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Asistencia judicial mutua

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El marco legal

La Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000 (MACMA, ley de asistencia mutua en materia penal) regula las solicitudes de asistencia que Singapur recibe y las que dirige al extranjero. Su objeto es facilitar la prestación y la obtención de asistencia en asuntos penales, lo que incluye la práctica de pruebas, la localización de personas, la ejecución de registros e incautaciones, la restricción de actos de disposición sobre bienes y la ejecución de órdenes extranjeras de decomiso.1 Para prestar asistencia a un Estado extranjero, este debe ser un «prescribed foreign country» (Estado designado) en virtud de un tratado o acuerdo, o bien el Attorney-General (fiscal general) debe dictar una instrucción especial para un caso concreto. Esta vía permite asistir a Estados sin tratado a cambio de un compromiso de reciprocidad.2 El Attorney-General actúa como autoridad central. Entre los motivos de denegación figuran los delitos políticos, el principio non bis in idem, la falta de doble incriminación para medidas coercitivas y el perjuicio a la soberanía o a los intereses esenciales de Singapur.

Singapur y Suiza

Suiza y Singapur no tienen un tratado bilateral de asistencia judicial mutua. La cooperación se canaliza a través de los convenios multilaterales de los que ambos son parte, en particular la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Del lado singapurense se aplica la vía de la instrucción especial prevista en la MACMA. Del lado suizo, la Ley federal suiza de asistencia mutua internacional en materia penal (IRSG/EIMP) permite a Suiza asistir a cualquier Estado bajo condición de reciprocidad.3 En la práctica, ambos países cooperan bien en casos de fraude y blanqueo. Las fricciones surgen en dos puntos. Singapur exige doble incriminación para las medidas coercitivas y considera que algunos delitos fiscales suizos no la cumplen. Suiza, por su parte, concede a la persona afectada el derecho a ser oída y a recurrir la transmisión de pruebas, lo que alarga a muchos meses la ejecución suiza de las solicitudes singapurenses.

Ambos países utilizan además los canales entre policías y entre unidades de inteligencia financiera (UIF) para obtener información antes de cualquier solicitud formal. La STRO y la MROS intercambian información a través del Grupo Egmont, mientras que la Singapore Police Force y fedpol cooperan a través de Interpol. La información obtenida por estos canales no puede utilizarse, por lo general, como prueba. Sin embargo, indica al Estado requirente hacia dónde debe dirigir la solicitud formal. En un fraude con tokens que tenga víctimas en Singapur y un custodio suizo, la secuencia suele comenzar con una denuncia ante la policía de Singapur y una solicitud de la STRO a la MROS para obtener información sobre las cuentas. A continuación, el custodio suizo bloquea los activos conforme al art. 9a de la Ley suiza contra el blanqueo de capitales (GwG/LBA) por indicación de la MROS. Después llega una solicitud formal al amparo de la MACMA, que la AGC transmite a la Oficina Federal de Justicia suiza y que ejecuta el fiscal cantonal competente (véase la Parte H, capítulo VI).

PasoLado singapurenseLado suizo
InteligenciaSTRO (Egmont)MROS (Egmont)
Enlace policialSPF Interpol NCBfedpol Interpol NCB
Solicitud formalAGC International Affairs DivisionOficina Federal de Justicia (OFJ)
Base jurídicaInstrucción especial de la MACMA o UNCAC/UNTOCIRSG/EIMP, UNCAC/UNTOC
Medida coercitivaOrden judicial conforme a la parte 3 de la MACMAOrden del fiscal cantonal conforme al art. 63 IRSG/EIMP
Bloqueo de tokensOrden de restricción de la CDSA dictada por el tribunalIncautación conforme al art. 263 del Código Procesal Penal suizo (StPO/CPP) / art. 18 IRSG/EIMP
Recursos de la persona afectadaLimitados; no cabe recurso contra la transmisiónRecurso ante el Tribunal Penal Federal (art. 80e IRSG/EIMP)
Duración habitual3–6 meses6–18 meses

Cooperación entre supervisores

La MAS (Monetary Authority of Singapore, la autoridad monetaria y supervisora financiera) y la FINMA firmaron en 2016 un acuerdo de cooperación en materia fintech que prevé la derivación de empresas innovadoras y el intercambio de información. Ambas son signatarias del Memorando de Entendimiento Multilateral de IOSCO, que les permite obtener y compartir información para la aplicación de la normativa de valores.4 Conforme al art. 42 de la Ley de supervisión del mercado financiero (FINMAG/LFINMA), la FINMA puede transmitir información a autoridades de supervisión extranjeras siempre que la información se utilice solo con fines de supervisión, esté sujeta al secreto oficial y no se transmita a autoridades penales sin consentimiento previo. La MAS dispone de facultades equivalentes para asistir a supervisores extranjeros en virtud de la Securities and Futures Act (SFA) y de la Financial Services and Markets Act.5 El canal entre supervisores es relevante para los grupos suizo-singapurenses, porque un problema de licencia en un lado suele llegar a conocimiento del otro supervisor en cuestión de semanas.

Notas

  1. Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000, ss 2 y 3, Singapore Statutes Online (consultado en junio de 2026): definiciones y objeto de la ley, incluidos la recuperación, la confiscación, el decomiso y la restricción de bienes. ↩
  2. Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000, ss 16 y 17, Singapore Statutes Online. ↩
  3. Federal Act on International Mutual Assistance in Criminal Matters de 20 de marzo de 1981 (IMAC; IRSG), SR 351.1, arts. 1, 8 y 63 ss. ↩
  4. MAS y FINMA, Cooperation Agreement on fintech de 12 de septiembre de 2016; IOSCO Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (2002, en su versión revisada). ↩
  5. Financial Market Supervision Act de 22 de junio de 2007 (FINMASA; FINMAG), SR 956.1, art. 42; Securities and Futures Act 2001, parte 9, división 4 (asistencia a autoridades reguladoras extranjeras). ↩

Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.

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