简体 繁體 日本語 한국어 English Deutsch Français Italiano Español Português Русский Українська

El Commercial Affairs Department

Leer la edición en PDF (4 páginas)

Mandato y estructura

El CAD es el principal organismo de investigación de la delincuencia de cuello blanco. Sus divisiones abarcan el fraude con valores, la investigación financiera, la delincuencia mercantil y, desde finales de la década de 2010, una unidad especializada en criptomonedas y fraude en línea. Los agentes del CAD son policías con todas las facultades del Criminal Procedure Code 2010 (Código Procesal Penal), complementadas por las facultades de investigación de las leyes que aplican. En los asuntos de activos digitales, las vías de entrada típicas son la denuncia policial de una víctima, una comunicación de operación sospechosa (STR) canalizada por la STRO, una remisión de la MAS (Monetary Authority of Singapore, la autoridad monetaria y supervisora financiera), una remisión de un liquidador o administrador judicial y, cada vez más, una solicitud de asistencia de una autoridad extranjera.

El asunto Hodlnaut ilustra la vía de la remisión. Los informes de los administradores judiciales provisionales de finales de 2022 revelaron la discrepancia entre las declaraciones públicas de la sociedad sobre su exposición a TerraUSD y sus posiciones reales. El CAD confirmó una investigación en noviembre de 2022, obtuvo documentos de los administradores judiciales y de la sociedad, y formuló acusaciones en mayo de 2026.1 El intervalo de tres años y medio es típico. Las investigaciones del CAD sobre colapsos de plataformas son intensivas en documentación, dependen de la contabilidad forense de registros on-chain y off-chain y a menudo esperan a que los liquidadores completen el panorama patrimonial.

Facultades

El Criminal Procedure Code otorga al agente que investiga un delito que permite la detención (arrestable offence) la facultad de exigir la presentación de documentos (s 20) y de registrar locales e incautar bienes (ss 24–35). Le permite también acceder a ordenadores e inspeccionarlos y exigir a cualquier persona la información necesaria para acceder a ellos, incluidas contraseñas y claves de descifrado (ss 39–40). Negarse a facilitar el acceso es en sí mismo un delito.2 En una investigación sobre activos digitales, las facultades de las ss 39 y 40 son decisivas: un agente puede obligar a un sospechoso o a un custodio a desbloquear un monedero físico (hardware wallet), entregar una frase semilla o descifrar un sistema de gestión de claves. El derecho a no autoincriminarse es en Singapur más restringido que en la tradición del common law y no justifica el incumplimiento de la s 40.

Los bienes incautados conforme al Code quedan en poder de la policía a la espera del resultado. En el caso de los tokens, esto significa que el CAD los traslada a monederos controlados por la policía. Singapur no tiene normas publicadas sobre la custodia o realización de criptoactivos incautados comparables a las analizadas para Suiza en la parte H, capítulo III. En la práctica, la policía conserva los activos y solicita al tribunal, al término del procedimiento, órdenes de disposición conforme a la s 370 del Code. En el caso de blanqueo de 2023, el tribunal ordenó el decomiso de los bienes incautados a favor del Estado, incluidas las criptomonedas, que el Gobierno ha declarado después que realiza a través de exchanges con licencia.3

Facultades de investigación de la CDSA

La CDSA añade un segundo nivel de facultades que no exigen que se esté investigando un delito que permita la detención. Un tribunal puede dictar una orden de presentación (production order, s 31), una orden de registro (s 34) y, a solicitud del Public Prosecutor, una orden de inmovilización (restraint order) sobre bienes realizables cuando se haya incoado o esté a punto de incoarse un procedimiento por un delito grave (s 16). Una orden de inmovilización congela los bienes en poder de cualquiera, incluido un exchange, y su incumplimiento constituye desacato (contempt). Completan el conjunto la orden de gravamen sobre valores (charging order, s 17) y, desde 2019, las facultades para exigir a las entidades financieras que vigilen cuentas.4 Los exchanges que reciben una orden de inmovilización deben congelar la cuenta de inmediato y no deben informar al cliente, porque la revelación entraña el riesgo del delito de revelación (tipping-off) de la s 57.

Nota práctica

Un exchange con licencia en Singapur recibirá tres tipos de instrumentos policiales y debe tratarlos de forma distinta. Una orden de presentación conforme a la s 20 CPC o a la s 31 CDSA exige documentos y debe atenderse en el plazo indicado, pero no congela nada. Una orden de inmovilización conforme a la s 16 CDSA congela los bienes identificados y prevalece sobre los derechos contractuales de retirada del cliente. Una simple carta policial que solicita una congelación «voluntaria» carece de fuerza jurídica, pero rechazarla puede generar por sí mismo motivos razonables de sospecha que activen el propio deber de comunicación del exchange. La mayoría de los titulares de licencia congelan a petición de la policía y presentan al mismo tiempo una comunicación de operación sospechosa, que es la posición que espera la MAS.

Notas

  1. Cointelegraph, «Hodlnaut CEO charged with fraud over misleading statements on Terra collapse», 26 de mayo de 2026, que informa de la investigación del Commercial Affairs Department y de los seis cargos conforme a la s 424A del Penal Code. ↩
  2. Criminal Procedure Code 2010, ss 20, 24–35, 39 y 40, Singapore Statutes Online. ↩
  3. Criminal Procedure Code 2010, s 370 (disposal of property at conclusion of proceedings), Singapore Statutes Online; respuestas parlamentarias del Ministry of Home Affairs de 2024 sobre la disposición de activos digitales incautados. ↩
  4. CDSA 1992, ss 16, 17, 31 y 34, Singapore Statutes Online. ↩

Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.

¿Quiere establecerse o expandirse en Singapur?

SingaporeIQ está editado por el Dr. Alexander Ressos, abogado internacional de derecho de los negocios con más de 15 años de experiencia local en Singapur como residente permanente, abogado extranjero registrado en Singapur y socio director de un despacho de abogados extranjero en Singapur. Además de una amplia experiencia en inversiones y operaciones transfronterizas, en el asesoramiento a clientes privados UHNWI y en sanciones y controles de exportación, el Dr. Ressos cuenta con una dilatada experiencia en negocios transfronterizos y en proyectos de criptoactivos y activos digitales en Singapur, adquirida en más de 700 proyectos desde 2017.

Si está planificando la constitución de una sociedad, una inversión, una estructura holding o la entrada en un mercado a través de Singapur, puede contactar directamente con el Dr. Ressos en [email protected]. El asesoramiento en derecho de Singapur lo presta KGP Legal LLC, un despacho autorizado de advocates and solicitors de Singapur. Como despacho singapurense, KGP Legal LLC está facultado por la Legal Profession Act 1966 para asesorar en derecho de Singapur y representar a sus clientes ante los tribunales de Singapur; los despachos extranjeros establecidos en Singapur (foreign law practices) no están autorizados, por regla general, a hacer ninguna de las dos cosas. El Dr. Ressos y su equipo facilitan toda la gama de servicios jurídicos, de cumplimiento normativo y de administración societaria en Singapur, incluidos la constitución de sociedades, las operaciones societarias, los contratos mercantiles, los criptoactivos y activos digitales, la regulación financiera y la resolución de controversias, incluidos los litigios ante los tribunales de Singapur. Para servicios jurídicos, fiscales y fiduciarios en Suiza, visite helveticaregister.com.