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La General Division del High Court

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Competencia sobre demandados extranjeros

La General Division tiene competencia sobre el demandado al que se notifica en Singapur o que se somete a ella. Frente a un demandado extranjero, el demandante necesita autorización para notificar fuera de la jurisdicción conforme a la O 8 de las Rules of Court 2021. Desde 2021, la norma solo exige que el tribunal sea competente o sea el tribunal adecuado conforme a la Supreme Court of Judicature Act y que Singapur sea el foro apropiado, y los antiguos «gateways» (supuestos habilitantes) han quedado reducidos a meros factores. El demandante debe acreditar un good arguable case de que Singapur es el foro apropiado y debe revelar íntegramente toda la información relevante.1 En los casos de criptoactivos, las conexiones relevantes suelen ser que el demandante se encuentra en Singapur y sufrió allí el perjuicio, que el exchange que custodia los activos está en Singapur o que el contrato eligió el Derecho singapurense.

Los tribunales se han mostrado receptivos. En Janesh, el tribunal consideró que Singapur era el foro apropiado porque el demandante tenía allí su base y desarrollaba allí su actividad, aunque reconoció que la naturaleza descentralizada de la blockchain dificultaba determinar la localización del litigio.2 En CLM v CLN se autorizó la notificación fuera de la jurisdicción a demandados de varios países identificados gracias a la información revelada por los exchanges.3 Un demandado suizo al que se demande en Singapur por una operación con tokens debe contar con que el tribunal singapurense asumirá la competencia si algún elemento sustancial de la operación tuvo contacto con Singapur. Debe plantear cualquier objeción de foro en la primera oportunidad, porque realizar un acto procesal en el procedimiento equivale a someterse.

Las Rules of Court 2021 y los activos digitales

Las Rules of Court 2021, en vigor desde el 1 de abril de 2022, sustituyeron a las Rules de 2014 por un procedimiento articulado en torno a un control judicial temprano, una única solicitud previa al juicio y una exhibición proporcionada de documentos. Tres rasgos son relevantes para los litigios sobre activos digitales. La facultad del tribunal de dictar órdenes de ejecución conforme a la O 22 se extiende a las criptomonedas, que las Rules mencionan como forma de bien, un punto en el que se apoyó la sentencia ByBit.4 La exhibición de documentos conforme a la O 11 se limita a los documentos en que se basan las partes y a los solicitados de forma específica, de modo que el demandante que quiera obtener el historial de monederos del demandado debe pedirlo con precisión. Por último, los Ideals de la O 3 r 1, que ordenan al tribunal alcanzar resultados justos y prácticos adaptados a las necesidades de las partes, se han invocado en los casos de criptoactivos para justificar la notificación sustitutoria y las demandas contra personas desconocidas.5

Revelación de datos de monederos

Los datos de monederos tienen un doble carácter en el litigio. El registro público está al alcance de todos, por lo que el tribunal toma conocimiento de oficio de lo que muestra un explorador de bloques, a reserva de que se pruebe a quién se atribuye la dirección. El vínculo entre una dirección y una persona es privado y lo conservan los exchanges, los proveedores de software de monederos y la propia persona. Las direcciones de monedero de una parte y las claves que acreditan su control son documentos sujetos al régimen de exhibición. La parte que se niega a revelar las direcciones que controla, o que afirma haber perdido las claves, se expone a inferencias desfavorables y, si una orden judicial obliga a la revelación, a una sanción por desacato. Los tribunales singapurenses han ordenado a demandados que enumeren todos los monederos que controlan y que aporten mensajes firmados que acrediten ese control, lo que constituye el equivalente on-chain de una declaración jurada de bienes en un procedimiento Mareva.

Los datos de monederos de terceros se obtienen por las vías Bankers Trust y Norwich Pharmacal descritas en el capítulo III, o mediante la exhibición previa a la demanda conforme a la O 11 r 11. Esta norma permite al tribunal ordenar a un tercero que exhiba documentos si el solicitante demuestra que son necesarios para decidir si demanda y a quién.6 La Personal Data Protection Act 2012 no impide la revelación en virtud de una orden judicial, porque las excepciones de la ley abarcan la revelación exigida por la ley y la realizada a efectos de un procedimiento judicial.

Prueba pericial

Los casos de activos digitales casi siempre requieren prueba pericial sobre dos materias: el rastreo de los activos en el registro y el funcionamiento técnico del protocolo o de la plataforma en cuestión. La Order 12 de las Rules of Court 2021 atribuye al tribunal el control de la prueba pericial, incluida la facultad de exigir un único perito común o de limitar las cuestiones sobre las que puede versar la pericia. El tribunal debe autorizar previamente la prueba pericial. Los informes de análisis de blockchain de los proveedores consolidados se han admitido sin dificultad en fase cautelar. En el juicio, la metodología de atribución, las heurísticas de agrupación (clustering) que vinculan direcciones a un único titular y el tratamiento de los mezcladores quedan expuestos al contrainterrogatorio. Un demandado con recursos los atacará. Los abogados deberían encargar pronto el informe al perito de análisis y asegurarse de que distinga lo que muestra el registro de lo que el perito infiere.

Nota práctica

Cuando encargue un informe a un perito en análisis de blockchain para un procedimiento en Singapur, pida tres cosas. Una declaración de cadena de custodia que muestre cómo se obtuvieron los datos del registro público y de las revelaciones de los exchanges, para que el informe sea admisible sin más prueba. Una separación clara entre el rastreo determinista (esta salida financió aquella entrada) y la atribución probabilística (estas direcciones son probablemente un mismo monedero), porque el tribunal dará a cada una un peso distinto. Y un apartado en lenguaje llano que el juez pueda leer sin glosario: los jueces singapurenses son sofisticados, pero no perdonarán un informe que dé por supuesto el conocimiento de la contabilidad UTXO.

Costas

En Singapur, las costas siguen al resultado y se fijan según un criterio estándar que suele cubrir entre un tercio y dos tercios del gasto real. Las directrices sobre costas del Supreme Court, recogidas en el apéndice G de las Practice Directions, establecen horquillas para las costas entre partes en la General Division. Por ejemplo, de 20 000 a 40 000 S$ para una solicitud contradictoria de medida cautelar y de 60 000 a 180 000 S$ por día de juicio en asuntos mercantiles complejos, aunque las horquillas se revisan y el tribunal se aparta de ellas.7 Un demandante que obtiene una sentencia sumaria según el modelo de ByBit recupera costas y gastos del orden de 45 000 a 60 000 S$, una fracción de lo realmente gastado.8 Conforme a la O 9 r 12, puede exigirse caución para costas a un demandante extranjero, incluida una sociedad suiza. Es una solicitud habitual de la defensa frente a entidades de Zug que demandan en Singapur.

Notas

  1. Rules of Court 2021, O 8 r 1, Singapore Statutes Online; Supreme Court of Judicature Act 1969, s 16. ↩
  2. Janesh s/o Rajkumar v Unknown Person [2022] SGHC 264, sobre competencia y foro apropiado. ↩
  3. CLM v CLN [2022] SGHC 46 en [61]–[75]. ↩
  4. ByBit Fintech Ltd v Ho Kai Xin [2023] SGHC 199 en [30], con referencia a la O 22 r 1(1) de las Rules of Court 2021. ↩
  5. Janesh [2022] SGHC 264 en [37]–[42] y [86]–[91], sobre las Rules of Court 2021 y la notificación sustitutoria fuera de la jurisdicción. ↩
  6. Rules of Court 2021, O 11 r 11 (exhibición antes de la demanda y frente a terceros), Singapore Statutes Online. ↩
  7. Supreme Court Practice Directions 2021, Appendix G (Guidelines for Party-and-Party Costs Awards in the Supreme Court of Singapore). ↩
  8. ByBit Fintech Ltd v Ho Kai Xin [2023] SGHC 199 en [47]: costas de 45 000 S$ y gastos de 11 500 S$. ↩

Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.

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