Prevención del blanqueo de capitales: la CDSA, las MAS Notices y las evaluaciones del GAFI: consecuencias prácticas

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Para las entidades financieras

Para los bancos y otras entidades, las reformas desde 2023 implican que los supervisores examinan ahora la calidad de la aplicación con más atención que la existencia de políticas. La mayoría de las entidades sancionadas en julio de 2025 contaban con políticas escritas adecuadas. Sus fallos consistieron en señales de alerta que no se investigaron, clientes clasificados con un riesgo demasiado bajo y alertas de sus propios sistemas que quedaron sin revisar. El riesgo jurídico se ha desplazado también hacia las personas físicas. La Monetary Authority of Singapore (MAS, la autoridad monetaria y supervisora financiera) ha dictado órdenes de inhabilitación (prohibition orders) contra consejeros delegados y gestores de relaciones con clientes. El Derecho penal castiga ahora también el blanqueo por negligencia.¹² Un gestor de relaciones con clientes que acepta una explicación inverosímil sobre el patrimonio de un cliente arriesga su carrera y, en los casos graves, su libertad.

Para los clientes y sus asesores

Para los clientes, la consecuencia es un proceso de alta (onboarding) más largo e intrusivo. Una familia cuyo patrimonio procede de una empresa en funcionamiento en China, la India o Indonesia debe contar con tener que documentar la historia de esa empresa, sus cuentas y la situación fiscal de la familia. Las donaciones y herencias deben rastrearse hasta la persona que las realizó. Los asesores que preparan estos expedientes deben partir de que cada afirmación se contrastará con fuentes públicas y de que cualquier incoherencia puede dar lugar a una comunicación. No se puede informar al cliente de que se ha presentado una comunicación.

Lista de comprobación para profesionales

• Trazar cada nivel de la estructura de propiedad hasta las personas físicas que poseen o controlan al cliente, incluidos los constituyentes (settlors), protectores y beneficiarios de trusts.
• Examinar al cliente, a los titulares reales, a las partes vinculadas y a las personas que actúan en su nombre para detectar la condición de persona del medio político, y utilizar la información de COSMIC cuando la entidad participe en esa plataforma.
• Determinar el origen del patrimonio como origen de la totalidad del patrimonio, incluidos el capital inicial, las donaciones y las herencias, además de los activos que vayan a contabilizarse.
• Corroborar las fuentes relevantes del patrimonio y de los fondos con documentos independientes e información pública, y documentar por qué es aceptable cualquier fuente no corroborada.
• Tratar los valores de referencia y las hipótesis como pruebas de verosimilitud, nunca como justificación de explicaciones que susciten sospechas.
• Revisar sin demora las alertas sobre operaciones y dejar constancia del razonamiento que motiva el cierre de cada una.
• Presentar una comunicación de operación sospechosa (STR) tan pronto como sea razonablemente posible, también en el caso de operaciones intentadas y de solicitudes rechazadas, con independencia del importe.
• Adoptar medidas de mitigación del riesgo respecto de los clientes ya comunicados, sin incurrir en revelación (tipping-off).
• Conservar los registros de diligencia debida y de operaciones durante al menos cinco años desde la terminación de la relación o de la operación.
• Formar al personal de primera línea sobre los delitos de blanqueo por imprudencia y por negligencia y sobre las consecuencias personales de ignorar las señales de alerta.

Notas

1. FATF y APG, Mutual Evaluation Report of Singapore, mayo de 2026, párr. 271: el 4 de julio de 2025, sanciones de 27,45 millones de SGD contra nueve entidades financieras, órdenes de inhabilitación contra cuatro personas «for failing to raise red flags», amonestaciones a 14 personas. ↩
2. Monetary Authority of Singapore, «MAS Takes Regulatory Actions against 9 Financial Institutions for AML-Related Breaches», 4 de julio de 2025 (mas.gov.sg; citado en el capítulo E.VI): la mayoría de las entidades tenían políticas implantadas, y las infracciones se debían a una aplicación deficiente o incoherente; órdenes de inhabilitación contra el consejero delegado (CEO) y el director de operaciones (COO) de Blue Ocean Invest y contra dos gestores de relaciones con clientes. ↩

Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.