Responsabilidad penal de las empresas
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La sociedad como persona
El Derecho penal de Singapur no contiene una disposición general dedicada a la responsabilidad penal de las sociedades. Las alcanza a través de definiciones. La Interpretation Act 1965 (ley de interpretación de las normas) dispone que «persona» y «parte» incluyen «cualquier sociedad, asociación o agrupación de personas, con o sin personalidad jurídica». El Penal Code contiene su propia definición en el mismo sentido: «El término “persona” incluye cualquier sociedad, asociación o agrupación de personas, constituida o no.»1 Dado que el Penal Code procede del código indio de 1860, cuya historia se expuso en el capítulo I de la parte B, la definición forma parte del Derecho penal de Singapur desde la época colonial.
La consecuencia es que una sociedad puede cometer, en principio, cualquier delito que por su naturaleza no requiera un cuerpo humano, como la bigamia, o que no esté castigado únicamente con pena de prisión. La corrupción, la estafa (cheating), la apropiación indebida con abuso de confianza (criminal breach of trust), la falsificación de cuentas y el blanqueo de capitales pueden ser cometidos por una sociedad. Las cuestiones prácticas se refieren a la imputación y a la sanción: qué actos y qué estado mental cuentan como propios de la sociedad, y qué sanción puede imponer un tribunal a una entidad que no puede ser encarcelada.
De la mente directora a las reglas de imputación
La respuesta tradicional del common law es la doctrina de la identificación. En Tesco Supermarkets Ltd v Nattrass, la House of Lords sostuvo en 1971 que solo los actos de quienes representan la mente y la voluntad directoras de la sociedad se consideran actos propios de esta. Lord Reid dijo de una persona así que «actúa como la sociedad y su mente, que dirige sus actos, es la mente de la sociedad».2 La doctrina fue criticada por proteger a las grandes organizaciones, ya que la alta dirección rara vez comete delitos personalmente, mientras que los mandos que sí lo hacen suelen tener un rango demasiado bajo para contar como mente directora.
El Privy Council afinó el enfoque en 1995. En Meridian Global Funds Management Asia Ltd v Securities Commission, un recurso procedente de Nueva Zelanda, Lord Hoffmann explicó que una sociedad solo actúa a través de reglas de imputación: reglas primarias contenidas en sus estatutos, reglas generales de representación y de responsabilidad vicaria, y reglas especiales que un tribunal elabora para una disposición legal concreta según su finalidad. Resumió la idea en una frase citada desde entonces por numerosos tribunales del common law: «En realidad no existe la sociedad como tal, ningún ding an sich, solo las reglas aplicables.»3
El Court of Appeal de Singapur adoptó el marco de Meridian. En Ho Kang Peng v Scintronix Corp Ltd, resuelto el 30 de abril de 2014, un antiguo consejero delegado que había hecho que su sociedad realizara pagos que el tribunal calificó de «sobornos en la práctica» alegó que su propio conocimiento, y el de otros directivos, debía imputarse a la sociedad. El tribunal aplicó las tres categorías de reglas de imputación de Lord Hoffmann. Consideró la expresión «mente y voluntad directoras» como «una mera etiqueta cómoda» y se preguntó qué regla de imputación era aplicable a la finalidad en cuestión.4 Se trataba de una acción civil de la sociedad contra su antiguo administrador (director), pero su razonamiento sobre la imputación se aplica igualmente cuando se trata de determinar si una sociedad es penalmente responsable de la conducta de sus directivos.
El tribunal sostuvo además que un administrador que hace que una sociedad pague sobornos «no actúa en interés de la sociedad», aunque persiga una ganancia financiera a corto plazo, y que tales pagos eran «prima facie impropios y, de hecho, ilegales».5 Esto es relevante para la persecución penal de las empresas en dos sentidos. Una sociedad no puede alegar fácilmente que el soborno cometido por sus directivos redundaba en su interés y estaba, por tanto, autorizado. Los directivos, a su vez, no pueden escudarse en la sociedad cuando esta pretende después recuperar de ellos sus pérdidas.
Imputación legal y responsabilidad de los directivos
Varias leyes sustituyen el incierto criterio del common law por reglas específicas. La más importante para el sector financiero es la Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992, denominada habitualmente CDSA (ley sobre el decomiso de los beneficios de la corrupción, el narcotráfico y otros delitos graves). Su sección 73 dispone que la conducta y el estado mental de un administrador, empleado o agente que actúe dentro del ámbito de sus facultades reales o aparentes pueden imputarse a una persona jurídica.6 La disposición extiende la imputación muy por debajo del consejo de administración y de la alta dirección. Un gestor de relaciones con clientes que maneja a sabiendas el producto del fraude de un cliente puede exponer así al propio banco a una acusación de blanqueo de capitales.
La misma ley actúa también en sentido inverso. Según la sección 80, cuando se prueba que un delito cometido por una persona jurídica se cometió con el consentimiento o la connivencia de un directivo, o que es imputable a su negligencia, «tanto el directivo como la persona jurídica serán culpables del delito». Los apartados (3) y (4) extienden la regla a los socios de sociedades personalistas y a los directivos de asociaciones sin personalidad jurídica.7 Muchas leyes de regulación contienen cláusulas similares sobre la responsabilidad de los directivos, entre ellas las que administra la Monetary Authority of Singapore (MAS, la autoridad monetaria y supervisora financiera), descritas en el capítulo I de la parte E. Así quedan vinculadas la responsabilidad de la empresa y la individual: el procesamiento de la sociedad abre con frecuencia la puerta al procesamiento de sus administradores por negligencia.
Las penas y sus límites
Las penas aplicables a una sociedad condenada son las multas, el comiso y las órdenes accesorias a ellos. Las multas previstas en la ley general contra la corrupción son bajas para los estándares internacionales. Las secciones 5 y 6 de la Prevention of Corruption Act 1960 (ley de prevención de la corrupción) prevén una multa de hasta 100 000 S$ o una pena de prisión de hasta cinco años, o ambas, mientras que la sección 7 eleva la pena máxima de prisión a siete años cuando el asunto se refiere a un contrato con el Gobierno o con un organismo público. Para una sociedad, solo la multa es relevante. La sección 13 añade una sanción equivalente al importe de la gratificación, que el tribunal debe imponer además de cualquier otra pena y que se cobra como una multa.8
Los delitos de blanqueo de capitales de la CDSA llegan más lejos. Una persona jurídica condenada conforme a las secciones 50, 51, 53 o 54 puede ser castigada con una multa de hasta 1 millón de S$ o el doble del valor de los beneficios de que se trate, si esta cantidad es mayor. La sección 55A, que castiga ayudar a otro a conservar beneficios delictivos en circunstancias sospechosas, por ejemplo cuando la persona no adoptó medidas razonables para verificar la operación, prevé el mismo máximo para quienes no son personas físicas.9 La vinculación con el valor de los beneficios proporciona al tribunal una medida proporcionada a la magnitud del delito, aunque no alcanza los múltiplos del beneficio habituales en la práctica estadounidense.
La jurisdicción constituye otro límite. La Prevention of Corruption Act dispone en su sección 37 que un ciudadano de Singapur que cometa fuera de Singapur un delito tipificado en la ley «podrá ser juzgado por ese delito como si se hubiera cometido en Singapur».10 Para una sociedad, la situación es menos explícita, ya que la ley habla de ciudadanos. En los casos que se examinan más adelante, los esquemas de corrupción se organizaron y se pagaron desde Singapur, lo que dio a sus tribunales una conexión territorial con conductas cuyos efectos se producían en Brasil.
La persecución en la práctica
La agencia anticorrupción de Singapur, el Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB, la oficina de investigación de prácticas corruptas), se ocupa principalmente de casos del sector privado. Según el Senior Minister of State Desmond Tan, 84 de las 90 personas procesadas en 2025 por delitos de corrupción investigados por la oficina procedían del sector privado. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparency International, Singapur ocupó el tercer lugar entre 180 países y el primero de la región Asia-Pacífico.11
Las acusaciones contra las propias sociedades siguen siendo menos frecuentes que las dirigidas contra sus administradores y empleados, pero se producen. El 26 de octubre de 2026, por ejemplo, se acusó a una empresa de mantenimiento conforme a la sección 6(b) de la Prevention of Corruption Act, en relación con las secciones 7 y 31, por haberse concertado presuntamente con su antiguo administrador para entregar un soborno de 50 000 S$ a un responsable del agente gestor de un town council (consejo municipal).12 El caso es corriente, y en ello reside su interés. En los asuntos internos, la sociedad que paga sobornos a través de su administrador es procesada junto a él de la forma habitual, sin ningún procedimiento especial.
Un error frecuente
A veces se afirma que Singapur no puede procesar a sociedades por delitos porque solo las personas físicas pueden ser encarceladas. El Derecho singapurense siempre ha tratado a las sociedades como personas capaces de cometer delitos, y por eso el CPIB acusa regularmente a sociedades. Las verdaderas limitaciones residen en la imputación, en la cuantía de las multas y en la prueba de conductas que tuvieron lugar en el extranjero.
Notas
- Interpretation Act 1965, s 2(1), definición de «person» (texto reproducido en lawplayer.com, consultado en noviembre de 2026; prevalece el texto oficial de Singapore Statutes Online); Penal Code 1871, s 11 (texto reproducido en lawplayer.com, consultado en noviembre de 2026). ↩
- Tesco Supermarkets Ltd v Nattrass [1971] UKHL 1, [1972] AC 153 (House of Lords), per Lord Reid; el gerente de la tienda no formaba parte de la mente directora de la sociedad y esta fue absuelta (Wikipedia, «Tesco Supermarkets Ltd v Nattrass», consultado en noviembre de 2026). ↩
- Meridian Global Funds Management Asia Ltd v Securities Commission [1995] UKPC 5, [1995] 2 AC 500, resuelto el 26 de mayo de 1995, per Lord Hoffmann (Wikipedia, «Meridian Global Funds Management Asia Ltd v Securities Commission», consultado en noviembre de 2026). ↩
- Ho Kang Peng v Scintronix Corp Ltd (formerly known as TTL Holdings Ltd) [2014] SGCA 22, Court of Appeal, 30 de abril de 2014 (Sundaresh Menon CJ, Chao Hick Tin JA, V K Rajah JA), en [32], [47]–[50] (elitigation.sg, consultado en noviembre de 2026). ↩
- Ho Kang Peng v Scintronix Corp Ltd [2014] SGCA 22 en [40], [44]. ↩
- Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992, s 73 (texto reproducido en lawplayer.com, consultado en noviembre de 2026). ↩
- CDSA, s 80(1), (3) y (4) (texto reproducido en lawplayer.com, consultado en noviembre de 2026). ↩
- Prevention of Corruption Act 1960, ss 5, 6 y 7 (texto reproducido en lawplayer.com, consultado en noviembre de 2026); CPIB, «Company Charged for Alleged Corruption Involving Town Council Contract», 26 de octubre de 2026, cpib.gov.sg, que reproduce las penas de las ss 6 y 7; Prevention of Corruption Act 1960, s 13 (texto reproducido en lawplayer.com, consultado en noviembre de 2026). ↩
- CDSA, ss 50(7), 51(7), 53(7) y 54(7); para las personas físicas, multa de hasta 500 000 S$ o prisión de hasta diez años, o ambas (ss 50(5), 51(5), 53(5), 54(5)) (texto reproducido en lawplayer.com, consultado en noviembre de 2026); CDSA, s 55A(6) (texto reproducido en lawplayer.com, consultado en noviembre de 2026). ↩
- Prevention of Corruption Act 1960, s 37 (texto reproducido en lawplayer.com, consultado en noviembre de 2026). ↩
- Discurso del Senior Minister of State Desmond Tan en el Anti-Corruption Partnership Network Event 2026, 18 de septiembre de 2026, cpib.gov.sg: «Singapore ranked third out of 180 countries in the Transparency International Corruption Perceptions Index 2025»; de las 90 personas procesadas en 2025 por delitos de corrupción investigados por el CPIB, 84 procedían del sector privado. ↩
- CPIB, «Company Charged for Alleged Corruption Involving Town Council Contract», 26 de octubre de 2026, cpib.gov.sg: Atlas Maintenance Pte Ltd, acusada de un cargo conforme a la s 6(b) en relación con las ss 7 y 31 PCA; presunta concertación en febrero de 2023 con su entonces administrador para entregar un soborno de 50 000 S$. ↩
Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.