Sanciones de las Naciones Unidas: el mecanismo jurídico

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La United Nations Act 2001 faculta al ministro para dictar reglamentos que den efecto a las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptadas conforme al artículo 41 de la Carta.¹ Se han dictado reglamentos para cada régimen de sanciones de la ONU, entre ellos los relativos al terrorismo (las United Nations (Anti-Terrorism Measures) Regulations 2001, que aplican la Resolución 1373 y la lista de EIIL y Al-Qaida), la República Popular Democrática de Corea, Irán, Libia, Somalia, Sudán del Sur, Yemen y los demás.² Los reglamentos prohíben a toda persona en Singapur, y a todo ciudadano fuera de Singapur, realizar operaciones con los fondos o recursos económicos de las personas designadas. Prohíben también poner fondos a su disposición y prestarles servicios financieros. La infracción constituye un delito castigado con multa y prisión.

Para las entidades financieras rige una segunda capa. Conforme a la sección 27A de la Monetary Authority of Singapore Act 1970, la MAS (Monetary Authority of Singapore, la autoridad monetaria y supervisora financiera) dicta sus propios reglamentos, que ordenan a las entidades supervisadas congelar los activos de las personas designadas y abstenerse de realizar operaciones con ellas. Estos reglamentos reproducen los de la ONU, pero la MAS los hace cumplir como cuestión de supervisión.³ Esta duplicidad significa que un licenciatario de DPT que ejecuta una operación para una persona designada por la ONU comete a la vez un delito conforme a los reglamentos de la UN Act y una infracción supervisora conforme a los reglamentos de la MAS. La TSOFA añade una tercera capa para el terrorismo: tipifica como delito las operaciones con bienes de terroristas y entidades terroristas designados, que figuran en su anexo primero (First Schedule) o se designan por orden ministerial, e impone el deber de comunicación analizado en el capítulo IV.⁴

Designación y congelación en la práctica

Una designación de la ONU surte efecto en Singapur en el momento en que el comité del Consejo de Seguridad la publica, ya que los reglamentos singapurenses incorporan las listas de la ONU por remisión. No existe un intervalo durante el cual la persona designada pueda mover sus activos. Por ello, un licenciatario de DPT debe cotejar sus datos con la lista consolidada de la ONU en un formato que se actualice casi en tiempo real, algo que ofrecen los proveedores comerciales de filtrado. Ante una coincidencia confirmada, el licenciatario debe congelar los activos, no ejecutar la operación y comunicarlo sin demora al Commissioner of Police y a la MAS.⁵ Congelar un saldo de DPT es técnicamente sencillo cuando el licenciatario controla las claves: se desactiva la posibilidad de retirada del cliente y el saldo queda aislado en los libros de la entidad. Congelar una transferencia entrante que ya se ha liquidado on-chain en el monedero de la entidad significa no abonarla en ninguna cuenta de cliente y mantenerla a la espera de instrucciones. Congelar una transferencia saliente que ya se ha difundido a la red es imposible; por eso el filtrado debe preceder a la difusión.

El régimen relativo a la República Popular Democrática de Corea es el que afecta más directamente al sector de los DPT. El Grupo de Expertos de la ONU ha documentado durante años que actores estatales norcoreanos, en particular el Grupo Lazarus, financian el régimen mediante el robo de criptoactivos a plataformas de intercambio, puentes y particulares, y blanquean el producto a través de mezcladores, intermediarios extrabursátiles y saltos entre cadenas (chain-hopping).⁶ Un licenciatario de DPT de Singapur que recibe tokens trazables hasta un robo de Lazarus está operando con recursos económicos de una entidad designada por la ONU, aunque ningún nombre figure en lista alguna. Los reglamentos prohíben poner recursos a disposición de las personas designadas tanto de forma directa como indirecta. La analítica blockchain es, por tanto, una herramienta de sanciones tanto como de prevención del blanqueo.

Notas

1. United Nations Act 2001 (2020 Revised Edition), s. 2 (reglamentos para dar efecto a las decisiones del Consejo de Seguridad), s. 5 (delitos y sanciones); la ley se promulgó en octubre de 2001 en respuesta a la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad. ↩
2. United Nations (Anti-Terrorism Measures) Regulations 2001, regs 4–6 (prohibición de operar con bienes de terroristas y de prestar servicios financieros) y reg. 10 (deber de comunicación); United Nations (Sanctions – Democratic People's Republic of Korea) Regulations 2010, en su versión modificada; reglamentos equivalentes para cada uno de los demás regímenes del Consejo de Seguridad. ↩
3. Monetary Authority of Singapore Act 1970, s. 27A (facultad de dictar reglamentos para dar efecto a las decisiones del Consejo de Seguridad en relación con las entidades financieras); Monetary Authority of Singapore (Sanctions and Freezing of Assets of Persons – Democratic People's Republic of Korea) Regulations 2016 y reglamentos equivalentes para otros regímenes. ↩
4. Terrorism (Suppression of Financing) Act 2002, s. 6 (operaciones con bienes de terroristas), First Schedule (terroristas designados) y órdenes dictadas conforme a la s. 2 que designan a otras personas. ↩
5. United Nations (Anti-Terrorism Measures) Regulations 2001, reg. 10; MAS Notice PSN02, párr. 6 (filtrado), en relación con los reglamentos de la MAS dictados conforme a la s. 27A, que obligan a las entidades financieras a comunicar a la MAS los activos congelados y los intentos de operación. ↩
6. United Nations Security Council, Reports of the Panel of Experts established pursuant to Resolution 1874 (2009), informes anuales 2019–2024, apartados sobre el robo de activos virtuales por medios cibernéticos; el mandato del Grupo terminó en abril de 2024 tras un veto ruso, y desde 2025 informa el Multilateral Sanctions Monitoring Team. ↩

Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.