Recuperación de activos y decomiso
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El decomiso conforme a la CDSA
La CDSA (Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act, ley sobre el decomiso de los beneficios de la corrupción, el narcotráfico y otros delitos graves) permite al tribunal, a instancia del Public Prosecutor (el Ministerio Fiscal), dictar órdenes de decomiso contra personas condenadas por narcotráfico o por delitos graves. El régimen de decomiso va mucho más allá de los instrumentos del delito. La sección 4(5) dispone que la ley «se aplica a cualesquiera bienes, ya se encuentren en Singapur o en otro lugar». Conforme a las secciones 6(6) y 7(6), se presume, salvo prueba en contrario, que los bienes del acusado que resulten desproporcionados respecto de sus fuentes de ingresos conocidas son beneficios del delito. Las secciones 10 y 11 contienen las reglas para valorar los beneficios.1
La presunción traslada una pesada carga al acusado. Explica por qué en Singapur el decomiso se alcanza a menudo por acuerdo, ya que el acusado que no puede justificar su patrimonio corre el riesgo de perder más en una vista contradictoria que en un comiso negociado. El caso de 2023, descrito más adelante, muestra el efecto práctico de esta dinámica.
Prófugos y acusados fallecidos
La delincuencia financiera implica a menudo acusados que abandonan la jurisdicción antes de poder ser juzgados. La CDSA aborda este problema mediante una ficción de condena. Una persona que se fuga «se considera condenada» por un delito de narcotráfico o un delito grave cuando, entre otras condiciones, «no puede ser hallada, detenida ni extraditada» al término de un plazo de seis meses desde el inicio de las investigaciones. El tribunal no puede dictar una orden de decomiso basada en esta condena ficticia si no está convencido de la fuga y de las pruebas. La sección 31 establece un régimen separado para los acusados fallecidos, en el que no se aplican las presunciones generales y rige en su lugar un periodo retrospectivo de seis años.2
Estas disposiciones ofrecen a Singapur una herramienta que se aproxima al decomiso sin condena sin abandonar el vínculo con un delito. Son relevantes en los casos transfronterizos, en los que el autor principal vive con frecuencia en el extranjero y los únicos activos al alcance son cuentas bancarias, inmuebles y sociedades en Singapur.
Ejecución de órdenes de decomiso extranjeras
Conforme a la sección 29 de la MACMA (Mutual Assistance in Criminal Matters Act, ley de asistencia mutua en materia penal), un país extranjero designado puede pedir al Attorney-General (fiscal general) que preste asistencia en la ejecución de una orden de decomiso extranjera sobre bienes «que razonablemente se crea que se encuentran en Singapur», o que restrinja los actos de disposición sobre esos bienes antes de que se dicte la orden. El Attorney-General solicita a la General Division del High Court la inscripción de la orden extranjera. El tribunal puede inscribirla si la orden está en vigor y no es susceptible de ulterior recurso, si toda persona afectada que no compareció recibió notificación con tiempo suficiente para defenderse y si la ejecución «no sería contraria al interés de la justicia». La inscripción debe cancelarse una vez satisfecha la orden.3
El régimen da a un Estado extranjero acceso a activos situados en Singapur a través de los tribunales singapurenses, en condiciones que protegen a los terceros. Al depender de una orden extranjera firme, funciona mejor con Estados cuyos propios tribunales funcionan. Cuando la sentencia extranjera se retrasa o es políticamente controvertida, los activos pueden permanecer inmovilizados en Singapur durante años.
1MDB: incautación y restitución
El asunto 1MDB ilustra tanto el alcance como el ritmo de la recuperación de activos. Las Attorney-General’s Chambers (la Fiscalía General) y la Monetary Authority of Singapore (MAS, la autoridad monetaria y supervisora financiera) informaron de que durante sus investigaciones se habían incautado activos por un total de 240 millones de S$, de los cuales 120 millones pertenecían a Jho Low y su familia. En septiembre de 2018, los State Courts acordaron la restitución de 15,3 millones de S$ a Malasia. Los Estados Unidos, cuyas acciones de decomiso civil se dirigieron contra activos en varios continentes, informaron en agosto de 2021 de que habían recuperado y restituido un total de 1200 millones de dólares estadounidenses.4 Las proporciones reflejan los distintos instrumentos disponibles. El decomiso civil in rem permitió a los fiscales estadounidenses actuar contra los activos sin una condena penal, mientras que las restituciones desde Singapur requerían una orden de sus tribunales en procedimientos vinculados a investigaciones penales.
El caso de blanqueo de capitales de 2023
El segundo ejemplo es el caso de blanqueo de capitales que comenzó con los registros del 15 de agosto de 2023. Diez extranjeros fueron condenados, cada uno a penas de entre 13 y 17 meses de prisión, y en conjunto perdieron activos por unos 944 millones de S$. El 18 de noviembre de 2024, quince de los diecisiete sospechosos que seguían en búsqueda aceptaron entregar activos por unos 1850 millones de S$, con lo que el total ascendió a unos 2800 millones de S$. Las penas fueron breves en relación con las sumas en juego. El comiso fue la verdadera sanción. La amenaza del decomiso indujo a personas que se encontraban fuera de la jurisdicción a renunciar a sus activos sin regresar para ser juzgadas. El caso y sus consecuencias regulatorias, entre ellas las sanciones de 27,45 millones de S$ a nueve entidades financieras anunciadas por la MAS el 4 de julio de 2025, se examinan en el capítulo VI de la parte E.5
Adónde va el dinero
El producto decomisado y las sanciones pagadas en virtud de acuerdos de suspensión del procesamiento corresponden al Estado. Como se ha indicado, las sanciones y los beneficios restituidos en virtud de un acuerdo de suspensión del procesamiento se ingresan en el Consolidated Fund (el fondo consolidado del Estado). Las víctimas no quedan olvidadas, ya que el acuerdo puede exigir una indemnización. Sin embargo, en los casos de soborno en el extranjero, la víctima suele ser un Estado extranjero o una empresa pública, cuyas pretensiones se ejercitan ante sus propios tribunales o mediante sus propios acuerdos con la sociedad. La cláusula de compensación del acuerdo con Seatrium es el mecanismo mediante el cual Singapur evita quedarse con dinero que Brasil también reclama.
Notas
- CDSA, s 4(5) y ss 6–7 (órdenes de decomiso) (texto reproducido en lawplayer.com, consultado en noviembre de 2026); CDSA, ss 6(6), 7(6), 10(1) y 11(1) (texto reproducido en lawplayer.com, consultado en noviembre de 2026). ↩
- CDSA, s 29(1), (2)(b)(ii) y (3)(b)(ii) (texto reproducido en lawplayer.com, consultado en noviembre de 2026); CDSA, s 30 (texto reproducido en lawplayer.com, consultado en noviembre de 2026); CDSA, s 31(4)–(6) (texto reproducido en lawplayer.com, consultado en noviembre de 2026). ↩
- MACMA, s 29(1)(a) y (b) (texto reproducido en lawplayer.com, consultado en noviembre de 2026); MACMA, s 30(1), (2) y (4) (texto reproducido en lawplayer.com, consultado en noviembre de 2026). ↩
- Wikipedia, «1Malaysia Development Berhad scandal» (consultado en noviembre de 2026), sección sobre Singapur: activos incautados por un total de 240 millones de S$, de los cuales 120 millones pertenecían a Jho Low y su familia; en septiembre de 2018, los State Courts acordaron la restitución de 15,3 millones de S$ a Malasia; Wikipedia, «1Malaysia Development Berhad scandal» (consultado en noviembre de 2026): los Estados Unidos «recovered and returned a total of US$1.2 billion of 1MDB funds misappropriated within its jurisdiction» a agosto de 2021. ↩
- Wikipedia, «2023 Singapore money laundering case» (consultado en noviembre de 2026): registros del 15 de agosto de 2023; diez condenados; 944 millones de S$ perdidos por los diez condenados; acuerdo de 18 de noviembre de 2024 por el que 15 de los 17 sospechosos en búsqueda entregaron unos 1850 millones de S$; total de unos 2800 millones de S$; Wikipedia, «2023 Singapore money laundering case» (consultado en noviembre de 2026): sanciones de 27,45 millones de S$ impuestas por la MAS a nueve entidades financieras el 4 de julio de 2025. ↩
Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.