act 2022 exige una licencia a las empresas de Singapur que solo atienden a clientes extranjeros, y la Monetary Authority ha declarado que, por regla general, no la concederá. En agosto de 2023 se anunció un marco para las stablecoins de moneda única, y el 1 de septiembre de 2026 se sometieron a consulta modificaciones legislativas para darle rango legal. Paralelamente, Project Guardian, lanzado el 31 de mayo de 2022, y la iniciativa de liquidación BLOOM han convertido a Singapur en uno de los principales laboratorios de las finanzas tokenizadas.
Notas
- Ressos, Genève, place financière internationale, parte K, capítulo I, sobre la Ley federal de 25 de septiembre de 2020 de adaptación del Derecho federal a la evolución de la tecnología de registro distribuido (Ley TRD), en vigor el 1 de febrero de 2021 y el 1 de agosto de 2021, y las directrices de la FINMA sobre tokens de febrero de 2018. ↩
Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.