Segunda fase, 2017–2019: la ola de ICO y la Guía

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El auge de las ofertas iniciales de monedas (ICO) de 2017 llegó rápidamente a Singapur, y varias de las mayores ventas de tokens de ese año se realizaron a través de entidades singapurenses. La MAS (Monetary Authority of Singapore, la autoridad monetaria y supervisora financiera) respondió en dos pasos. El 1 de agosto de 2017 publicó una breve aclaración según la cual la oferta o emisión de tokens digitales estaría regulada si los tokens constituían productos regulados por la Securities and Futures Act (SFA, la ley de valores y futuros). El 14 de noviembre de 2017, día de apertura del FinTech Festival, publicó «A Guide to Digital Token Offerings». La Guía explicaba cuándo un token es un valor, una participación en un organismo de inversión colectiva o un derivado, qué exenciones de folleto podían aplicarse, qué intermediarios necesitan licencia y cómo alcanzan la actividad las normas de prevención del blanqueo de capitales.¹ Completaron el panorama un aviso a los consumidores emitido conjuntamente con el Commercial Affairs Department en agosto de 2017 y una advertencia pública contra la inversión en criptomonedas en diciembre de 2017. En conjunto, estos documentos establecieron la doctrina del periodo: la función del token determina su regulación, y se advierte al público de que los tokens no regulados conllevan riesgos sin protección.

El método de la Guía merece un momento de atención, porque perdura. Cada caso práctico describe un token hipotético e indica si es un producto del mercado de capitales. Un token que otorga una participación en los beneficios de una sociedad es un valor. Un token que no otorga nada salvo el acceso a una plataforma queda fuera de la Securities and Futures Act. Un token que se vende para financiar un esquema en el que los fondos obtenidos se agrupan y gestionan en beneficio de los titulares es una participación en un organismo de inversión colectiva. El lector suizo observará que las Directrices sobre ICO de la FINMA de 16 de febrero de 2018, publicadas tres meses después, llegaron al mismo resultado por otro camino. La Guía singapurense concede más peso que la suiza al análisis de la inversión colectiva, porque la definición singapurense de organismo de inversión colectiva es amplia y carece de una exención de minimis del tipo suizo.²

La MAS aplicó la Guía de forma selectiva. En mayo de 2018 advirtió a ocho plataformas de intercambio de tokens digitales de que no debían facilitar sin autorización la negociación de tokens que fueran valores. También ordenó a un emisor detener una oferta y devolver los fondos a los inversores en Singapur, porque la oferta no había cumplido los requisitos de folleto.³ Esas actuaciones fueron escasas, porque el principal trabajo legislativo del periodo se dedicó a la Payment Services Bill. El proyecto se aprobó el 14 de enero de 2019 y recibió la sanción en febrero, con lo que se creó el marco de licencias para los «digital payment token services» descrito en el capítulo II. La MAS fijó el 28 de enero de 2020 como fecha de entrada en vigor y concedió a los operadores existentes un periodo de gracia para presentar su solicitud.

Notas

1. MAS, «A Guide to Digital Token Offerings», 14 de noviembre de 2017, que se basa en la aclaración de la MAS de 1 de agosto de 2017; la Guía se actualizó el 30 de noviembre de 2018 y el 26 de mayo de 2020 con casos prácticos adicionales. ↩
2. Compárese MAS, «A Guide to Digital Token Offerings» (edición de 2020), casos prácticos 1–11, con FINMA, «Guidelines for enquiries regarding the regulatory framework for initial coin offerings (ICOs)», 16 de febrero de 2018; sobre la definición singapurense, véase Securities and Futures Act 2001, s. 2(1), definición de «collective investment scheme». ↩
3. Nota de prensa de la MAS de 24 de mayo de 2018, «MAS warns Digital Token Exchanges and ICO Issuer». ↩

Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.