La ola de family offices
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El auge del single family office singapurense es el segundo gran acontecimiento del periodo y el más relevante para el lector del ámbito de clientes privados. Los incentivos fiscales de las secciones 13O y 13U de la Income Tax Act 1947 (la ley del impuesto sobre la renta), gestionados por la MAS (Monetary Authority of Singapore, la autoridad monetaria y supervisora financiera), atrajeron patrimonios de China, Hong Kong, la India, Indonesia y, cada vez más, de Europa. Según las propias cifras de la MAS, el número de single family offices beneficiarios de incentivos pasó de unos 400 en 2020 a unos 1100 a finales de 2022, 1400 a finales de 2023 y más de 2000 a finales de 2024.1 Muchos de estos family offices poseen activos digitales, ya sea directamente, a través de fondos o mediante productos estructurados ofrecidos por los bancos. Las condiciones de los incentivos se ajustaron en 2023 para fomentar la inversión local y endurecer los requisitos de sustancia y de diligencia debida tras el caso de blanqueo de capitales de ese año.
La ola de family offices generó una demanda de custodia de criptoactivos, de productos tokenizados y de asesoramiento que hoy atienden las empresas con licencia antes descritas. También expuso a los bancos a un problema de origen del patrimonio de nuevo tipo: una familia cuya fortuna se hizo con tokens entre 2017 y 2021 debe documentarla a satisfacción del banco, cuando la documentación es un registro en blockchain. La parte P, capítulo IX describe cómo se hace, mientras que la parte L, capítulo V explica por qué los bancos se volvieron más prudentes después de 2023.
Notas
- Cifras de la MAS sobre single family offices beneficiarios de incentivos fiscales, según respuestas parlamentarias y notas de prensa: unos 1100 a finales de 2022, unos 1400 a finales de 2023 y más de 2000 a finales de 2024; véase la parte M, capítulo V. ↩
Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.