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El Estado de Derecho como infraestructura económica: comparación con Ginebra, Hong Kong y Dubái

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Ginebra: un centro jurídico en una democracia federal

La infraestructura jurídica de Ginebra descansa sobre un fundamento distinto. Sus tribunales son cantonales y su última instancia de apelación es el Tribunal Federal suizo en Lausana, cuyos jueces son elegidos por la Asamblea Federal para mandatos renovables de seis años.1 La independencia de la judicatura suiza se apoya en la legitimidad democrática y en el equilibrio federal. La de Singapur se apoya en la inamovilidad constitucional y en la cultura profesional de una magistratura reducida y muy cualificada. Ambos sistemas producen tribunales en los que confían las partes comerciales. El volumen sobre Ginebra describe cómo los tribunales suizos han configurado el Derecho de la gestión de activos, por ejemplo al exigir a los bancos que transfieran las retrocesiones a sus clientes, salvo que el cliente haya renunciado válidamente a ellas tras haber sido plenamente informado.2

A diferencia de Zúrich, Ginebra no cuenta con un tribunal mercantil especializado. Desde la revisión del Código Procesal Civil suizo (ZPO/CPC) aprobada el 17 de marzo de 2023, los cantones pueden atribuir los litigios mercantiles internacionales a un tribunal mercantil y admitir el inglés como lengua del procedimiento. Ginebra estaba preparando un proyecto de ley en 2026.3 Singapur dio el paso equivalente en 2015 con el SICC. La diferencia temporal refleja una diferencia de método: la reforma suiza requirió una ley federal y leyes cantonales de desarrollo, mientras que Singapur actuó mediante modificaciones de su Constitución y de la Supreme Court of Judicature Act dentro de una única jurisdicción.4

En materia de corrupción, ambas jurisdicciones están próximas. Suiza ocupó el sexto lugar en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2025 con 80 puntos, frente al tercer puesto de Singapur con 84. El World Justice Project no incluye a Suiza en su índice, de modo que la comparación más detallada del Estado de Derecho no está disponible para este par.5 Ambos centros comparten la misma vulnerabilidad. Sus sectores públicos son íntegros, mientras que sus bancos están expuestos al producto de la corrupción cometida en el extranjero. Ambos se han enfrentado a casos en los que fondos estatales de otros países pasaron por sus bancos.

Hong Kong: common law bajo otro soberano

Hong Kong es el competidor más cercano de Singapur y la jurisdicción cuyo sistema jurídico más se le parece. Ambos heredaron el common law inglés, ambos tramitan los litigios mercantiles en inglés y ambos cuentan con agencias anticorrupción de prestigio; la Independent Commission Against Corruption de Hong Kong se fundó en 1974.6 Los rankings, sin embargo, los separan. En 2025 Hong Kong ocupó el puesto 24 del índice del World Justice Project con una puntuación de 0,72 y el duodécimo del Índice de Percepción de la Corrupción con 76 puntos. Mantuvo el puesto 24 en la edición de 2026, con una puntuación de 0,71. En la última encuesta Doing Business ocupó el puesto 31 en cumplimiento de contratos, frente al primer puesto de Singapur.7

La diferencia decisiva es constitucional. Los tribunales de Hong Kong operan bajo la Ley Básica (Basic Law), cuya interpretación última corresponde al Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional en Pekín. La legislación de seguridad nacional de 2020 ha alterado el entorno en el que trabajan.8 Los tribunales de Singapur son la autoridad última sobre su propio Derecho. Para los inversores que buscan en Asia un foro de common law sin ninguna autoridad externa por encima de su tribunal supremo, esa diferencia se ha convertido en una de las principales ventajas de Singapur. El capítulo K.III vuelve sobre la competencia entre ambos centros.

Dubái: tribunales creados para un centro financiero

Dubái ha optado por un tercer modelo. Su zona franca financiera, el Dubai International Financial Centre, tiene su propia legislación basada en el common law y sus propios tribunales, que actúan en inglés con jueces procedentes en parte de jurisdicciones de common law, junto a los tribunales de Derecho civil continental del emirato.9 Los Emiratos Árabes Unidos ocuparon en 2025 el puesto 37 del índice del World Justice Project con una puntuación de 0,64 y el 21 del Índice de Percepción de la Corrupción con 69 puntos. En la edición de 2026 del índice subieron al puesto 36 con la misma puntuación redondeada.10

El modelo de Dubái crea un enclave de common law dentro de un sistema jurídico distinto. Singapur aplica el common law en todo su territorio, de modo que sus tribunales mercantiles forman parte de la judicatura ordinaria del Estado. El modelo de enclave permite un arranque rápido, lo que explica su atractivo en el Golfo. Su debilidad reside en la interfaz con el sistema circundante, por ejemplo cuando una sentencia debe ejecutarse fuera de la zona. El modelo integrado de Singapur evita esa interfaz, porque el mismo Tribunal Supremo que conoce de los asuntos mercantiles supervisa también la ejecución de sus sentencias en todo el Estado.

En cifras

Supreme Court of Judicature Act: en vigor desde el 9 de enero de 1970. Supresión de los recursos ante el Privy Council: 8 de abril de 1994. Application of English Law Act: 12 de noviembre de 1993. Reestructuración del Tribunal Supremo con una División de Apelación (Appellate Division) y una División General (General Division): 2 de enero de 2021. Composición del Tribunal Supremo en octubre de 2026: 32 jueces, incluido el Chief Justice, y 26 jueces internacionales (International Judges). Edad de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo: 65 años (art. 98(1)). Fundación de la Corrupt Practices Investigation Bureau: septiembre de 1952. Prevention of Corruption Act: 17 de junio de 1960, pena máxima de 100 000 S$ y cinco años por cargo, siete años en el caso de contratos públicos. Denuncias de corrupción en 2025: 160, con 68 casos registrados y 90 personas procesadas, el 94 % del sector privado. Índice de Percepción de la Corrupción 2025: 84 puntos, puesto 3 de 182. WJP Rule of Law Index 2025: puntuación de 0,78, puesto 16 de 143, con el puesto 2 en ausencia de corrupción y el 28 en límites a los poderes del Gobierno (edición de 2026: 0,79, puesto 14). Doing Business 2020: puesto 1 en cumplimiento de contratos, 164 días, 25,8 % del valor de la reclamación. Freedom House 2025: 48 de 100, «Partly Free» (parcialmente libre).

Notas

  1. Wikipedia, «Federal Supreme Court of Switzerland» (consultado en noviembre de 2026): los jueces son «elected by the United Federal Assembly» por un mandato de seis años y pueden ser reelegidos sin límite, con una edad máxima de 68 años. ↩
  2. Ressos, Genève, place financière internationale, partie F, chapitre III, sección « Le contentieux bancaire devant les tribunaux genevois » (manuscrito consultado en noviembre de 2026), que cita ATF 132 III 460, de 22 de marzo de 2006, y ATF 138 III 755, de 30 de octubre de 2012, sobre la obligación de los gestores de activos y de los bancos de entregar las retrocesiones conforme al art. 400 al. 1 CO. ↩
  3. Ressos, Genève, place financière internationale, partie F, chapitre III, sección « Les tribunaux et le contentieux international à Genève » (manuscrito consultado en noviembre de 2026): revisión del Código Procesal Civil aprobada el 17 de marzo de 2023 que permite a los cantones atribuir los litigios mercantiles internacionales al tribunal mercantil y admitir el inglés; Genève attractive, 6 de marzo de 2026: proyecto de ley en preparación, con presentación prevista en la primavera de 2026. ↩
  4. El SICC se creó mediante la Constitution of the Republic of Singapore (Amendment) Act 2014 y la Supreme Court of Judicature (Amendment) Act 2014. Wikipedia, «Singapore International Commercial Court» (consultado en noviembre de 2026), indica que el tribunal «was established on 5 January 2015»; véase el capítulo F.III. ↩
  5. Transparency International, páginas de país «Switzerland» y «Singapore» (transparency.org, consultado en noviembre de 2026): Suiza 80/100, puesto 6/182; Singapur 84/100, puesto 3/182. World Justice Project, WJP Rule of Law Index 2025 (consultado en noviembre de 2026): Suiza no figura en la tabla mundial de 143 países y jurisdicciones. ↩
  6. Wikipedia, «Independent Commission Against Corruption (Hong Kong)» (consultado en noviembre de 2026): creada el 15 de febrero de 1974 en virtud de la Independent Commission Against Corruption Ordinance (Cap. 204). ↩
  7. World Justice Project, WJP Rule of Law Index 2025, tabla mundial: «24 Hong Kong SAR, China 0.72». World Justice Project, WJP Rule of Law Index 2026 (consultado en noviembre de 2026), tabla mundial: «24 Hong Kong SAR, China 0.71». Transparency International, página de país «Hong Kong» (consultado en noviembre de 2026): 76/100, puesto 12/182. World Bank, Doing Business 2020: Economy Profile of Singapore, p. 52: «69.1: Hong Kong SAR, China (Rank: 31)». ↩
  8. Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region, art. 158 (interpretación por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional); Law of the People’s Republic of China on Safeguarding National Security in the Hong Kong Special Administrative Region, en vigor desde el 30 de junio de 2020. ↩
  9. Wikipedia, «DIFC Courts» (consultado en noviembre de 2026): la Dubai Law No. 12 of 2004 creó la Judicial Authority of the DIFC, integrada por un Court of First Instance y un Court of Appeal, que comenzó a funcionar en 2006; «an independent English-language common law judiciary», con jueces de los EAU, Australia, Inglaterra y Gales, Escocia y Malasia. ↩
  10. World Justice Project, WJP Rule of Law Index 2025, tabla mundial: «37 United Arab Emirates 0.64». World Justice Project, WJP Rule of Law Index 2026 (consultado en noviembre de 2026), tabla mundial: «36 United Arab Emirates 0.64». Transparency International, página de país «United Arab Emirates» (consultado en noviembre de 2026): 69/100, puesto 21/182. ↩

Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.

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