El carbono y la negociación de materias primas medioambientales
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El impuesto sobre el carbono y los créditos internacionales
Los créditos de carbono son la materia prima más reciente que se negocia desde Singapur. Su mercado descansa en el Derecho, ya que un crédito solo tiene valor en la medida en que lo reconoce un regulador o el compromiso de un comprador. El impuesto sobre el carbono de Singapur, introducido por la Carbon Pricing Act 2018 (ley de tarificación del carbono), se aplica a las instalaciones que emiten al menos 25 000 toneladas de dióxido de carbono equivalente al año.1 El tipo fue de 5 S$ por tonelada de 2019 a 2023, subió a 25 S$ en 2024 y a 45 S$ a partir del 1 de enero de 2026, con el objetivo de alcanzar entre 50 y 80 S$ en 2030.2
El vínculo con la negociación de créditos reside en el mecanismo de compensación. Desde 2024, las empresas sujetas al impuesto pueden utilizar créditos de carbono internacionales admisibles para compensar hasta el 5 % de sus emisiones imponibles. Dichos créditos deben cumplir las normas del artículo 6 del Acuerdo de París y los principios de integridad medioambiental fijados por el Gobierno.3 Este diseño genera una demanda nacional de cumplimiento de créditos de alta calidad. Así, los operadores de Singapur disponen de un mercado cercano y, al mismo tiempo, quedan conectados con el mercado voluntario.
Acuerdos de aplicación en virtud del artículo 6
El artículo 6 del Acuerdo de París permite a los Estados transferirse entre sí resultados de mitigación, siempre que el Estado anfitrión realice el correspondiente ajuste en sus propias cuentas, de modo que la reducción se contabilice una sola vez. Singapur ha construido en este marco una red de acuerdos bilaterales de aplicación. El Gobierno enumera seis acuerdos operativos, con Ghana, Bután, Perú, Ruanda, Tailandia y Mongolia, en virtud de los cuales los proyectos pueden solicitar autorización. El procedimiento con Mongolia se abrió el 30 de octubre de 2026.4
La red sigue creciendo. El 30 de abril de 2026, durante la Semana del Clima de la ASEAN en Manila, Singapur firmó un acuerdo de aplicación con Filipinas, el primero de este tipo para ese país. El 4 de septiembre de 2026 firmó un acuerdo con la República Democrática Popular Lao, que el Gobierno calificó como el duodécimo acuerdo de aplicación de Singapur y el cuarto con un Estado miembro de la ASEAN.5 Los acuerdos confieren a los créditos generados en los Estados socios un estatus jurídico del que carecen los créditos del mercado voluntario: están autorizados por el Estado anfitrión, inscritos en registros nacionales y ajustados en las cuentas nacionales.
Bolsas, plataformas y la comunidad de operadores
En torno a este marco se ha formado una comunidad de empresas del carbono. Enterprise Singapore informó en 2023 de que más de 100 empresas operaban en el sector de los servicios de carbono, entre ellas las bolsas AirCarbon Exchange y Climate Impact X.6 Climate Impact X fue creada en 2021 por DBS, la Singapore Exchange, Standard Chartered y Temasek para ofrecer una bolsa y una plataforma de créditos de alta calidad.7 Entre los participantes figuran promotores de proyectos, intermediarios, organismos de verificación, agencias de calificación, registros y las mesas medioambientales de las empresas de comercio de materias primas.
Las empresas de comercio de materias primas aportan sus capacidades a este nuevo mercado. Un crédito de carbono es una unidad normalizada, como una tonelada de petróleo, pero su valor depende de atributos que exigen diligencia debida: el tipo de proyecto, su añada, la metodología, el riesgo de reversión y la autorización del Estado anfitrión. Los operadores que ya gestionan la calidad, el origen y el riesgo documental en las materias primas físicas pueden aplicar las mismas disciplinas a los créditos. También pueden combinar créditos con cargamentos físicos, por ejemplo vendiendo GNL con compensaciones asociadas, una práctica que ha suscitado críticas cuando la calidad de los créditos era dudosa.
La naturaleza jurídica de los créditos de carbono
La naturaleza jurídica de un crédito de carbono no está resuelta en el Derecho de Singapur. Un crédito es una anotación en un registro, que puede llevar un operador de registro situado fuera de Singapur y que se rige por las condiciones de dicho operador. Que constituya un bien susceptible de mantenerse en trust, de gravarse como garantía o de recuperarse en un procedimiento de insolvencia depende del Derecho general de bienes. Los tribunales han abordado cuestiones similares respecto de los criptoactivos, que se tratan en el capítulo K.I. Por ello, los participantes en el mercado recurren a documentación contractual, a menudo basada en modelos del sector, para definir los derechos transmitidos.
Para la plaza financiera, la cuestión es relevante porque los bancos solo financiarán existencias de créditos y los aceptarán como garantía si su estatus jurídico es claro. El capítulo K.II examina el marco más amplio de las finanzas sostenibles en el que se inserta el mercado del carbono, incluidas la taxonomía y las obligaciones de divulgación.
Notas
- Carbon Pricing Act 2018 (Act 23 of 2018), en vigor desde el 1 de enero de 2019. ↩
- National Climate Change Secretariat, «Carbon Tax» (nccs.gov.sg, consultado en noviembre de 2026): quedan cubiertas las instalaciones que «directly emit at least 25,000 tCO2e» de gases de efecto invernadero al año. National Climate Change Secretariat, «Carbon Tax» (supra): 5 S$/tCO2e «for the first five years from 2019 to 2023»; 25 S$/tCO2e desde 2024; «raised to S$45/tCO2e with effect from 1 Jan 2026»; objetivo de 50–80 S$/tCO2e en 2030. ↩
- National Climate Change Secretariat, «Carbon Tax» (supra): desde 2024 las empresas pueden utilizar créditos de carbono internacionales para compensar hasta el 5 % de sus emisiones imponibles; «Eligible ICCs used under the carbon tax regime will need to comply with rules under Article 6 of the Paris Agreement» y deben cumplir siete principios que acrediten una elevada integridad medioambiental. ↩
- Singapore Carbon Markets Cooperation, sitio web (carbonmarkets-cooperation.gov.sg, consultado en noviembre de 2026), que enumera los acuerdos de aplicación operativos con Ghana, Bután, Perú, Ruanda, Tailandia y Mongolia. Ministry of Energy, Trade and Industry, «Singapore and Mongolia to open application process for carbon credit projects under bilateral Implementation Agreement», 8 de octubre de 2026 (meti.gov.sg, consultado en noviembre de 2026; el Ministry of Trade and Industry cambió de denominación con efectos a partir del 1 de octubre de 2026, Prime Minister’s Office, comunicado de 22 de julio de 2026, pmo.gov.sg): solicitudes abiertas a partir del 30 de octubre de 2026; sexto acuerdo en virtud del cual se han abierto solicitudes, tras Ghana, Bután, Perú, Ruanda y Tailandia. ↩
- Ministry of Trade and Industry, «Singapore signs the Philippines’ first Implementation Agreement on carbon credits collaboration under Article 6 of the Paris Agreement», 30 de abril de 2026 (ahora alojado en meti.gov.sg, consultado en noviembre de 2026): firmado por la ministra Grace Fu y el secretario del DENR Juan Miguel T. Cuna durante la Semana del Clima de la ASEAN en Manila. Ministry of Trade and Industry (ahora Ministry of Energy, Trade and Industry), «Singapore and Lao People’s Democratic Republic sign Implementation Agreement on carbon credits under Article 6 of the Paris Agreement», 4 de septiembre de 2026 (meti.gov.sg, consultado en noviembre de 2026): «This is Singapore’s 12th Implementation Agreement on carbon credits collaboration», el cuarto con un Estado miembro de la ASEAN; firmado por la ministra Grace Fu. ↩
- Lee Pak Sing (Enterprise Singapore), The Business Times, 4 de septiembre de 2023, republicado por JTC (supra): Singapur «now has more than 100 of such companies», entre ellas las bolsas de carbono ACX y Climate Impact X. ↩
- Climate Impact X se anunció en mayo de 2021 como empresa conjunta de DBS, SGX, Standard Chartered y Temasek; véase el comunicado de prensa conjunto de 20 de mayo de 2021. ↩
Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.