La postura de la MAS
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La Monetary Authority of Singapore (MAS, la autoridad monetaria y supervisora financiera) nunca ha publicado un informe sobre DeFi comparable al del Consejo Federal, pero su posición puede reconstruirse a partir de discursos, documentos de consulta y el diseño del régimen DTSP. Destacan tres elementos. En primer lugar, la MAS ha declarado reiteradamente que regula actividades y personas, que un protocolo sin operador queda fuera de su ámbito de competencia y que no pretende regular el código. En segundo lugar, la MAS ha considerado que los operadores de front-ends y los desarrolladores que conservan el control prestan servicios de digital payment tokens (DPT, «tokens de pago digitales») o gestionan mercados, y les ha aplicado sin vacilar la Payment Services Act (PSA, la ley de servicios de pago) y la Securities and Futures Act (SFA, la ley de valores y futuros). En tercer lugar, la MAS se ha mostrado abiertamente escéptica respecto de la forma actual de DeFi y, en 2022 y 2023, describió buena parte de ella como algo que no es ni descentralizado ni financiero en ningún sentido útil. Su trabajo institucional de tokenización en el Project Guardian se ha centrado en las DeFi con permisos, en las que instituciones conocidas utilizan mecanismos de AMM y de préstamo en registros con permisos y con KYC completo.1
La diferencia práctica con Suiza es que el régimen DTSP singapurense de la Parte 9 de la Financial Services and Markets Act 2022, en vigor desde el 30 de junio de 2025, alcanza a cualquier persona radicada en Singapur que preste servicios de tokens digitales a clientes situados fuera de Singapur. Un equipo de desarrollo singapurense que gestione un front-end DeFi para una base de usuarios global queda de lleno dentro de ese régimen y necesita una licencia DTSP, que la MAS ha dicho que solo concederá en circunstancias sumamente limitadas. La consecuencia ha sido un éxodo de equipos DeFi de Singapur hacia Dubái, Hong Kong y otros lugares a lo largo de 2025, del que dan cuenta la Parte I, capítulo III, y la Parte K, capítulo V.2
La perspectiva transfronteriza
Un equipo que quiera construir y gestionar un protocolo DeFi y su front-end dispone en 2026 de una respuesta estructural clara entre los dos centros. La gobernanza y la tesorería del protocolo pueden situarse en una fundación o asociación suiza en Zug, como explica el capítulo VII. El Derecho suizo tolera que una estructura sin ánimo de lucro ostente poder de gobernanza sobre un protocolo si esa estructura no mantiene por sí misma activos de usuarios ni gestiona el front-end. El front-end, si atiende a usuarios minoristas en cualquier lugar, debe gestionarse desde una jurisdicción en la que esa actividad no requiera licencia o en la que pueda obtenerse. Ello excluye Singapur bajo el régimen DTSP. Suiza solo es posible si el front-end no facilita transferencias de un modo que convierta a su operador en intermediario financiero. La sociedad de desarrollo que emplea a los ingenieros puede estar en cualquier lugar. Singapur sigue siendo atractivo para ella, siempre que no preste el servicio por sí misma. Separe las tres funciones en tres entidades, documente lo que puede hacer cada una y asegúrese de que ninguna entidad tenga una clave de administración que permita mover activos de usuarios.
Notas
- MAS, Project Guardian: Enabling Open and Interoperable Networks, junio de 2023, sección sobre DeFi institucional; Ravi Menon, «Yes to digital asset innovation, no to cryptocurrency speculation», discurso en Green Shoots, 29 de agosto de 2022. Parte I, capítulo III, y Parte K, capítulo IX. ↩
- Financial Services and Markets Act 2022 (Singapur), Parte 9 (proveedores de servicios de tokens digitales), en vigor desde el 30 de junio de 2025; MAS, Response to Feedback Received on Proposed Regulatory Approach for Digital Token Service Providers, 30 de mayo de 2025 (que establece que las licencias se concederían en circunstancias sumamente limitadas). Parte K, capítulo V. ↩
Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.