Ofertas al público y el libro blanco
Leer la edición en PDF (3 páginas)
El título II se aplica a todo oferente en la Unión de un criptoactivo distinto de un token referenciado a activos (ART) o de un token de dinero electrónico (EMT), así como a toda persona que solicite su admisión a negociación. El oferente debe ser una persona jurídica. Debe elaborar un libro blanco de criptoactivos (white paper) con el contenido del anexo I, notificarlo a la autoridad competente de su Estado miembro de origen al menos veinte días hábiles antes de su publicación y publicarlo. No hay aprobación, y eso distingue el libro blanco de un folleto conforme a la Ley de servicios financieros (FIDLEG/LSFin) o a la Securities and Futures Act (SFA, la ley singapurense de valores y futuros). Con arreglo al art. 15, el oferente responde de la información incompleta, no imparcial o engañosa. Las comunicaciones publicitarias deben ser coherentes con el libro blanco e identificables como publicidad. Los titulares minoristas disponen de un derecho de desistimiento de catorce días para los tokens adquiridos directamente del oferente y aún no admitidos a negociación.1
Para un emisor suizo o singapurense importan dos rasgos. En primer lugar, el oferente no necesita estar establecido en la Unión. El Estado miembro de origen de un oferente establecido en un tercer país es aquel en el que el criptoactivo se ofrece por primera vez o se admite por primera vez a negociación. Una AG de Zug puede, por tanto, ofrecer su token de utilidad al público europeo notificando un libro blanco, por ejemplo, a la autoridad alemana o francesa, sin crear una filial en la Unión.2 En segundo lugar, el contenido del anexo I se solapa en gran medida con lo que la FINMA espera de la documentación de una venta de tokens según sus directrices sobre ICO y con lo que contiene un memorando de colocación privada conforme a la SFA de Singapur. Un emisor que redacta un único documento informativo según el estándar de MiCA suele cumplir, con pequeños añadidos, los requisitos suizos y singapurenses para un token que no es un valor. Lo inverso no se cumple.
Ejemplo
Una GmbH de Zug desarrolla un protocolo descentralizado de almacenamiento y planea una venta pública de un token de utilidad a compradores europeos y asiáticos en septiembre de 2026. El token da acceso a una capacidad de almacenamiento que la red ya ofrece. Con arreglo a MiCA, el token es «otro criptoactivo». La venta al público europeo requiere un libro blanco notificado a la autoridad del Estado miembro en el que se abra primero la oferta, y la GmbH es el oferente responsable. Para su propia venta primaria, la GmbH no necesita licencia de CASP. Según el Derecho suizo, la GmbH necesita una valoración de la FINMA que confirme la clasificación como token de utilidad. No necesita folleto conforme a la FIDLEG/LSFin. Tampoco necesita afiliarse a efectos de prevención del blanqueo de capitales, salvo que además cambie tokens, porque acepta pagos del público en criptoactivos y en moneda fiduciaria sin custodiarlos para los compradores. Según el Derecho de Singapur, el token queda fuera de la SFA si es un token de utilidad puro, y la venta de la GmbH desde Zug a residentes en Singapur no constituye un servicio de DPT. Otra cosa sería la distribución asiática a través de una filial singapurense que recibiera los fondos de los compradores: véase la Parte K, capítulo I.
Notas
- Reglamento (UE) 2023/1114, arts. 4 a 15 y anexo I. Las exenciones del art. 4, apartados 2 y 3, abarcan las ofertas a menos de 150 personas por Estado miembro, las ofertas inferiores a 1 millón de EUR en doce meses, las ofertas dirigidas solo a inversores cualificados y los tokens ofrecidos gratuitamente, creados mediante minería o validación, o los tokens de utilidad para bienes y servicios que ya existen. ↩
- Reglamento (UE) 2023/1114, art. 3, apartado 1, punto 33, letra b), y art. 8. Este punto suele pasarse por alto porque las normas sobre CASP del título V sí exigen el establecimiento en la Unión. ↩
Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.