Comparación con Ginebra y otros centros
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Responsabilidad de las empresas: Derecho general y disposición especial
Suiza introdujo la responsabilidad penal de las empresas el 1 de octubre de 2003 mediante el actual artículo 102 del Código Penal suizo (StGB/CP). La norma suiza es más restringida y más específica que el enfoque singapurense. La empresa responde con carácter subsidiario cuando un delito cometido en su seno no puede imputarse a una persona física debido a deficiencias de organización. Respecto de una lista de delitos que incluye el soborno y el blanqueo de capitales, responde con carácter principal cuando no adoptó todas las medidas organizativas razonables y necesarias para impedirlos. La multa tiene un tope de 5 millones de CHF.1 Singapur, en cambio, trata a la sociedad como una persona respecto de todos los delitos y le imputa conductas conforme a reglas generales. El modelo suizo se centra en el fallo organizativo de la empresa, mientras que el singapurense se centra en la conducta de las personas físicas que actúan por ella.
Ambos enfoques conducen a multas legales bajas. Suiza lo compensa mediante créditos compensatorios conforme al artículo 71 del Código Penal, que en el caso de Glencore alcanzaron en 2024 los 150 millones de dólares estadounidenses. Singapur recurre a sanciones negociadas en acuerdos de suspensión del procesamiento, como muestran los 110 millones de dólares estadounidenses del caso Seatrium.2
La suspensión del procesamiento
La diferencia más visible reside en la suspensión del procesamiento. En agosto de 2019, el Consejo Federal suizo rechazó una propuesta del Ministerio Público de la Confederación de introducir un instrumento inspirado en el deferred prosecution agreement estadounidense, por considerar que reforzaría el ya amplio papel del fiscal. En febrero de 2025, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo de los Estados pidió al Consejo Federal, mediante un postulado, que examinara las ventajas y las condiciones de dicho instrumento. En su lugar, los casos de empresas en Suiza se resuelven mediante órdenes penales, como en el caso Gunvor de 2019 y el caso Glencore de 2024, o mediante juicio, como en el caso Trafigura resuelto por el Tribunal Penal Federal el 31 de enero de 2025.3
Singapur siguió el modelo inglés. El Reino Unido introdujo los acuerdos de suspensión del procesamiento en febrero de 2014 en virtud del Schedule 17 de la Crime and Courts Act 2013, y la Serious Fraud Office celebró su primer acuerdo en noviembre de 2015. Canadá le siguió en 2018.4 La versión singapurense comparte el énfasis inglés en la aprobación judicial y la publicación. Su primer acuerdo llegó casi una década después del primero inglés, lo que sugiere que los fiscales de Singapur consideran el instrumento excepcional.
Cooperación y restitución de activos
En materia de asistencia judicial mutua, Suiza tiene una trayectoria más larga. Su tratado con los Estados Unidos data del 25 de mayo de 1973 y entró en vigor el 23 de enero de 1977, y su Ley federal sobre el bloqueo y la restitución de los valores patrimoniales ilícitos de personas del medio político (PEP) extranjeras está en vigor desde el 1 de julio de 2016. El caso Abacha, en el que Suiza restituyó a Nigeria más de 800 millones de dólares estadounidenses entre 2005 y 2009, la convirtió en un punto de referencia en la restitución de activos.5 Singapur actúa a través de la MACMA, la CDSA y sus tribunales. Los importes que ha restituido hasta ahora son menores, como muestran las cifras de 1MDB.
Hong Kong y Dubái ofrecen otros puntos de referencia. Hong Kong comparte con Singapur la tradición del common law, mientras que Dubái ha creado una zona franca financiera con tribunales propios dentro de un Estado de Derecho civil. En el capítulo III de la parte K se ofrece una comparación detallada de los centros. A efectos de este capítulo, lo decisivo es que Singapur ha optado por los instrumentos del mundo del common law, como los acuerdos aprobados judicialmente, la publicación y la compensación con sanciones extranjeras, mientras que Ginebra sigue confiando en las herramientas clásicas del proceso penal continental.
En cifras
Apercibimiento condicional a Keppel: 23 de diciembre de 2017, dos plazos de 52 777 122,50 dólares estadounidenses cada uno a Singapur, multa penal global total de 422 216 980 dólares estadounidenses. Sobornos en el caso Keppel: unos 55 millones de dólares estadounidenses, de 2001 a 2014. Amonestaciones severas a seis antiguos directivos de Keppel: enero de 2023. Régimen de DPA: parte 7A del Criminal Procedure Code, ss 149A a 149M, introducida en 2018. DPA de Seatrium: firmado el 30 de julio de 2025, aprobado el 24 de abril de 2026, publicado en la Gazette el 30 de abril de 2026. Sanción de 110 millones de dólares estadounidenses, de los cuales 53 millones podían compensarse con pagos a Brasil, costas de 250 000 S$, duración de tres años. Multa máxima por corrupción conforme a las ss 5 y 6 de la Prevention of Corruption Act: 100 000 S$ por cargo. Multa máxima por blanqueo de capitales cometido por una sociedad conforme a la CDSA: 1 millón de S$ o el doble del valor de los beneficios. Activos de 1MDB incautados en Singapur: 240 millones de S$, de los cuales 15,3 millones de S$ se restituyeron a Malasia en septiembre de 2018. Caso de blanqueo de capitales de 2023: unos 944 millones de S$ perdidos por diez condenados y 1850 millones de S$ entregados por 15 sospechosos en el extranjero. Personas procesadas por corrupción en 2025 tras investigaciones del CPIB: 90, de las cuales 84 procedían del sector privado.
Notas
- Ressos, Genève, place financière internationale, partie H, chapitre V, section « L’article 102 du Code pénal », con las fuentes allí citadas (art. 100quater CP en vigor desde el 1 de octubre de 2003, actual art. 102 CP; multa de 5 millones de CHF como máximo). ↩
- Ressos, Genève, place financière internationale, partie H, chapitre V, con las fuentes allí citadas (Glencore International AG, orden penal del Ministerio Público de la Confederación de 5 de agosto de 2024: multa de 2 millones de CHF y crédito compensatorio de 150 millones de dólares estadounidenses); Government Gazette Notice No. 2439 de 30 de abril de 2026. ↩
- Ressos, Genève, place financière internationale, partie H, chapitre V, con las fuentes allí citadas (economiesuisse, dossier politique de 10 de marzo de 2020; postulado 25.3028 de 25 de febrero de 2025); Ressos, Genève, place financière internationale, partie H, chapitre V, con las fuentes allí citadas. ↩
- Wikipedia, «Deferred prosecution agreement» (consultado en noviembre de 2026): DPA introducidos en el Reino Unido en febrero de 2014 en virtud del Schedule 17 de la Crime and Courts Act 2013; primer DPA de la SFO en noviembre de 2015 (Standard Bank); primer DPA del CPS en diciembre de 2023 (Entain); Wikipedia, «Deferred prosecution agreement» (consultado en noviembre de 2026): Canadá aprobó disposiciones sobre DPA en junio de 2018 mediante el Bill C-74. ↩
- Ressos, Genève, place financière internationale, partie E, chapitre I, con las fuentes allí citadas (Tratado entre Suiza y los Estados Unidos de asistencia mutua en materia penal de 25 de mayo de 1973, RS 0.351.933.6, en vigor desde el 23 de enero de 1977), y partie H, chapitre IV (Ley federal de 18 de diciembre de 2015, RS 196.1, en vigor desde el 1 de julio de 2016); Ressos, Genève, place financière internationale, partie I, chapitre IV, que cita Public Eye, «Les fonds Abacha (Nigeria)»: 808 millones de dólares estadounidenses restituidos por Suiza a Nigeria entre 2005 y 2009. ↩
Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.