El mapa de la persecución
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Un abogado suizo acostumbrado a fiscalías cantonales, a una Fiscalía federal (Office of the Attorney General) con un catálogo definido de competencias y a una división de enforcement separada de la FINMA encontrará el mapa singapurense de la persecución más sencillo sobre el papel y más entrelazado en la práctica. La investigación penal de la delincuencia financiera se concentra en el Commercial Affairs Department (CAD) de la Singapore Police Force. La acusación es monopolio del Attorney-General como Public Prosecutor, que la ejerce a través de la Attorney-General's Chambers (AGC). La actuación regulatoria corresponde a la MAS (la autoridad monetaria y supervisora financiera). El Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) investiga la corrupción. La Suspicious Transaction Reporting Office (STRO), la unidad de inteligencia financiera de Singapur, está integrada en el CAD. Desde 2015, la MAS y el CAD llevan a cabo investigaciones conjuntas sobre abuso de mercado. Desde 2022, el Anti-Scam Command coordina la respuesta policial a las estafas minoristas, que representan la mayoría de las denuncias policiales relacionadas con criptoactivos.1
La base constitucional es el art. 35(8) de la Constitución, que atribuye al Attorney-General la facultad, ejercitable a su discreción, de incoar, dirigir o sobreseer cualquier procedimiento por cualquier delito. La acusación privada solo existe para delitos menores ante los State Courts. La víctima de un fraude con tokens no tiene, por tanto, acceso directo a un tribunal penal. Denuncia ante la policía, que decide si investiga, y la AGC decide si formula acusación. La consecuencia para la recuperación de activos es que la vía civil descrita en el capítulo III suele ser más rápida y queda más bajo el control de la víctima.
Notas
- Singapore Police Force, Commercial Affairs Department, descripción organizativa; acuerdo de investigaciones conjuntas entre la MAS y el CAD anunciado el 17 de marzo de 2015; Anti-Scam Command creado el 22 de marzo de 2022. ↩
Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.