Obligaciones de información: CRS, CARF y el estado patrimonial de activos digitales

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Todas las estructuras de este capítulo son objeto de comunicación. Con arreglo al Common Reporting Standard (CRS, la norma común de comunicación de información), los bancos y custodios de ambos centros comunican las cuentas de los clientes no residentes a sus respectivas administraciones tributarias. Suiza y Singapur intercambian información en el marco del CRS desde 2018.¹ Los custodios cripto que mantienen tokens solo han quedado sujetos al CRS de forma parcial, porque los tokens que no son activos financieros en el sentido de su definición quedaban fuera de su ámbito. El Crypto-Asset Reporting Framework (CARF, el marco de comunicación de información sobre criptoactivos) cierra esa laguna. La reforma suiza de la ley sobre el intercambio automático de información (AIAG/LEAI), que incorpora el CARF y el CRS modificado, entró en vigor el 1 de enero de 2026. Sin embargo, el decreto federal sobre los Estados socios quedó en suspenso en noviembre de 2025, de modo que la recopilación de datos del CARF empezará como pronto el 1 de enero de 2027 y los primeros intercambios tendrán lugar en 2028 (véanse la Parte C, capítulo VI, y la Parte G, capítulo VII). Singapur se ha comprometido a realizar los primeros intercambios con arreglo al CARF en 2027 o 2028.²

Para el cliente privado, la consecuencia es que un custodio de Zug comunicará las tenencias y operaciones de un cliente residente en Singapur a la AFC (Administración Federal de Contribuciones) para su remisión a IRAS (la administración tributaria de Singapur) a partir del ejercicio 2026. Un custodio singapurense hará lo propio en sentido inverso una vez que entren en vigor las normas de Singapur. Las estructuras no escapan a ello: una VCC, un trust y una fundación son, cada uno, entidades obligadas a comunicar información o tienen personas que ejercen el control y que son objeto de comunicación. La conclusión para la planificación es la misma que rige para todo patrimonio transfronterizo desde 2018. Toda tenencia debería ser una que el cliente aceptara ver en la pantalla de su administración tributaria, porque allí estará.

Recomiendo a todo cliente privado un documento que denomino estado patrimonial de activos digitales. En él se recoge, a una fecha determinada, cada posición en tokens con su cadena de bloques, su dirección de monedero o su custodio, su fecha y coste de adquisición, su valor a final de año y la entidad o persona que la mantiene. Indica el tratamiento fiscal que se invoca para cada posición en cada jurisdicción relevante. Se actualiza anualmente y se entrega al asesor fiscal del cliente, a su albacea y, en versión censurada, a su banco. El estado patrimonial cumple tres funciones. Sirve de soporte a la declaración tributaria. Es el inventario en el que descansa el plan sucesorio del capítulo VIII. Es la respuesta a la consulta de un banco sobre el origen del patrimonio del capítulo IX. Un cliente que dispone de él dedica cada año unos días al cumplimiento normativo. Un cliente que carece de él dedica meses.

Notas

Federal Act on the International Automatic Exchange of Information in Tax Matters, de 18 de diciembre de 2015 (AEOIA; AIAG), SR 653.1; decisión del Consejo Federal de 2017 de activar el intercambio automático de información con Singapur a partir del 1 de enero de 2017, con primer intercambio en 2018; Income Tax (International Tax Compliance Agreements) (Common Reporting Standard) Regulations 2016 (Singapur). Parte G, capítulo VII, y Parte M, capítulo VII. ↩
Federal Act on the International Automatic Exchange of Information concerning Crypto-Assets y modificaciones de la AEOIA, mensaje del Consejo Federal de 19 de febrero de 2025; OCDE, "Collective engagement to implement the Crypto-Asset Reporting Framework", declaración conjunta de 10 de noviembre de 2023 (48 jurisdicciones, entre ellas Singapur, se comprometen a intercambiar información a partir de 2027); OCDE, actualización de 2024 que añade nuevas jurisdicciones. Parte G, capítulo VII, y Parte M, capítulo VII. ↩

Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.

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