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Transferencias erróneas y fraudulentas: comparación con Suiza

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En Suiza, los remedios civiles son más débiles y los penales más fuertes. Un embargo preventivo civil suizo (Arrest) conforme a los arts. 271 y ss. de la Ley federal sobre la ejecución y la quiebra (SchKG/LP) exige bienes situados en Suiza. La localización de un token es tan incierta en el derecho suizo como lo era en el de Singapur antes de Cheong Jun Yoong. Los tribunales suizos no tienen una competencia Mareva en el sentido inglés ni una práctica consolidada de órdenes de revelación de información frente a plataformas de intercambio en apoyo de pretensiones civiles. En cambio, las fiscalías suizas incautan habitualmente criptoactivos conforme al art. 263 del Código Procesal Penal suizo (StPO/CPP) a los pocos días de una denuncia. Las plataformas suizas cumplen. El patrón práctico en un fraude transfronterizo con elementos suizos y singapurenses es una denuncia penal en Suiza y un procedimiento civil en Singapur. Ambos se coordinan de modo que la incautación suiza proteja los activos custodiados en Suiza mientras las órdenes de Singapur alcanzan a las plataformas y a los demandados. La Parte H, capítulos III, V y VI, expone la vertiente suiza.

Perspectiva transfronteriza

Usted puede utilizar Singapur como centro civil de una recuperación en varias jurisdicciones aunque ni la víctima ni el estafador tengan relación con Singapur, siempre que los activos robados hayan pasado por una plataforma de intercambio con presencia en Singapur. El tribunal de Singapur concederá medidas reales y de bloqueo contra personas desconocidas, ordenará a la plataforma revelar la identidad del titular de la cuenta y autorizará la notificación por cualquier medio electrónico que llegue al demandado. Lo que Singapur no puede hacer es alcanzar activos que tenga una plataforma sin presencia en Singapur ni obligar a comparecer a un estafador extranjero. Para esos pasos hay que exportar la sentencia de Singapur. Las normas de ejecución del capítulo VIII determinan cómo.

Solo a efectos de información general. Este artículo no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal, no sustituye el asesoramiento en un caso concreto y no crea una relación abogado-cliente. Refleja la situación jurídica a fecha de octubre 2026.

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