Qué es DeFi y por qué el Derecho tiene dificultades con ella

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Las finanzas descentralizadas (DeFi) son el nombre colectivo de los servicios financieros prestados mediante smart contracts en registros públicos sin un intermediario que custodie los activos de los clientes. Los usuarios interactúan directamente con los contratos desde sus propios monederos. Los contratos mantienen activos, casan órdenes, conceden préstamos, liquidan garantías y pagan recompensas conforme a un código publicado. A mediados de 2026, el valor total bloqueado en protocolos DeFi se situaba entre 100 000 y 150 000 millones de dólares estadounidenses, concentrado en préstamos, intercambio descentralizado, liquid staking y emisión de stablecoins.¹

La regulación financiera de ambos centros parte de la premisa de que un servicio lo presta una persona. La Ley suiza contra el blanqueo de capitales (GwG/LBA) se aplica a los intermediarios financieros. La Payment Services Act (PSA, la ley de servicios de pago) singapurense otorga licencias a las personas que prestan servicios de pago. La Ley de bancos suiza (BankG/LB) otorga licencias a las personas que aceptan depósitos. DeFi presenta un servicio sin una persona evidente detrás. Ambos reguladores han dedicado los años transcurridos desde 2020 a decidir si deben buscarla. Este capítulo explica cada uno de los principales mecanismos DeFi hasta el punto en que surge la cuestión jurídica y, a continuación, expone las posiciones del Consejo Federal suizo y de la Monetary Authority of Singapore (MAS, la autoridad monetaria y supervisora financiera). Las consecuencias regulatorias en cada centro se encuentran en la Parte E, capítulo IX, y en la Parte K, capítulo IX.

Notas

Las cifras de valor total bloqueado de DefiLlama a junio de 2026 son aproximadas; el informe del Consejo Federal sobre DeFi de 16 de diciembre de 2022 y el informe del FSB de 16 de febrero de 2023 ofrecen descripciones institucionales del sector. ↩

Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.

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